Representantes del sector empresarial han llamado la atención sobre el incremento del gasto en planilla y en subsidios en los últimos años y reclaman un manejo prudente de las finanzas públicas y un enfoque del gasto hacia actividades que tengan un mayor retorno para los individuos y la sociedad.
Ayer, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciap), Marcela Galindo, dijo que por ejemplo los recursos que se ahorren en una eventual revisión de los subsidios se podrían destinar a fortalecer la educación.
La empresaria se refirió a los elevados niveles de ausentismo escolar y al atraso en el aprendizaje de los niños en lectura y escritura. “Entonces, es importantísimo poder hacer esa inversión correcta y adecuada en el fortalecimiento del sistema educativo para ayudar a los niños que están teniendo dificultades en este momento”, planteó.
La Cciap instó al Gobierno a presentar un plan de transición y desfase de los subsidios aprobados en pandemia. A finales de mes vencen programas como el Vale Digital, una ayuda de $120 a personas afectadas por la crisis económica. El pasado 10 de junio, el presidente Laurentino Cortizo anunció que había autorizado la entrega de vales a cerca de 360,000 panameños para la semana del 13 al 17 de junio. En las últimas semanas, varios funcionarios han hablado públicamente de la posibilidad de extender el programa, aunque oficialmente aún no se ha hecho ningún anuncio.
Ayer, durante un encuentro semanal con medios de comunicación, la presidenta de la Cciap reconoció que los subsidios del programa Panamá Solidario fueron necesarios como paliativo por los efectos de la pandemia, pero a la vez hizo un llamado al Gobierno para “indicarnos cuál sería el plan de transición de alguno de estos subsidios”. La empresaria dijo que sería difícil retirarlos de una sola vez, y que por eso solicitan que se establezca una programación de cómo se estaría haciendo el desfase de los mismos.
Tras sufrir un fuerte impacto en 2020, con una contracción del 17.9%, la economía se recuperó parcialmente en 2021 con un rebote del 15.3%. No obstante, la recuperación del empleo ha sido más lenta. Galindo abogó por una estrategia integral en la que se fortalezca la empresa para que genere los puestos de trabajo y se capacite a la población para que pueda ocuparlos satisfactoriamente.
Hizo énfasis en la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas por su importancia en el tejido productivo. Recordó que al inicio de la pandemia el Gobierno contrató un préstamo por $300 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo para fomentar el crédito a este grupo de empresas, y que aún quedan fondos por desembolsar.
Mientras, los empresarios han apuntado a ciertas dificultades para acceder a esos recursos. Por eso, abogó por la creación de un programa de garantías o avales que cuente con la participación del Gobierno y los bancos multilaterales para dinamizar el crédito.
Más presión al gasto
Además de la pandemia, en los últimos meses han surgido presiones adicionales al gasto público producto del aumento de precios, principalmente en los combustibles, situación agravada desde que inició la invasión rusa a Ucrania.
Ante este escenario, el Gobierno ha aprobado nuevos programas de subsidios para el transporte público de pasajeros y el comercial, cuya implementación comenzó este mes de junio.
Galindo comentó que se debe analizar el efecto de estas medidas para proceder con alivios para otros sectores. Recalcó que los fondos para esos alivios deben salir de un proceso de análisis del presupuesto general del Estado y tras identificar ahorros que se puedan hacer. Recordó que “el presupuesto del Estado no es infinito” y que medidas como subsidios o congelamiento de impuestos se terminan trasladando directa o indirectamente a los contribuyentes.
El sector privado ha defendido la temporalidad de los subsidios. Galindo dijo que cuando se otorga una ayuda, esta debe tener un principio y un fin, pero esto es algo que no ha sucedido en el pasado. Así, las necesidades que han ido surgiendo fueron generando nuevos subsidios y elevando la cuenta a pagar, reduciendo el margen de maniobra cuando se dan nuevas crisis.
Según la Cuenta General del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2021 el gasto total en subsidios fue de $2,945 millones, cifra que incluye el apoyo a los hogares, a las empresas y las transferencias a la Caja de Seguro Social. En 2019, antes de la pandemia, la cifra fue de $1,689 millones, siendo el aumento a las ayudas a los hogares el principal factor diferenciador entre los dos ejercicios.
Aunque el gasto creció sustancialmente por la pandemia, ya se venía registrando una tendencia ascendente en la pasada década. En 2010, según la misma documentación del MEF, el gasto fue de $911.3 millones.
En un presupuesto limitado, cuando más se gaste en planilla y subsidios, menos espacio queda para inversiones que dinamicen la economía.
El Centro Nacional de Competitividad se refirió recientemente a la necesidad de focalizar los subsidios. Su presidente, Irvin Halman, comentó que el diseño de políticas públicas alrededor de subsidios se debe planificar de la manera correcta para tener las conductas adecuadas sobre su uso. Puso como ejemplo el uso inadecuado que se hace del tanque de gas y planteó que se deberían utilizar herramientas tecnológicas para para poder identificar a las personas que realmente requieren este tipo de subsidios.
De igual forma, comentó que podría haber tarifas diferenciadas por horarios en el transporte público, algo que serviría para estimular o desincentivar el movimiento en determinados horarios y tener un mayor control del gasto.
