La administración de la Caja de Seguro Social (CSS) finalmente terminó los estados financieros del año 2022, revelando de esta forma el déficit incontrolable en el subsistema exclusivamente de beneficio definido al cierre de ese año fiscal. Son $654.5 millones que no se pudieron cubrir con todos los ingresos del programa y contabilizando los aportes que hace el gobierno central.
La Prensa tuvo acceso al documento financiero en el que expresamente se indica que para el ejercicio fiscal que terminó el 1 de diciembre de 2022, el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en su componente exclusivamente de beneficio definido, mostraba una pronunciada diferencia negativa entre los ingresos y los gastos.
De acuerdo con los estados financieros más recientes, en el año 2022 los ingresos por cuota obrero- patronal, que representan la mayor inyección del programa, sumaron $1,250 millones.
Por su lado, los gastos y costos llegaron a $2,166 millones, destinados mayormente a los pagos que se le deben hacer a los jubilados que forman parte del programa.
El problema es de proporciones extraordinarias cuando, técnicamente, por cada dólar que entra en concepto de cuotas obrero-patronal, prácticamente salen dos dólares para el pago de las pensiones.
Entonces, la diferencia se obtiene de los ahorros del programa, un fideicomiso a su favor y los aportes del Estado. Pero en todos estos renglones tienen limitaciones y fechas de extinción en la medida que van aumentando los gastos.
El déficit creciente
Para entender de dónde salen las cifras del déficit, también hay que considerar que en este programa de las pensiones se computaron otros ingresos financieros por $79.8 millones, en concepto de interés que se genera por los bonos y préstamos que se hacen con los fondos del IVM.
Esto ayuda a reducir la brecha entre gastos e ingresos, pero dichos aportes resultan ínfimos comparado con los compromisos.
Computando estos ingresos, la diferencia entre los costos y gastos era de $836.4 millones, antes de los aportes que debe hacer el Estado para procurar la sostenibilidad del programa.
Y una vez se computaron los aportes del Estado, por $146 millones e ingresos financieros de períodos fiscales anteriores por $35.2 millones, el déficit aterrizó a la cifra de $654.5 millones.
Es decir, que los ingresos totales por $1,511 millones se enfrentaron a gastos por $2,166 millones.
Para cubrir el faltante, la CSS recurre a los ahorros o reservas del programa, que de acuerdo a los cálculos actuariales de la entidad ya se deben haber extinguido.
Los estados financieros muestran fondos legales por apenas $347 millones, ya que hay otros $1,776 millones que aunque aparecen en las cuentas, son saldos de créditos por distribuir a otros programas que administra la CSS.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó del agotamiento de las reservas totales del subsistema en 2024 y el incremento acelerado en la cantidad de nuevas pensiones creará una fuerte presión en el financiamiento del creciente gasto en el programa.
En el subsistema exclusivamente de beneficio definido, los aportes que hacen los trabajadores que cotizan en este programa van a un fondo común que se utiliza para pagarle a los actuales pensionados.
El subsistema exclusivamente de beneficio definido es cerrado, ya que no admite nuevos asegurados. Solo permite aumentos cuando los asegurados inactivos se reincorporan a un trabajo y cotizan. Cada año, más asegurados cumplen requisitos para recibir beneficios como pensionados, lo que reduce la cantidad de asegurados activos. En contraste, la cantidad de pensionados aumenta cada año, generando mayores compromisos financieros en pago actuales y futuros.
La OIT y los actuarios de la misma CSS y los independientes han indicado que esta estructura no es sostenible, en la medida que los pensionados viven por muchos más años.
Esto significa que por mucho más tiempo los pensionados reciben pagos por encima de las contribuciones que hicieron, mientras que los que hoy financian esos pagos no tienen ninguna garantía que alguien les financie sus pensiones en el futuro.
El sistema tiene un último respaldo financiero al que puede acudir que es el fideicomiso a favor del IVM. Pero estos fondos también son limitados.
Hasta el año 2021 ese fidecomiso mantenía en patrimonio un monto de $1,319 millones, lo que representaba una disminución de 11.9% con respecto al año anterior, precisamente porque ese dinero se usa para tapar los déficits.
Hasta esa fecha, el fideicomiso recibió del Estado 15 aportes correspondientes al período 2007 – 2021, que totalizaron $1,715 millones; y transfirió a la CSS $640.3 millones.
Una vez se tienen los estados financieros del año 2022, le tocará a la CSS presentar la documentación que se necesita para pedir los fondos que provienen de ese fideicomiso. Usualmente se otorgan con bastante desfase, entiendo la dinámica de la entidad, que suele tener sus estados financieros con bastante atraso.
El ejemplo es palpable. No es hasta enero de 2024 que se conocen los resultados financieros del ejercicio fiscal de 2022.
Enorme compromiso, sin fondos a la vista
Ahora, precisamente, en los estados financieros del 2022 se incluyó una valoración actuarial en la que se proyecta el enorme compromiso a futuro que debe asumir la CSS con los pensionados hasta ese año del subsistema exclusivamente de beneficio definido.
Como era de esperarse, mientras pasan los años las cifras van en aumento porque crece la cantidad de jubilados.
Calculando la deuda futura con los jubilados hasta el 31 de diciembre de 2022, el compromiso ascendía a $23,281 millones; y no hay fondos en el IVM.
Para el 2021 se había calculado en $22,751 millones el capital constitutivo para hacerle frente a las pensiones vigentes hasta ese año.
No se sabe cuál es el estado de reservas al cierre del año 2023. Este es el dato que realmente revelaría qué ha pasado con el programa y cuáles son las movidas financieras que ha ejecutado la CSS para seguir alargando la agonía del programa.
