La Dirección General de Ingresos (DGI) cerró el año 2023 con 61,095 contribuyentes que utilizan el sistema de facturación electrónica.
La información fue revelada por Lian Vásquez, jefa de Factura Electrónica de la DGI, como parte del balance del programa al 31 de diciembre de 2023.
Esto representa el 27% del total de los contribuyentes en todo el país, lo que implica que aún faltarían cerca de 164,923 contribuyentes fuera del radar de la facturación electrónica, al menos hasta el cierre del año pasado.
Aunque aún no se ha registrado el 73% de los contribuyentes, la DGI reconoce como un logro importante el hecho de que en el año 2023 hubo un aumento del 164% en comparación con 2022 en lo que respecta al uso de la facturación electrónica. Así lo expresó el director general de Ingresos, Publio De Gracia, durante un conversatorio con contribuyentes en la provincia de Herrera.
De Gracia compartió esta semana con miembros de la Cámara de Comercio, profesionales, representantes de la Asociación China de Azuero y contribuyentes en general sobre la evolución y ventajas de la facturación electrónica en Panamá, en una especie de cruzada que ha emprendido, ante la negativa de algunos grupos que se resisten al método de presentar el pago de sus impuestos.
Los abogados se oponen a seguir en la lista de las actividades obligadas a usar factura electrónica y han presentado demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
El pasado mes de diciembre, la Federación de Profesionales de Panamá también solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional la Ley 256 de 2021, que formalizó como método el uso de la factura electrónica y estableció la obligatoriedad a través de un decreto con varios calendarios de adopción.
El gremio observa en la norma que se viola la confidencialidad entre el cliente y el profesional que le brinda el servicio al exigirse documentos que “reporten el asunto que tratan con el cliente, lo que atenta claramente contra el secreto y el ejercicio de las profesiones”.
La DGI, sin embargo, ha indicado en varias ocasiones que desde 1976 todas las profesiones liberales tienen la obligación de documentar y emitir factura, y que la entidad avanza en una dinámica que facilita el cumplimiento a través de una factura digital gratuita, que permitirá la trazabilidad de la facturación.
Mientras tanto, el contribuyente utilizará la tecnología para su declaración de renta, sin papel y de forma digital.
En base a estos conceptos, la entidad había decidido que a partir de enero de 2024, las profesiones liberales, como arquitectos, abogados, médicos o contadores, debían usar la facturación electrónica.
Para ello, la entidad había planificado emitir un decreto para normar la nueva obligación. Sin embargo, los planes se han congelado momentáneamente.
Este diario conoció que ante la negativa de utilizar la facturación electrónica como único método a partir de enero de 2024, tal como lo indicaban los planes del Gobierno, la medida se ha atrasado y no se aplicaría -al menos- hasta el final del tercer trimestre.
Ahora se entiende por qué el jefe de la DGI está intentando hacer un recorrido nacional para explicarle a los contribuyentes lo que reconoce como las ventajas de este método.
Desde el año 2022, la administración tributaria ha estado evitando los enfrentamientos con los profesionales y su adhesión al nuevo sistema de facturación se ha aplazado en varias ocasiones.
Con la facturación electrónica, la autoridad recaudadora de impuestos podrá validar de una forma mucho más ágil si los gastos que reporta un contribuyente efectivamente son reconocidos como ingresos por otro.
En Panamá, el sistema ofrece dos modalidades: el proveedor autorizado calificado (PAC) y el facturador gratuito de la DGI.
Desde el año pasado, la DGI amplió el alcance del facturador gratuito. Anteriormente, su uso estaba limitado a 200 facturas mensuales, pero se ha elevado a un límite de 500 facturas al mes.
Para las microempresas y personas naturales con ingresos brutos anuales que no superen los $36,000 no hay límites en el número de facturas que pueden emitir utilizando el sistema gratuito proporcionado por la DGI.
Además, las empresas con ingresos entre $36,000 y un millón de dólares también obtienen beneficios. Estas empresas podrán emitir hasta 500 facturas en el sistema gratuito de facturación.
