A escasos meses de terminar su gestión, Enrique Lau, director de la Caja de Seguro Social (CSS), amarró la aprobación de adendas por $48 millones en construcciones de hospitales y policlínicas a cargo de la institución.
De un solo golpe, la administración de Lau, acudió con decenas de documentos a una reciente reunión en la junta directiva de la CSS, buscando el visto bueno que le permite elevar los montos de varios contratos.
La razón para el aumento en los costos radica en la omisión inicial de mobiliarios, equipos médicos y otros aspectos de construcción en el presupuesto original de los proyectos, según justifican desde la CSS.
Además, se presentó una fórmula de financiamiento de los proyectos, que se harían a través de fideicomisos con el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, de acuerdo con las explicaciones que dieron los administrativos a la directiva de la entidad.
Se desconocen los detalles de la fórmula financiera.
Cuando se considera el método de financiamiento y el incremento de los costos de las obras, el alza en el precio de los contratos llega a los $48 millones.
Si se obvia el costo del financiamiento, las adendas sumarían cerca de $30 millones.
Este diario pudo validar los cambios de precios y costos de financiamientos en seis obras que están en construcción, pero se sabe que se planificaron y aprobaron más adendas.
Las adendas fueron aprobadas por Fernando Méndez, un constructor y representante del sector privado en la junta directiva.
También aprobaron los cambios Guillermo Puga, Gregorio Guerrel y Miguel Ángel Edwards, representantes de los trabajadores; Roberto Valencia, de los gremios magisteriales; Manuel Pérez, por parte de los jubilados; y Álvaro Lozano, en representación de los profesionales de la salud.
Justo Medina, por el Ministerio de Salud; también le dio el aval a la administración de Lau y su rosario de adendas.
El único que votó en contra fue Camilo Valdés, el segundo representante del sector empleador sentado en la directiva, quien se ha opuesto a varias solicitudes de este tipo en el pasado.
Entre los proyectos a los que se le aprobó el alza de costos se encuentran: la policlínica Manuel Jesús Rojas, en Aguadulce (Coclé); el Instituto de Salud Ocupacional de los Trabajadores, en Panamá; la policlínica Dr. Manuel Paulino Ocaña, en Penonomé (Coclé) y la policlínica de San Antonio, en Panamá, la policlínica Especializada de Chiriquí, y los estacionamientos de la especializada J.J. Vallarino, también en Panamá.
Danza de millones
En el caso de la policlínica Manuel Jesús Rojas, la adenda es por $4.3 millones por el combo completo: costos de construcción, costo de mobiliario y equipos médicos. A esto se le agregan otros $2.2 millones de financiamiento.
Así, la obra a cargo de Constructora Rigaservices pasó de un contrato original de $17.9 millones a $24.5 millones.
El Instituto de Salud Ocupacional de los Trabajadores, un ambicioso proyecto de $66.3 millones, pasó a $84.6 millones, entre nuevas adendas y costos adicionales de financiación. La Constructora Rigaservices es nuevamente la que está a cargo de la obra. Un alza de $18.3 millones.
Una vez más el mismo constructor se encuentra en el epicentro de otra adenda. Constructora Rigaservices es el contratista a cargo de la nueva policlínica Dr. Manuel Paulino Ocaña, con un contrato por $23.2 millones, que se elevó a $30.2 millones.
En el alza de $7 millones de esta obra hay $5.4 millones por costos de construcción y equipos médicos. Los restantes $1.6 millones corresponden a la nueva fórmula de financiamiento.
El denominador común sale nuevamente a flote, cuando el mismo contratista se cuela entre los proyectos con adendas. Rigaservices está a cargo de la policlínica de San Antonio, cuyo contrato era de $21.9 millones y se elevó a $29.1, considerando adendas y financiamiento.
Rigaservices también se benefició con la adenda aprobada en la policlínica Especializada de Chiriquí.
El contrato original pasó de $21 millones a $29.2 millones, con una adenda de $5.2 millones y $2.9 millones de costos adicionales de financiamiento.
La única adenda a favor de otra empresa fue la del edificio de estacionamientos de la especializada J.J. Vallarino, en Panamá. Este contrato lo maneja Constructora Nova y tuvo una adenda de $1 millón.
La justificación de la CSS
Se pudo conocer que, como pocas veces, Lau acudió a la reunión de la directiva para presionar sobre las aprobaciones de las adendas.
Ante las críticas de algunos directivos, el director de la CSS indicó que desde un principio se sabía que esos contratos no incluían algunos renglones indispensables como equipos y mobiliarios, por lo que eran predecibles los costos adicionales que se han generado.
Algunos de los directivos indicaron que votaron a favor de las adendas debido al avance de los proyectos.
Guerrel y Valdés criticaron la medida, calificándola como falta de planificación. El primero, sin embargo, terminó aprobando los cambios y el segundo se mantuvo en su posición y rechazó el alza de los costos.
