El Gobierno de Laurentino Cortizo terminará con dos estrategias fiscales y financieras con las que básicamente se postergan pagos de deuda y se cobran impuestos por adelantado.
Al cierre del año pasado optó por diferir el pago de $364 millones en intereses de la deuda correspondientes al año 2022, para pagarlo entre 2024 y 2026, cuando ya no estén en el poder y tengan la responsabilidad de administrar el país.
Ahora, a ocho meses de celebrarse las elecciones generales del país y en las postrimerías de su administración, se ha aprobado una ley que le permitirá al Gobierno cobrar por adelanto impuestos correspondiente a los periodos fiscales 2024 y 2025.
La ley 401 del 5 de octubre de 2023, publicada ayer 9 de octubre en la Gaceta Oficial, estableció que se le otorgará un descuento de 25% a todos los contribuyentes que al entrar en vigencia la presente ley y antes del 30 de noviembre de 2023 paguen el 100% del impuesto de inmueble correspondiente al período fiscal de 2024.
Igual descuento se le concederá a los contribuyentes que cancelen el 100% correspondiente a la Tasa Única correspondiente al período fiscal de 2025.
El contribuyente que aspira a gozar del beneficio tributario deberá tener saldado el total del impuesto correspondiente al año en curso. Y si cumple con este requisito, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y hasta el 30 de noviembre se autoriza la condonación del 50% de todas las multas cargadas o no, en el sistema a los contribuyentes que paguen el 50% restante.
De acuerdo con los diputados del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), la medida pretende incentivar a los contribuyentes para que cumplan por adelantado con el pago de sus impuestos de bienes inmuebles, creando la condición de un descuento.
En realidad, la nueva norma tributaria, de carácter transitorio, lo que busca es que los contribuyentes paguen con anticipo impuestos que debían entrar a las arcas del Estado cuando Cortizo ya no esté en la Presidencia.
La iniciativa legislativa fue presentada por el diputado Melchor Herrera, el mismo diputado que lideró la ley que otorgaba incentivos fiscales a los desarrolladores de proyectos hoteleros.
Para el titular de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, se trata de una buena oportunidad para el contribuyente y el Estado panameño, “ya que se trata de una legislación avanzada, que puede garantizar recaudaciones para el beneficio de los panameños”.
Cuando el documento se discutió en la Asamblea, De Gracia indicó que la ley podría generar una oportunidad de recaudación adicional de entre 100 millones y 120 millones de dólares e impulsa el cumplimiento voluntario, principalmente de aquellos contribuyentes que se encuentran al día al momento de entrar en vigencia esta norma.
“Este proyecto de ley crea una figura novedosa por el apoyo que pudieran brindar profesionales, en materia de calidad y tributación apoyando a la Dirección General de Ingresos en la fiscalización de cumplimiento de los tributos”, aseguró De Gracia.
La ley establece un tratamiento especial que permite a la DGI, declarar prescritas, de oficio, las deudas tributarias que cumplan con los requisitos establecidos en la norma. También contempla instaurar un procedimiento abreviado de fiscalización y facilidades de pago para deudas tributarias.
Por ejemplo, se declararán prescritas las deudas en concepto de obligaciones tributarias de administración de la Dirección General de Ingresos, que se encuentren debidamente cargadas en la cuenta corriente del contribuyente al momento de entrada de la vigencia de la presente de ley y que correspondan a los ejercicios fiscales del año 2015 o anteriores respecto a los siguientes tributos impuestos sobre la renta, seguro educativo y aviso de operación.
