Tras la reunión sostenida la semana pasada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la cual el organismo expresó su preocupación por la ejecución del plan de acción de Panamá, para combatir las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, World Compliance Association (WCA), capítulo de Panamá, advirtió que de mantenerse esta situación, es inminente que el país ingresará en la lista negra del organismo.
A través de un comunicado, la agrupación señala que la fuerza política debe dejar sus intereses a un lado y velar por el bien y el beneficio del país, además de considerar que “es injustificable el retraso en la implementación del registro de beneficiarios finales”. Esta ley de beneficiarios finales, que fue aprobada en marzo de 2020, tiene como objetivo que todo abogado o firma de abogados que preste sus servicios como agente residente deberá registrarse y mantener al día este registro ante la Superintendencia de Sujetos Regulados No Financieros.
El GAFI, con sede en París, actualizó el pasado jueves 21 de octubre su lista sancionatoria, en la cual sigue apareciendo Panamá. Luego de salir de la lista gris del GAFI en febrero de 2016, Panamá fue incorporado nuevamente en junio de 2019, debido a la falta de efectividad en la aplicación de las medidas para contrarrestar el lavado de dinero.
Unos días antes de la reunión de este organismo, a principios de octubre el secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Dani Kuzniecky, renunció al cargo. Igualmente, desde el 9 de septiembre renunció Darma Romero, que actuaba como directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Para WCA, la renuncia de personal técnico en puestos claves, puede estar dando una imagen de falta de compromiso a la implementación de los planes de acción acordados.
“Es sumamente preocupante el estancamiento de anteproyectos de leyes claves para la lucha contra la corrupción y organizaciones criminales, como es la extinción de dominio de bienes ilícitos”, indica.
El proyecto de extinción de dominio, que aún se mantiene en debate en la Asamblea, fue presentado por el Ejecutivo en abril pasado, consta de 94 artículos y permitiría el embargo de bienes particulares comprados, usados o destinados a la comisión de delitos.
WCA, formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del cumplimiento, destaca que como país “debemos de dejar de utilizar el término listas discriminatorias, ya que el mismo da un mensaje equivocado. Nadie es discriminado cuando simplemente no está cooperando con compromisos adquiridos”.
Por último, la Asociación llama a la reflexión al sector público y privado para unir fuerzas y trabajar en conjunto, para evitar que organizaciones criminales utilicen las plataforma de servicios para actividades ilícitas.
También propone al sector público y privado, la construcción de puentes de enlace en conjunto, para realizar actividades basadas en las mejores prácticas internacionales que incluyan la difusión e implementación de sistemas de cumplimiento normativo; además de que las autoridades reguladoras, lleven una fiscalización efectiva y coherente, para cumplir con los compromisos adoptados a nivel internacional.
WCA capítulo de Panamá se suma a los 10 capítulos que ya tiene alrededor del mundo: Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Angola, México, España, Ecuador, Costa Rica y Guatemala.
En su página web, explica que WCA Panamá nació con la intención de aportar, tanto al sector público como privado, las mejores prácticas para cambiar la imagen cuestionada con la que cuenta el país ahora mismo.
Sobre esta adhesión del capítulo de WCA Panamá, indica que es una clara oportunidad de demostrarle al mundo que Panamá es más que escándalos de corrupción. “Que así como somos un ejemplo administrando el Canal de Panamá desde 1999, podemos también ser un modelo a seguir en la región en la implementación de programas de cumplimiento”.
