El Canal de Panamá solicitó al Estado cerca de 20,169 hectáreas, entre tierras y espejos de agua, para tener el control de las áreas cercanas a la cuenca y al mismo tiempo administrar las tierras adicionales que necesita y para poner en marcha un plan de actividades logísticas, con las que obtendría ingresos adicionales en medio de una crisis mundial del agua.
Las tierras están ubicadas en el área oeste del país, entre Cocolí y río Trinidad, sin que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) haya precisado exactamente la ubicación de las mismas, justificando que se encontrarían todavía en ajustes de agrimensura, trámites de traspaso y compra con el Estado.
Del total de las 20,169 hectáreas, 89 % serán asignadas al Canal sin costo. Mientras que el 11 % restante se obtendrá bajo la figura de compra y venta, detalló la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a La Prensa.
Esto se debe a que este 11% corresponde a tierras con valor comercial para el desarrollo de actividades, las cuales deben ser adquiridas con el precio determinado por la Contraloría, conforme la legislación aplicable, según la entidad canalera.
Las tierras que le comprará la ACP al Estado son cerca de 2,300 hectáreas valoradas entre $500 millones y $550 millones, que ya tramita el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La junta directiva del Canal aprobó la operación, por lo que ya hay un bloque de parcelas en trámite entre las diferentes entidades que suelen estar involucradas, como es el caso de la Contraloría General de la República.
“Estamos enviando las escrituras, revisando los polígonos. El tramite es por parcela”, dijo el administrador Ricaurte Catín Vásquez, en un reciente conversatorio con periodistas donde habló de la crisis del agua y las vías que explora la ACP para hacerle frente a los episodios más recurrentes de sequía y los efectos del cambio climático.
“La primera parcela, que ya debe estar o en Contraloría o en el Registro Público, es por un valor aproximadamente 45 millones de dólares. El segundo bloque, que es el más grande, son unas 20 mil hectáreas”, dijo Vásquez.
Por un lado, el Canal necesita las tierras, y por el otro, dicha transacción representa una fuente extraordinaria de ingresos para el gobierno central, en un año en el que las recaudaciones están por debajo de lo calculado.
A lo interno del Gobierno, la operación resulta altamente conveniente, entendiendo que los más de $500 millones servirían para cuadrar las cuentas a fin de año.
A junio de este año, los ingresos corrientes en efectivo del Gobierno Central totalizaron $3,256 millones, lo que refleja un déficit de $444.9 millones comparados con el presupuesto vigente. Mientras que con relación al ejercicio fiscal de 2022, los ingresos reflejan una caída de $100.3 millones o el 3%.
Pero a diferencia de lo que esperaría el Ejecutivo, el dinero no entraría en un solo pago. Y estaría por verse qué tan rápido se mueve todo el engranaje público para favorecer la consignación de los ingresos.
El plan de compra de tierras lo mencionó Vásquez desde septiembre de 2022, durante la sustentación del presupuesto de 2023 de la ACP en la Asamblea Nacional, cuando habló de un proyecto de consolidación de áreas, protección de las fuentes de agua y conservación del medio ambiente en zonas aledañas al Canal.
Desde aquella fecha han transcurrido 11 meses y todavía se espera materializar los traspasos.
¿Cómo se han seleccionado las tierras que le serán traspasadas?
La ACP asegura que identificó un corredor justo en la ribera oeste de la vía interoceánica, que se caracteriza por estar compuesto por tierras revertidas que pertenecen a la Nación, “no están ocupadas y aún no han sido intervenidas”.
Se trata mayormente de bosques primarios, según Vásquez. “Nosotros necesitamos salvaguardar ese activo, porque es bosque primario. No significa que no pueda haber eventualmente algún tipo de asentamiento, pero tiene que ser de manera realmente ordenada y sostenible. No lo puedes hacer caprichosamente...”, mencionó.
Estas áreas fueron identificadas como “fundamentales” para proteger al Canal del acelerado crecimiento urbano y la deforestación que caracterizan la ribera oeste, ampliar sus capacidades operativas y emprender actividades conexas.
Una vez que la ACP obtenga el título de propiedad, procederá a ejecutar todos los aspectos relacionados con la puesta en marcha del corredor logístico, del que por ahora Vásquez prefiere guardarse los detalles.
Aunque sí reconoció que luego de tener los títulos de las tierras, entonces empezarían con la implementación de infraestructuras como transmisión eléctrica y carreteras, así como la creación de servidumbres para preservar el entorno natural sin generar interferencias.
No es la primera vez que el Canal habla de desarrollar proyectos de logística, aunque ahora bajo otras circunstancias.
Previamente, en la administración de Jorge Luis Quijano, se pensó en desarrollar una serie de proyectos que incluían un parque logístico de mil 200 hectáreas; levantar una terminal de gas natural licuado para proveer capacidades de abastecimiento y redistribución; y licitar el polémico puerto de Corozal Oeste.
Sin embargo, las pugnas legales y demandas empantanaron el proceso de ejecución y no fue hasta 2019 que la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional que el Canal de Panamá se dedique a la actividad portuaria, logística y a otros negocios.
Cuando a finales de 2019 llegó Vásquez a la ACP, el administrador enfrió esos planes y se enfocó en el análisis y debate de desarrollar proyectos que garanticen la disponibilidad de agua dulce.
La situación es que el gran proyecto hídrico aún no se define y los veranos son cada vez más duros y más largos, lo que pone a la operación canalera en un momento crítico.
Entre las opciones había estado un embalse en río Indio, así como usar agua de Bayano, pero la administración de la ACP no da indicios por cuál solución se decanta.
Lo que sí han manifestado es que un solo proyecto no resolverá al 100% la necesidad de agua, y por ello esperan trabajar en un programa hídrico, que una vez sea aprobado por su junta directiva, pasará al Ejecutivo para una decisión nacional.
Como no se sabe cuánto tiempo tomará el desarrollo del proyecto, cuyas opciones en estos momentos evalúa la junta directiva de la ACP, la administración de la vía puede inferir dos cosas importantes: No se puede depender únicamente del paso de los barcos para generar ingresos; y si hay una crisis del agua no resuelta, están obligados a blindar las áreas boscosas que no le pertenecen al Canal para evitar que la deforestación siga ganando terreno.
