Los promotores de viviendas de interés social denunciaron este lunes, 1 de abril, que el Gobierno Nacional les adeuda $140 millones correspondientes al Fondo Solidario de Vivienda (FSV), lo que pone en “peligro” a 16 mil hogares de interés social.
De momento, hay unas 200 promotoras afiliadas al programa Fondo Solidario de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), lo cual permite que las familias de bajos recursos puedan obtener su primer hogar.
En un comunicado, las promotoras de vivienda informaron que “no podrán hacer frente” a los proyectos en agenda para los años venideros, lo que también se traducirá en la disminución de la mano de obra en el sector y la falta de este aporte al Producto Interno Bruto (PIB).
El programa implica un bono o subsidio de $10 mil que se otorga a través del Miviot a las personas que desean adquirir su primera vivienda, y cuyo precio de venta no exceda los $70 mil.
El subsidio de $10 mil se convierte en un incentivo para las familias con presupuestos limitados y también en un beneficio para las promotoras que participan en la construcción de viviendas por debajo del rango de los $70 mil.
“El Miviot informó el 23 de enero de 2024 que el déficit habitacional ronda las 185 mil viviendas, situación que no se supera con la postergación en el pago del FSV a las promotoras que durante los últimos dos años entregaron las casas a las familias seleccionadas por el Estado, ya que debido a esta deuda no se podrán construir las viviendas proyectadas”, indicaron los empresarios del sector de la construcción.
El malestar
Se consultó a Erika Salazar, ingeniera de la promotora Provivir, quien subrayó que las autoridades no están pagando el bono de $10 mil para que familias de escasos recursos puedan acceder a una vivienda.
En palabras de Salazar, hay proyectos que tienen hasta un 90% de avance y, de continuar con la morosidad, las empresas no podrán continuar con las obras. “Eso también nos afecta a nosotros como colaboradores, ya que el gobierno al no cumplir las compañías podrían liquidar al personal”, indicó.
Según un informe de la Dirección de Promoción para la Inversión Privada del Miviot, encargada de este programa, las promotoras activas se encuentran 1 en Bocas del Toro, 40 en Chiriquí, 30 en Coclé, 1 en Colón, 34 en Herrera, 27 en Los Santos, 24 en Panamá, 40 en Panamá Oeste y 27 en Veraguas.
El impacto
El objetivo del Fondo Solidario de Vivienda es disminuir el déficit habitacional entre las personas que carecen de recursos económicos, a quienes el Estado ofrece un bono de $10 mil como ayuda para obtener una vivienda. Este aporte es de carácter intransferible y se concede a familias previamente escogidas por las autoridades nacionales.
Según las promotoras, el impago de este dinero provoca que peligre el empleo de al menos 5 mil 250 obreros destinados a la construcción de 16 mil viviendas de interés social entre 2024 y 2025.
La situación se torna más compleja si se suma la afectación a 7 mil 500 personas vinculadas a proveedores de cemento, madera, arena, piedra, acero, así como a la banca, bufetes de abogados, notarías y el Registro Público.
De acuerdo con la Resolución ministerial No. 366-2020 de 5 de agosto de 2020, se aprobó el código de zonificación Residencial Bono Solidario (RBS) para los proyectos de interés social que se desarrollen en el país.
Esta norma indica que bajo la denominación RBS se establecen los usos permitidos para las viviendas unifamiliares con un área mínima de lote de 150 metros cuadrados, adosadas con 120 metros cuadrados, en hilera 100 metros cuadrados y edificios de apartamentos con 500 metros cuadrados, todas con una densidad neta de mil personas por hectárea.
Problema que persiste
La Prensa consultó al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial sobre el reclamo de los promotores, pero no emitieron comentarios.
Se trata de una problemática que se ha agravado con los años. Por ejemplo, el año pasado el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, sostuvo una reunión con empresarios de las constructoras de Los Santos, Herrera y Chiriquí con el objetivo de buscar fórmulas que permitieran el pago adeudado a los promotores afiliados al programa Fondo Solidario de Vivienda.
En aquella ocasión, Paredes explicó a los miembros de la junta directiva de promotores del área que el problema con el desembolso de los pagos para este programa es a nivel nacional, debido a los “ingresos limitados” con los que cuenta la entidad.
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