La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Laboral de la Asamblea Nacional intenta revivir el debate de un proyecto de ley que promete nuevos y más beneficios pensionales a los trabajadores bananeros y también a quienes en algún momento se hayan desempeñado en esta actividad, sin especificar de dónde saldrían los fondos para financiar dichos cambios.
El proyecto 818, modifica el artículo 6 de la ley 45 de 2017, adiciona un nuevo artículo de la ley 51 de 2005 y reformula el artículo 193 de esta ley, que es la que rige a la Caja de Seguro Social (CSS), entidad que administra el sistema público de pensiones en el país.
Desde el pasado 4 de septiembre de 2023 el proyecto de ley está en la agenda de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social para iniciar el primer debate, paso que estaba pendiente desde abril de 2022, cuando fue admitido en la Asamblea Nacional.
Dicho proyecto de ley es promovido por el diputado oficialista Abel Beker Ábrego, quien habría encontrado terreno fértil para impulsarlo justo ocho meses antes de las elecciones generales del país.
En la Ley 45 de 16 de junio de 2017 ya se establece que los trabajadores bananeros, en el caso de los hombre, pueden jubilarse a los 58 años y las mujeres pueden acogerse al mismo beneficio a los 54 años, cuando la actual edad de jubilación para el resto de los trabajadores del país -con excepción de los policías y bomberos- es de 62 años para los hombres y 57 para las mujeres.
Este beneficio de reducir la edad de jubilación a los trabajadores bananeros se gestó en el gobierno de Juan Carlos Varela, impulsado por el entonces ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, y quien fuera el director de la CSS, Alfredo Martiz.
En los cambios legales que ahora están impulsando desde el Legislativo explican que el artículo 6 de la Ley 45 no reconoce el derecho de aquellos trabajadores que prestaron su servicio y que por alguna razón dejaron de trabajar, entendiendo que algunos se vieron forzados a abandonar la vida laboral por las condiciones de salud y, hasta el momento, no han podido obtener una jubilación.
En la exposición de motivos que acompaña al proyecto, se advierte que el sistema de la CSS no se los permite, por tanto, “es necesario incorporarlos bajo el amparo de una ley especial”.
En base a este planteamiento, se indica que al igual que los actuales trabajadores, los que en el pasado han prestado servicios en las empresas bananeras deben tener derecho a un retiro anticipado por vejez cuando cumplan los siguientes requisitos: lleguen a las edades anticipadas, hayan laborado por lo menos 18 años en las actividades y hayan cotizado al menos 216 cuotas a la CSS.
Para los que se retiren con las edades de referencia y las cuotas de referencia, se aplica 80% del sueldo más 2% sobre cuotas adicionales, sin límite de aumento por cuotas ni monto de pensión.
A la Ley 51 de 2005 se le adicionaría el artículo 170-B, con lo cual tendrían derecho a recibir mensualmente y en adición a su pensión unos $20, si el pensionado tiene cónyuge o si el cónyuge está incapacitado. También tendrá derecho a esta prestación el pensionado que conviva con su pareja.
Además, se le otorgaría $10 por cada hijo menor de 14 años o menor de 18 si es estudiante o de cualquier edad si tiene alguna discapacidad y depende económicamente de su progenitor.
En ningún caso, el total pagado en concepto de asignación familiar podrá exceder la suma de $100.
Los trabajadores de las empresas bananeras y los productores independientes de banano ya tienen condiciones especiales respecto a las condiciones de elegibilidad y beneficio de sus pensiones.
Por ejemplo, se considerará como un trabajador inválido el asegurado que a causa de la pérdida o anormalidad de una estructura psicológica, fisiológica o anatómica haya sufrido la merma de un tercio (33.33%) de su capacidad laboral.
En estos casos se establece un salario base mensual de la pensión de invalidez y se calcula de la misma forma que se hace con la pensión de retiro por vejez.
En el proyecto de ley no se indica cuál sería la fuente de financiamiento, por lo que podría haber dos lecturas: que estén apostando a que todo el dinero salga del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), a cargo de la CSS, o que sea una suerte de fondos mixtos para que el Estado, a través del gobierno central, asuma parte de la responsabilidad financiera.
Tampoco se sabe el costo que implicarían los cambios, de concretarse la reforma, ya que se desconoce a cuántas personas beneficiaría. En la exposición de motivos no identifican el tamaño de la población de extrabajadores bananeros que aplicarían a los beneficios.
Cada vez que se intentan modificaciones a la ley orgánica de la CSS, salta al debate la fragilidad financiera del subsistema exclusivamente de beneficio definido de IVM.
El gasto anual es de aproximadamente un 2% del producto interno bruto del país y alcanzará un pico máximo de 3.9% en la década de 2030, de acuerdo con los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este organismo ha advertido que la reducción progresiva de los cotizantes activos y, por tanto, de los ingresos por contribuciones, además del agotamiento en el 2024 de la reserva total del subsistema y el incremento acelerado esperado en la cantidad de nuevas pensiones, creará una fuerte presión en el financiamiento.
El déficit operativo anual proyectado del programa en términos nominales crecerá y alcanzará un tope máximo anual en 2050 cercano a los $7 mil 500 millones.
Una conclusión fundamental es que las difíciles condiciones de financiamiento crearían una presión fiscal que condiciona la sostenibilidad del sistema panameño de pensiones en su conjunto.
La Asamblea Nacional maneja una agenda que parece ignorar el enorme problema financiero del IVM y solicita más fondos a favor de trabajadores, sin que se sepa cómo se financiaría dicho movimiento.
