Con el pasar de los meses, se hace más pronunciado el déficit entre el monto recaudado en concepto de ingresos corrientes y la cifra que se había presupuestado para este año.
El reporte de la Dirección General de Ingresos (DGI) correspondiente al mes de octubre refleja un déficit de 1,456 millones de dólares (21%), ya que la pasada administración había estimado que, al finalizar el décimo mes del año, habrían ingresado a las arcas del Estado un poco más de 6,883 millones de dólares en ingresos corrientes, que son los recursos que el gobierno obtiene regularmente, principalmente a través de impuestos, tasas, contribuciones y otros ingresos no tributarios para financiar sus gastos y operaciones diarias.
Además de estar por debajo de la cifra proyectada para el periodo enero-octubre de 2024, el monto recaudado también fue inferior en 272 millones de dólares a la cifra reportada en igual periodo del año pasado. Al recibir menos ingresos para cubrir sus gastos operativos de funcionamiento, las pasadas y actuales autoridades han recurrido a emitir deuda para compensar el faltante en los ingresos.
La administración del expresidente Laurentino Cortizo elevó en 25,200 millones de dólares el saldo total de la deuda, lo que representa un incremento del 94.6%, considerando que en junio de 2019 el saldo era de 26,612 millones de dólares.
Por su parte, el gobierno de José Raúl Mulino ha solicitado préstamos por 1,157 millones entre julio y septiembre, dejando el saldo total de la deuda del país en 52,374 millones de dólares al cierre de los primeros 9 meses del año. A diferencia del gobierno de Cortizo, la administración de Mulino se ha enfocado en colocar deuda en el mercado local y en firmar préstamos con bancos privados, como el negociado con JP Morgan, en un intento de reducir el pago de intereses, considerando que en el mercado internacional las tasas continúan altas para el país, luego de que la calificadora Fitch le retirara el grado de inversión.
El reporte de la DGI indica que, de los 5,426 millones de dólares recaudados hasta octubre, 4,316 millones corresponden a ingresos tributarios, cifra que refleja un déficit de 17.7% en comparación con lo presupuestado. De los 13 renglones que se desprenden de los ingresos tributarios, 10 están en déficit, y solo la recaudación de dividendos, del 7% relacionado con las ventas (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios - ITBMS) y lo ingresado por los impuestos selectivos al consumo reflejan un saldo positivo hasta octubre.
En cuanto a los ingresos no tributarios, donde se contabilizan los peajes que cobra el Canal de Panamá, tasas que deben pagar las sociedades anónimas, ingresos por concesiones estatales y otros dividendos, el monto recaudado hasta octubre presenta un déficit de 28% con un total de 1,085 millones de dólares.
El economista Raúl Moreira explica que la pasada administración proyectó mayores ingresos para este año con la finalidad de utilizar más fondos durante los 6 años que le restaban en el poder, al ser el 2024 un año electoral y de cambio de administración.
“Evidentemente se elaboró un presupuesto alto de gastos para usar lo más posible de la mitad que le correspondía al gobierno anterior, lo cual obligaba a tener igualmente un nivel alto de ingresos presupuestados, lo cual fue criticado ya que, como la realidad está demostrando, era muy difícil captar ese nivel de ingresos”, acotó.
El también economista Luis Morán estima que, al preparar el presupuesto de ingresos para este año, el gobierno anterior hizo una sobreestimación y una lectura errónea de la economía, sumado a los gastos estatales inadecuados.
“Creemos que no ha sido parte de la mejor disciplina fiscal sobrestimar el comportamiento de la economía, comprendiendo que hay una disminución de la actividad minera, un cierre prolongado de esta actividad y una actividad económica que va disminuyendo. Panamá el año pasado creció a 6% aproximadamente, y este año se espera un crecimiento del 2.5% a 3%. Es decir, que al crecer la mitad o mucho menos de lo que se venía produciendo los años anteriores, definitivamente se espera que los ingresos sean menores”, señaló.
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, ha señalado que Panamá está entre los países con la relación más baja entre lo que se paga en impuestos y el tamaño de la economía, con 7.9%. Indica, además, que la recaudación ha disminuido en los últimos años, alcanzando los 1,500 millones de dólares anuales en la no transferencia del ITBMS. Por esto, señaló que es importante que los consumidores exijan a los comercios la entrega de la factura electrónica.
