Por segunda ocasión en 15 días, el presidente Laurentino Cortizo ha recibido la solicitud de no sancionar el proyecto de ley 789 de 2022, con el que se intentó remendar la Ley 122 de 2019 de incentivos fiscales al turismo, pero con el cual se crearon más distorsiones.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) pidió específicamente al Presidente el veto del proyecto de ley 789 y la derogación de la Ley 122 de 2019, así como la conformación inmediata de una Comisión Técnica que el 1 de julio próximo presente a la Asamblea Nacional un proyecto de ley consensuado con los diferentes actores impactados y donde primen los intereses del país”.
El gremio precisó, a través de un comunicado, que en tres ocasiones hicieron llegar, tanto a la Autoridad del Turismo de Panamá (ATP) como a la Asamblea Nacional, críticas concernientes al alcance, a la fiscalización y el impacto de la norma y su reforma. Sin embargo, sus argumentos fueron escasamente considerados.
La polémica legislación de incentivos fiscales a las inversiones turísticas ha generado desconfianza generalizada por su falta de proporcionalidad, fiscalización y transparencia.
Cuando se pensaba que se lograrían reformas a la Ley 122 de 2019, con las cuales se pondrían límites a lo que se ha considerado un abusivo sistema de créditos fiscales, el proyecto de ley 789 de 2022 no hizo otra cosa que enturbiar más las aguas.
La Ley 122 de 2019 fue aprobada en medio de festividades, un 31 de diciembre de 2019, sin consulta a los sectores impactados; mientras que el proyecto de ley 789 de 2022 no tuvo un debate a fondo e integral, “lo que ha traído como resultado la desconfianza generalizada en el propio sector turístico y en la ciudadanía y, lo que más grave, la certeza de que los sacrificios fiscales concedidos no superan los supuestos beneficios en los que se fundan”, advirtió la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
El gremio visualiza como probable que el país termine financiando proyectos turísticos que no tendrían el impacto que se promete.
La Ley 122 permite que las sociedades o personas naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas con proyectos fuera del distrito de Panamá, reciban un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100% por las sumas invertidas.
Con el proyecto de ley 789, aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional y empujado por el gobernante Partido Revolucionario Democrático, se quiso hacer creer que se reduciría el beneficio del crédito fiscal de un 100% a un 60%.
Pero habrá inversionistas que podrán gozar de lo que establece la Ley 122 de 2019, es decir, del 100% de la exoneración, en caso de que sus emisiones estén registradas hasta el 30 de julio de 2022.
Hasta el momento, se han registrado o están en trámite emisiones por $620 millones que quedarían bajo este paraguas.
Con esta disposición se estaría creando una estratificación con claros privilegiados, al otorgar el beneficio fiscal planteado en la Ley 122 a un pequeño pero poderoso grupo de desarrolladores turísticos, entre los que se encuentran las familias Eleta, Bern y Alemán, desarrolladores hoteleros e inmobiliarios con valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) por $ 232 millones, $155 millones y $71 millones, respectivamente.
Después de evaluar tanto la Ley 122 como el proyecto 789, la Cámara de Comercio advierte de varios riesgos y vacíos.
El gremio indicó que debe existir una proporcionalidad respecto al porcentaje de exoneración fiscal que recibe un inversionista para que esté ligada a la dimensión y la escala del proyecto, en atención al destino prioritario del Plan Maestro de Turismo Sostenible y la capacidad de absorción e impacto que pueda tener el proyecto y el destino.
En el marco de la fiscalización, consideran prioritario que se establezcan mecanismos previos y posteriores que protejan al Estado, como estudios de factibilidad y viabilidad, impacto sobre las finanzas públicas, impacto social, económico, y certificaciones o auditorías.
De acuerdo con el gremio empresarial, la Ley 122 y el proyecto 789 han provocado desconfianza tanto hacia el Gobierno, la Asamblea Nacional, así como hacia el sector privado, especialmente en la figura del incentivo, aunque reconocen que se trata de una herramienta útil en pro de la reactivación que utilizan otros países que compiten con Panamá en el desarrollo de la actividad turística.
“...Recomendamos al Presidente de la República el veto del proyecto de ley 789 y la derogación de la Ley 122 de 2019, así como la conformación inmediata de una Comisión Técnica que al 1 de julio presente a la Asamblea Nacional un proyecto de ley consensuado con los diferentes actores impactados y donde primen los intereses del país”, comunicó el grupo empresarial.
La Cámara de Comercio se une a la iniciativa que días antes lideró un grupo de profesionales, empresarios y exfuncionarios que pidió al mandatario Laurentino Cortizo que se abstenga de sancionar el proyecto de ley 789, que modifica el artículo 9 de la Ley 80 del 2012, “que, a su vez, dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística en Panamá y que pretende reemplazar en parte la Ley 122″″.
Los que defienden la norma desde la Asamblea, entre los que se encuentran los diputados Crispiano Adames, Raúl Pineda y Melchor Herrera han guardado silencio frente a las críticas de las últimas semanas. Cortizo tampoco ha hecho mención del tema, mientras, los empresarios que se apoyan en la Ley 122 para levantar sus proyectos continúan registrando nuevas emisiones y avanzando en el trámite para obtener el Registro Nacional de Turismo, como uno de los requerimientos para ser una empresa que permita a sus inversionistas en bonos, acciones o cualquier instrumento financiero la obtención del crédito fiscal.
