La revisión de la tarifa eléctrica ha abierto un nuevo capítulo de inconformidades respecto a la forma que se establece el régimen tarifario y el efecto que tendría en la economía panameña el aumento de cargos para los grandes clientes, que terminarían traspasando estos costos a todos los consumidores.
Hasta el pasado 3 de agosto la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) recibió comentarios de empresas del sector y la ciudadanía en un proceso de consulta pública en el que se revisan las tarifas propuestas que regirán en el mercado eléctrico.
Se supone que en el mes de septiembre se deben anunciar las nuevas tarifas, previo a una reunión con las compañías que presentaron comentarios y sugerencias que podrían ser acogidas o descartadas por el regulador del sector.
Las distribuidoras eléctricas proponen variaciones en la tarifa de entre 0.01% y 5%, en el caso de los clientes de Ensa, y de 4% a 28% en lo que respecta a los clientes de Naturgy, aplicable según la cantidad de kilovatios hora que consuma cada cliente.
El Gobierno ha comunicado que estas propuestas no representarán un aumento de tarifas para la mayoría de los consumidores, es decir, para los que reportan un consumo por debajo de los 700 kilovatios hora al mes. Se supone, entonces, que al menos los clientes que consumen hasta 300 kilovatios hora la cubrirían con subsidios, tal como se ha hecho a lo largo de los últimos años.
Aunque de acuerdo con lo que plantean las propuestas sí habrá un incremento significativo para las empresas, que son las que más consumen, ya que el llamado Cargo por Potencia de Generación (CPG) tendría un aumento de entre 10% y 14%.
“Este cambio tendría repercusiones directas en los principales sectores económicos del país. Entre ellos se encuentran el sector comercial y logístico, cuyos costos operativos influyen directamente en los precios de productos básicos; el sector de la construcción, que desempeña un papel clave en el crecimiento económico nacional; el sector industrial, que podría perder incentivos para estrategias de regionalización; y el sector estatal”, advirtió AES, que junto a más de 50 empresas, alertaron sobre los efectos de los cambios.
Entre las empresas que participaron en el periodo de consultas se encuentran compañías avícolas, bancos, hoteles, bienes raíces, puertos, joyerías, universidades y centros comerciales, entre otros.
“Es importante señalar que los grandes clientes del sector comercial estamos en proceso de recuperación económica, luego de la crisis de la pandemia. El aumento significativo en los costos de operación, producto del aumento de los cargos por uso de la red ejercerán una presión adicional sobre la capacidad de mantener la competitividad”, advirtió el representante de Nuevo Hung Sheng, distribuidora de alimentos.
“El aumento propuesto en el uso de cargo de red, en especial en el CPG, afectaría directamente nuestros costos operativos, lo que nos obligará a traspasar parte de estos incrementos a nuestros clientes, generando mayor carga financiera, en momentos en que la recuperación económica es frágil”, según indica la empresa distribuidora.
Manzanillo International Terminal también se hizo eco de la misma queja, criticando al igual que las otras compañías, el valor establecido de $16 el kilovatio al mes en el CPG, que es uno de los componentes que dispararía la tarifa eléctrica.
“Este concepto de aplicación del CPG propuesto en el pliego representa un incremento a nuestro costo actual de uso de red... Este aumento afecta negativamente nuestra oportunidad de ahorro como grandes clientes”, indicó la empresa portuaria como parte de un mensaje casi estandarizado.
En este mismo sentido, solicitaron a la ASEP que dé a conocer los componentes en la fórmula de cálculo que producen este costo propuesto en el CPG para efectos del pliego tarifario, y que también se expliquen las razones de este aumento en una forma clara y sencilla para el sector consumidor.
“En estos momentos ha quedado demostrado que de acuerdo a los precios de la oferta disponible de potencia, es posible conseguir con los generadores costos inferiores al $8.96 kilovatios por mes”, tal como sucedió en licitaciones previamente convocadas para adjudicar potencia, que es la garantía o el seguro que las empresas pagas para poder tener la energía que demandan, explicaron las empresas que resultarían afectadas.
