El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) estableció un cronograma de trabajo que incluía auditorías ambientales y la designación de un grupo de expertos encargado de dar seguimiento a la ejecución del plan de cierre de Minera Panamá. Sin embargo, para marzo de 2024, estas acciones aún no han tenido lugar, como se había previsto.
La ausencia de auditorías tiene un impacto directo en la toma de decisiones críticas, como las medidas que pretende tomar el Gobierno en relación con las 132,000 toneladas de concentrado de cobre almacenadas en el proyecto Cobre Panamá.
Luego que el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró, por unanimidad, que Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que aprobaba el contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá, era inconstitucional, el Mici consultó al procurador de la Administración, Rigoberto González, sobre cuál sería la vía jurídica recomendada para resolver las controversias y dudas razonables relacionadas con la tenencia, disposición, propiedad y usufructo del concentrado de cobre almacenado en la mina.
González respondió el 29 de enero pasado que era necesario realizar pericias y diligencias administrativas, económicas, contables, físicas y químicas que se consideraran pertinentes para determinar de manera fehaciente aspectos como la cantidad, antigüedad y valor comercial del concentrado de cobre almacenado en Minera Panamá.
El ministro de Comercio, Jorge Rivera Staff, reconoce que todas estas evaluaciones son “urgentes” para verificar si el concentrado fue extraído dentro o fuera del contrato de concesión, cumpliendo así con lo establecido en el Código de Recursos Minerales y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum, asegura que el concentrado de cobre almacenado es de su propiedad, por lo que espera que con la venta del material almacenado pueda cubrir parte del costo mensual del plan de Preservación y Gestión Segura (PSG).
Sin embargo, se desconoce cuándo se pretende poner en marcha el cronograma de trabajo que implica las auditorías recomendadas.
Joana Abrego, abogada del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), advierte que es fundamental para la ciudadanía entender cuál ha sido la gestión ambiental del proyecto, considerando que no se ha determinado la responsabilidad por presuntas infracciones ambientales detectadas en una serie de informes realizados en el año 2021.
De allí que considere imperativo iniciar cuanto antes con todas las investigaciones que se necesitan.
La Asamblea Nacional cuestionó al ministro de Comercio sobre el inventario de productos químicos y los costos de cierre.
En este sentido, Rivera indicó la semana pasada que la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación es la oficina encargada de supervisar e inventariar los 51 depósitos de materiales y compuestos químicos en la mina.
“La mayoría de estos compuestos químicos deberán ser trasladados vía marítima o terrestre fuera del proyecto; sin embargo, no han sido trasladados debido al cierre parcial de la vía de entrada a la mina en el kilómetro 33 y por el cierre de la terminal de Punta Rincón”, dijo el pasado 6 de marzo.
“Los materiales químicos están almacenados en depósitos y almacenes seguros. A fecha de 26 de enero de 2024, salieron del país vía marítima 595 toneladas de xanthato de sodio y el 17 de enero de 2024 se reexportaron 480,000 toneladas de hidrosulfito de sodio”, detalló el funcionario.
¿Tiene el MICI un inventario de bienes pertenecientes a Minera Panamá?
“No cuenta con un inventario de bienes. Sin embargo, para el plan de Preservación y Gestión Segura se solicitará un inventario actualizado”, dijo Rivera.
¿Quién va a sufragar los costos de cerrar la mina que fue operada por Minera Panamá y las minas a las que no se les va a renovar la concesión de explotación de minería metálica?
Con respecto al “costo del cierre de la mina Cobre Panamá y demás minas, no está definido quién sufragará dichos costos”, respondió a los diputados.
