En un debate que duró cerca de cuatro horas, en la noche de este 19 de abril, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 789, que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística.
Fueron 44 votos a favor y 5 en contra, con una beligerante bancada independiente que dejó en evidencia que el proyecto se discutía sin contar con un estudio económico que validara el alcance para la industria turística y su efecto en las finanzas públicas, más allá de las ventajas que tendrán los promotores e inversionista que pongan el dinero para financiar un proyecto turístico en el interior del país, a través de la compra de bonos o acciones que emite el desarrollador.
Con la norma se pretende derogar la Ley 122 de 2019, cuestionada por conceder un crédito fiscal por el 100% por las sumas invertidas en bonos, acciones y demás instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas para el desarrollo de proyectos fuera del distrito de Panamá.
El cambio más trascendental del proyecto 789, de acuerdo con sus defensores, es que reduce el crédito fiscal a un 60% del valor del proyecto (excluyendo el valor de la finca y la inversión en infraestructura del plan maestro) y a un 5% de la infraestructura.
Pero el diputado independiente Gabriel Silva fue el primero en exigir un estudio económico y fiscal con el cual pudieran cuantificar los efectos del proyecto de ley. Sin embargo, Hernán Arboleda, director de Políticas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dijo no contar con tal información.
En el pleno legislativo, Arboleda indicó que en el MEF creen en el turismo y reconocen que es un área económica que puede generar crecimiento económico fuera de la ciudad de Panamá, pero “no podemos entregar un estudio fiscal y económico porque el proyecto de ley no es del MEF”.
“¿No hay un informe económico de un proyecto de ley que otorga cientos de millones de dólares en exoneraciones fiscales?”, cuestionó Silva, al tiempo que advirtió sobre la legalidad de las reformas que se pretenden hacer, indicando que el artículo 276 de la Constitución establece que “la Asamblea Nacional no podrá expedir leyes que deroguen o modifiquen las que establezcan ingresos comprendidos en el Presupuesto, sin que al mismo tiempo establezca nuevas rentas sustitutivas o aumente las existentes, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de las mismas”.
“Los créditos fiscales no llenan hoteles, los turistas no llegan por eso y no hay evidencias de que las políticas de incentivos fiscales atraen a más turistas, sino que financian obras. No hay un estudio ni del MEF ni de la Contraloría que indique cuánto esto representará en cuartos hoteleros llenos a futuro, generación de empleo o atracción de inversión”, expresó el diputado.
El incentivo fiscal se otorgaría hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto es un año antes de lo establecido en la Ley 122, pero un año después de lo planteado originalmente en el proyecto de ley 789.
Edison Broce, también diputado independiente, alertó que se trata de un proyecto a la medida para satisfacer a unos cuantos grupos económicos, algo que a su juicio no ha cambiado respecto a la Ley 122 que se pretende derogar y que permitía que el Estado (es decir, los ciudadanos) reembolsaran a los inversionistas la totalidad del dinero que invirtieran.
Silva añadió que el proyecto de ley 789 ahora extiende el beneficio de la exoneración fiscal, al permitir que se aplique no solo a los nuevos establecimientos de hospedaje, sino también a productos turísticos y servicios complementarios, sin saber exactamente esto qué tanto abarca.
Cuando en febrero de este año se conocieron los detalles del proyecto 789, la ATP precisó que todos los proyectos en trámite bajo la Ley 122 tendrían que aplicar a los incentivos bajo los términos de la nueva ley, una vez se apruebe, a excepción de un solo proyecto que culminó el trámite completo ante la Dirección General de Ingresos ($9 millones).
El proyecto 789 establece en un parágrafo transitorio que quienes cuenten con estudio de impacto ambiental y la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores para la emisión de sus instrumentos financieros podrán gozar del beneficio fiscal que establece la Ley 122, es decir, con el 100% de la exoneración fiscal.
La subadministradora de la ATP, Denis Guillen, indicó sobre la necesita una masa critica de mas de 10 mil habitaciones en el interior del país, las cuales podrían lograrse a raíz del proyecto que se discute. De esta manera defendió el proyecto de ley del que solo falta el trámite del tercer debate para que la ley sea aprobada y enviada al Ejecutivo para su sanción.