Comentó que en 2012 la relación entre lo recaudado en impuestos y el producto interno bruto superaba el 11%, pero en los últimos años se ha registrado una disminución constante hasta llegar al 7% el año pasado. Chapman indicó que, sumado a la baja recaudación, en los últimos años ha aumentado la exigencia de parte de la sociedad de incrementar el gasto estatal para cubrir las necesidades del país, lo cual ha ocurrido mediante el aumento del saldo de la deuda, algo que advierte es insostenible en el tiempo.
¿Camino a seguir?
El gobierno ha puesto su esperanza en la factura electrónica para mejorar los ingresos el próximo año, esto claro, sumado al incremento en el tope del déficit fiscal, luego de que se modificara la Ley de Responsabilidad Fiscal, que para 2024 establecía un déficit máximo de 2%, algo complicado de lograr en medio de la caída de los ingresos corrientes. Para este año se estima que el déficit fiscal superará el 4%.
Además de obtener más ingresos por medio de la factura electrónica para cubrir un mayor porcentaje de sus gastos y reducir la dependencia del financiamiento externo, el gobierno debe conseguir más fondos para incrementar el aporte estatal a las finanzas de la Caja del Seguro Social, tal cual está plasmado en las reformas presentadas para resolver la crisis que afecta a la entidad.
En las reformas, que son discutidas en primer debate en la Asamblea Nacional, se establece un aporte superior a los 966 millones de dólares anuales por parte del Estado para fondear los programas de la CSS, en especial el pago de jubilaciones a los cotizantes y no cotizantes.
Pero además de fomentar el uso de la factura electrónica, Moreira indica que es necesario dotar de más personal y equipo a la DGI para una mejor gestión de la fiscalización y cobro de impuestos, tal como lo ha prometido el ministro Chapman.
Asimismo, considera que es importante un impulso procesal a los procedimientos contra la evasión fiscal, así como cruzar efectivamente la información que aparece en los formularios de declaración jurada para que las personas que reciben dinero fuera de sus empresas también tributen sobre esos ingresos.
Por otro lado, Morán estima que, sumado a una mejor recaudación fiscal a través de la factura electrónica, es importante fomentar la creación de más empleos, así como impulsar sectores como la construcción, logística, industria, agroindustria y el turismo, que tienen la capacidad de generar altos ingresos y puestos de trabajo.
“La disciplina fiscal, la inversión privada, un entorno de confianza y la generación de oportunidades para las microempresas serán elementos clave para mejorar la economía y, por supuesto, recaudar mayores ingresos”, señaló.
Morosidad y moratoria
La Dirección General de Ingresos estima que la morosidad en el pago de impuestos supera los 3,210 millones de dólares, de los cuales 1,500 millones de dólares corresponden a la no transferencia del ITBMS. Con la moratoria fiscal, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, el gobierno espera recibir entre 481 y 577 millones de dólares, que equivalen al 15% y 18% del monto adeudado por los contribuyentes.
La moratoria es efectiva para saldar el pago de intereses y recargos causados por el no pago del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto de Inmuebles, el Impuesto de Aviso de Operación, el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la Tasa Única de personas jurídicas.
La DGI ha señalado que la moratoria “no busca liberar de responsabilidad ni premiar a los contribuyentes por el no pago de sus compromisos tributarios, sino que tiene como objetivo resolver algunas falencias del sistema de manera que brinde a los contribuyentes mejores condiciones para el cumplimiento de sus obligaciones en atención al principio de justicia tributaria”.
Moreira señala que, aunque las moratorias no son una muestra correcta de cómo debe funcionar un sistema de recaudación tributaria, la experiencia ha demostrado que efectivamente una cantidad importante de contribuyentes la aprovechan para pagar cuentas pendientes sin recargo e intereses, lo cual se refleja en la recuperación de una parte significativa de los saldos adeudados por contribuyentes morosos.
La moratoria aplica para todas las personas naturales y jurídicas, además de los bienes inmuebles que se encuentran morosos por impuestos, tasas o contribuciones especiales en fase de cobranza administrativa o coactiva a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
