En enero de 2025, la planilla estatal se redujo en más de 21 mil funcionarios, principalmente eventuales, pero el número de permanentes aumentó. A pesar del recorte, el gasto en salarios fue de $414 millones, 11 millones más que en el mismo mes de 2023, según datos de la Contraloría.
El 2025 comenzó con una disminución de 21,673 funcionarios, dejando la planilla estatal en 244,804 trabajadores, de los cuales 237,741 eran permanentes y 7,063 eventuales. De ese total, 153,029 correspondían al Gobierno Central y 91,775 al sector descentralizado.
En 2024, el Estado cerró con 266,477 funcionarios. La reducción registrada en enero se concentró principalmente en la planilla de trabajadores eventuales, sobre todo en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Asamblea Nacional de Diputados y el Ministerio de Seguridad.
Esta fue la tercera reducción en el número de trabajadores estatales desde julio de 2024, cuando la administración del presidente José Raúl Mulino asumió las riendas del país. Mulino tomó la presidencia con una planilla de 266,330 trabajadores, y desde entonces el número ha disminuido en julio, septiembre y enero pasado.
A pesar de la desvinculación de 21,673 funcionarios en enero, el tamaño de la planilla supera en 5,582 el número de trabajadores que formaban parte del engranaje estatal en enero de 2024, debido principalmente al aumento de personal permanente en la Caja de Seguro Social, el Órgano Judicial, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Electoral, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, la Universidad Tecnológica de Panamá, el Banco Nacional de Panamá y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., según el reporte de la Contraloría General de la República.
Con la salida de trabajadores en enero, el salario pagado disminuyó en 33 millones de dólares contra lo desembolsado en diciembre de 2024. Sin embargo, al compararse con enero de 2024, el costo total se incrementó en 11.4 millones de dólares, nuevamente impulsado por la planilla de funcionarios permanentes.
El sueldo bruto acumulado de la planilla del sector público a enero fue de 414.4 millones de dólares, de los cuales 405.8 millones correspondieron a funcionarios permanentes y 8.6 millones a funcionarios eventuales.
La Contraloría indicó en su informe que los datos de la planilla se recopilaron de 95 entidades: 29 del Gobierno Central, 42 de instituciones descentralizadas, 16 de empresas públicas y ocho de intermediarios financieros.
El reporte no incluye a la Autoridad del Canal de Panamá, patronatos ni municipios, con excepción del pago a los representantes de corregimiento.
Tampoco contempla pagos por horas extras, vigencias expiradas, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones ni a funcionarios eventuales de proyectos de inversión.
El elevado tamaño de la planilla estatal y el gasto en salarios fue una de las razones que llevó a la agencia calificadora Fitch a retirar, en marzo de 2024, el grado de inversión al país, debido a que el incremento en el número de funcionarios se dio en un contexto de baja recaudación fiscal.
Durante el quinquenio de la administración de Laurentino Cortizo, la planilla estatal creció de manera acelerada, con 24,082 nuevos funcionarios, a pesar de la caída en los ingresos provocada por el desplome de los indicadores económicos tras las restricciones impuestas para frenar el avance del coronavirus (covid-19).
En su última conferencia de prensa, Mulino indicó que la reactivación económica no ocurrirá con ferias de empleos estatales, como ocurría antes, sino que debe provenir de la inversión privada. Por ello, su administración está tomando acciones para reducir la burocracia, como la eliminación del requisito del Estudio de Impacto Ambiental para obras menores, con el objetivo de impulsar el sector de la construcción.
El mandatario ha señalado que, durante su gestión, se ha legalizado el estatus de cientos de trabajadores de la salud que no tenían un contrato vigente.
Asimismo, ha indicado que trabaja en un plan para reducir el tamaño del Estado, eliminando algunas entidades que, a su juicio, representan una carga, así como fusionando aquellas con funciones similares o redundantes.
El economista Carlos Araúz estima que, al contratarse más empleados permanentes, se le da al Estado un carácter de bolsa de empleo. Agrega que esta ha sido una práctica generalizada de las últimas cuatro administraciones, por lo que Panamá mantiene una planilla exagerada y abultada, lo que genera un Estado lento, que se resiste a la modernización.
Por su parte, René Quevedo, especialista en materia laboral y asesor empresarial, comentó que el incremento de la planilla estatal es producto del deterioro del clima para la inversión privada, sumado a un drástico aumento del endeudamiento externo a partir de 2012.
“Entre 2012 y 2024 se perdieron 24,174 empleos formales del sector privado, al tiempo que se sumaron 63,044 funcionarios y 264,153 informales a la economía. Cada trabajador asalariado que perdió su empleo en ese lapso fue reemplazado en la economía por tres funcionarios y diez informales, síntoma del proceso de precarización y estatización laboral más severo de la historia”, comentó.
Quevedo advierte que la situación se agravó aún más en los últimos cinco años, ya que, entre agosto de 2019 y octubre de 2024, 44,261 asalariados del sector privado perdieron sus empleos, mientras se incorporaron 19,409 nuevos funcionarios y 28,372 trabajadores informales a la economía.
“Hemos hipotecado la economía para financiar funcionarios e informales, por lo cual urge crear las condiciones para que invertir en Panamá sea buen negocio, ya que una sociedad más próspera y justa solo puede construirse con confianza, inversión y trabajo, no a través del aumento del gasto público con plata prestada”, destacó el consultor.
El año pasado, la planilla estatal representó un gasto de 5,177 millones de dólares, cifra que superó en 162 millones el desembolso realizado en 2023. Este monto se aproxima al costo total de la ampliación del Canal de Panamá y supera la inversión destinada a la construcción de las dos primeras líneas del Metro.
Tecnificación
Para Araúz, uno de los retos que enfrenta el país es la modernización del Estado mediante el uso de nuevas tecnologías, con el objetivo de tecnificar ciertas posiciones. En su opinión, esto permitiría tener una administración pública más eficiente, al reducir la planilla.
“Lo que llama la atención es que actualmente no hay una planificación, no hay un esfuerzo verdaderamente programático que pueda medirse, que tenga indicadores, y que, en los próximos cuatro años, el legado del presidente Mulino entregue un Estado más eficiente. Para que eso suceda, debe involucrarse la Secretaría de Metas y, definitivamente, el nuevo director del Instituto de Planificación, quien viene con amplia experiencia”, acotó.
Araúz señala que no se puede satanizar a todos los funcionarios, ya que —en su opinión— sí hay profesionales en la planilla que son muy dedicados. Sin embargo, advierte que hay un grupo que, con el apoyo necesario y con la generación de más empleos en el sector privado, podría tener un mejor desempeño del que están mostrando actualmente en el sector público.
“Así que queda mucho por hacer en materia de modernización y de decisiones que, aunque sean duras, hay que tomarlas, porque son las correctas”, opinó.
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