La planilla estatal cerró con 259,059 funcionarios en el mes de septiembre, registrando una disminución de 1,771 trabajadores en comparación con el mes de agosto de este año. La mayoría de la reducción se registró en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Seguridad Pública, la Autoridad Marítima de Panamá, la Universidad Especializada de las Américas y el Instituto de Mercadeo Agropecuario.
Esta es la segunda ocasión en que, desde que la administración del presidente José Raúl Mulino asumió el poder el primero de julio, se recorta el número de empleados públicos. Durante el primer mes de gestión, se recortaron 3,471 puestos de trabajo, pero en agosto el número de trabajadores aumentó en 1,971.
Mulino inició su gestión con una planilla de 262,330 trabajadores, tras un incremento de 24,082 funcionarios durante el quinquenio presidido por Laurentino Cortizo. El aumento acelerado de la planilla estatal y su peso sobre las finanzas del Estado fue una de las razones que llevó a la agencia de riesgo Fitch Ratings a retirar el grado de inversión a Panamá.
De acuerdo con las cifras del Censo de Población y Vivienda de 2023, el tamaño de la planilla del Estado supera a la población total de provincias como Bocas del Toro, Los Santos, Herrera, y está muy cerca de alcanzar la de Veraguas, que tiene 259,791 habitantes.
En cuanto al salario pagado, la Contraloría General reportó que en septiembre se desembolsaron 433 millones de dólares, de los cuales 405.8 millones se destinaron a cubrir el salario de 236,821 trabajadores permanentes, y 27.2 millones para puestos eventuales.
A pesar de la disminución de 1,771 trabajadores en septiembre, el gasto en salarios se incrementó en 2.2 millones de dólares, producto de incrementos realizados a funcionarios permanentes.
El desembolso relacionado con salarios realizado en septiembre representó el 71.2% de los ingresos corrientes que recibió el Estado en septiembre, que sumaron 608 millones de dólares. Estadísticamente, esto indica que de cada 10 dólares que ingresaron a las arcas públicas, 7 dólares se destinaron al pago de la planilla.
El elevado gasto en salarios, sumado a otros gastos operativos del Estado, se tradujo en un déficit de 7.14% entre enero y septiembre, luego de que los ingresos totales sumaron 8,340 millones de dólares, pero los gastos 14,580 millones de dólares.
El informe de la Contraloría General agrupa información de 93 instituciones: 28 del Gobierno Central, 41 descentralizadas, 16 empresas públicas y ocho intermediarios financieros. El documento no incluye los salarios de la Autoridad del Canal de Panamá, los patronatos ni los municipios, con excepción del pago a los representantes de corregimiento. También se excluyen los pagos por horas extras, vigencias vencidas, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones y funcionarios eventuales de proyectos de inversión.
Para el economista Fernando Aramburú Porras, la planilla en muchas instituciones está abultada, llena de nombramientos políticos, por lo cual opina que el gobierno debería iniciar una política de disminución continua de la planilla a niveles más razonables.
“Tenemos 94 instituciones del Estado cuando hace 25 años eran solo 60; hay mucha duplicación de funciones y exceso de personal y de gastos innecesarios. Además, la situación fiscal es muy seria y el gobierno debe tomar medidas de ajuste de los gastos seriamente; no podemos seguir financiando planilla con deuda”, comentó Aramburú Porras.
En octubre, el Gobierno firmó un préstamo de mil millones de dólares con el banco estadounidense JP Morgan para seguir financiando el presupuesto de 2024, debido a la baja recaudación fiscal.
El reporte de la Contraloría General indica que entre enero y septiembre se destinaron 3,850 millones de dólares para el pago de salarios, cuando en igual periodo del año pasado el monto había alcanzado los 3,719 millones de dólares.
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, ha señalado que la reducción del tamaño y costo de la planilla no será un proceso acelerado, para evitar un incremento en el desempleo y en el porcentaje de trabajadores informales. Dentro del presupuesto modificado para 2025, se contempla una partida de 7,138 millones de dólares en concepto de servicios personales, es decir, pago de planilla.
La cifra supera en aproximadamente 260 millones de dólares el monto asignado para 2024. Chapman explica que solo en pagos vinculados a las leyes especiales, que establecen incrementos salariales automáticos a maestros, policías, médicos y otros funcionarios, para 2025 hay contemplados 300 millones de dólares.
Solo en leyes especiales, indica el ministro del MEF, “a lo largo del quinquenio, la cifra aumentará a 1,500 millones de dólares. Y si se analiza el acumulado de los últimos años, hasta el año 2030, estos pagos alcanzarían más de 10,000 millones de dólares”, situación que genera presión sobre las finanzas del Estado, aún más en un panorama de baja recaudación fiscal.
Recientemente, el presidente Mulino fue cuestionado sobre la posibilidad de que, en el marco de las reformas a la Caja del Seguro Social, se revisen las leyes especiales relacionadas con los miembros de la Policía Nacional, a lo que reaccionó diciendo que en este momento el tema no forma parte de la discusión, pero dijo que hay mucha desinformación al respecto.
René Quevedo, experto en temas laborales y asesor empresarial, comentó que los reportes correspondientes a agosto de 2019 y agosto de 2023 indican que en ese lapso hubo una reducción de unos 20 mil asalariados privados, al tiempo que se agregaron 36 mil funcionarios y 49 mil informales a la economía, consistente con el patrón reinante desde 2013.
Agrega que las dos terceras partes de los trabajadores incorporados a la planilla estatal entre 2019 y 2023 fueron oficinistas (51%), técnicos y profesionales medios (8%) y directores (7%). De este grupo de trabajadores, el 95% tenía salarios entre $600 y $1,000 mensuales (58%) y entre $1,500 y $3,000 por mes (37%).
“En la medida en que se vaya profesionalizando la gestión pública y digitalizando sus procesos, el perfil del funcionario irá cambiando gradualmente, reflejando los cambios en las competencias requeridas y sirviendo de sustento para la reducción del tamaño del Estado”, acotó.
