Los nuevos intereses preferenciales para préstamos hipotecarios estarían vigentes por 8 años en vez de 10 años para las viviendas que cuesten entre $80,000 y $120,000.
Además, a diferencia de la propuesta original del Gobierno, plasmada en el Proyecto de Ley 1039, se mantuvo el 4% el tramo del interés preferencial que aplicó hasta diciembre pasado para viviendas entre $45,000 y $120,000.
Estos son los dos cambios sustanciales que tuvo la propuesta original del gobierno, en la que inicialmente buscaban reducir al 3% el tramo del interés hipotecario subsidiado para viviendas entre $80,000 y $120,000.
La solicitud de mantener el 4% para viviendas de hasta $120,000 la hicieron los gremios de la construcción mientras que el recorte de 10 a 8 años la solicitó el Ministerio de Economía y Finanzas tras hacer las corridas del sacrificio fiscal que representan estas erogaciones al Estado, que el Mivi dijo previamente a este medio que se calculan en unos $200 millones anuales.
Los tramos del interés preferencial quedarían así:
1. Viviendas que cuesten entre 45,000 y 80,000: 4% por 10 años
2. De $80,000 a $120,000: 4% por 8 años
3. de $120,000 a $150,000: 2% por 5 años
4. de $150,000 a $180,000: 1.5% por 5 años solo para apartamentos en Panamá y Panamá Oeste.
Estos cambios se anunciaron en el pleno el miércoles 16 de agosto tras ser aprobados en primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas que preside el diputado Melchor Herrera. Allí estuvieron presenten tanto representantes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (proponente del proyecto), como miembros de Capac, Convivienda, la Asociación Bancaria, entre otros.
Los gremios también solicitaron que el beneficio pueda aplicarse a las viviendas con permiso de ocupación emitidos desde 2017.
Los intereses preferenciales para préstamos hipotecarios fueron instituidos en 1985 y se fueron extendiendo y modificando en el tiempo. La última extensión venció el 31 de diciembre de 2022. La propuesta 1039 presentada por el ministro Rogelio Paredes, encargado del MIVI, va en la línea de extenderlos hasta 2025.
En el pleno, Paredes defendió la iniciativa como dinamizadora de la economía y de la industria de la construcción, al permitirle a la clase trabajadora adquirir una nueva vivienda. “Esta figura ha representado un beneficio no para el empresario sino para el beneficiario, el que ocupa la vivienda”. A la vez, agregó que también ha permitido acceder a él a mucha gente que no calificaba para el préstamo,
Al ser increpado por el diputado independiente Gabriel Silva sobre el monto pagado por el Estado en este concepto y la cantidad de viviendas vendidas bajo este esquema, los empleos producidos y la deuda actual con los bancos, lo que Paredes no pudo cifrar al momento.
El ministro sí sostuvo que por cada millón de dólares invertidos en la construcción se traduce en 100 empleos directos y 50 empleos indirectos.
Sobre el impacto de esta ley en la reducción del déficit habitacional, Paredes dijo que está por el orden de las 185,000 viviendas, pero que no depende solo de la disponibilidad de viviendas, sino que también depende de la regularización de tierras y de asentamientos informales. En esa línea, dijo que el Mivi aporta una parte y que el sector privado absorbe la mayoría de esta demanda.
Silva, durante su intervención en el periodo de incidencia, mostró su preocupación por el aumento de los precios de las viviendas al aumentar la demanda con este subsidios. En cuanto a esto, el encargado del MIVI coincidió en el aumento pero culpó a las convenciones colectivas de los trabajadores, al aumento del precio de los insumos por la guerra que se libra en Ucrania y al alza de los intereses de la Reserva Federal. “Este subsidio ayuda, pero para bajar ese precio”, sostuvo.
Elisa Suárez, de Convivienda, coincidió con los argumentos de Paredes para explicar los precios -cada vez más altos- de las viviendas. Pero también agregó que tiene mucho que ver la burocracia estatal, la permisología y el riesgo bancario, quejándose de que son 87 permisos que deben sacar antes de poder entregar una vivienda a una familia. Esta burocracia y el endurecimiento de los riesgos por parte de los bancos también contribuyó a un sobreinventario, que solo entre los agrupados en Convivienda , quienes abarcan un poco más del 50% de la oferta, se traduce en unas 3,000 viviendas.
“No es cierto que no hayan bajado los precios, han bajado en diferentes formas, promotores ofrecen bonos, descuentos, lo que no podemos hacer es vender a un nivel que no podamos hacerle frente a las responsabilidad crediticias que tiene el promotor, que también les suben los intereses. Los tramites se han automatizado pero el tiempo en que demoramos en que esos trámites se den es hasta mayor que antes de la pandemia. Si esos lapsos no se cumplen, vamos a seguir teniendo precios que no van a ser suficientemente competitivos. Esto también restringe la inversión”, dijo.
Suárez también defendió el subsidio al interés preferencial como una medida “que ha permitido a la clase media trabajadora y profesional tener una vivienda digna” en la medida en que se flexibiliza el ingreso que reportan y que los hace -o no- sujetos de crédito.
El sector de la construcción tuvo una caída sustancial en los últimos años. De una participación de aproximadamente 15% en la economía del país, se ha contraído para aportar tan solo entre el 8 y el 9%. La fuerza laboral en el sector se ha reducido en 40% en los últimos años.
El 10 de agosto se aprobó la ley en primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas. Debe retomarse el debate en el pleno la próxima semana.
