Los empresarios del sector de la construcción exigen cambios para acelerar los trámites de la industria, reducir y simplificar los procesos y además que garanticen el pago de las deudas pendientes, tanto por obras a los contratistas del Estado, como a los bancos por concepto de los créditos otorgados bajo el beneficio de la Ley de Interés Preferencial.
El gremio agrupado en la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) elaboró una propuesta con recomendaciones y estratégicas que esperan sean tomados en el próximo quinquenio.
El documento Visión Capac 2024-2019, que será entregado a los candidatos presidenciales, apunta a garantizar la sostenibilidad y crecimiento de la industria de la construcción en la recuperación económica.
Capac indica que en los años 2018 y 2019, este sector aportó el 17.8% y 17.4%, respectivamente, a la producción nacional. Con la pandemia tuvo una disminución que afectó dicha contribución, siendo de 11.1% en el 2020 y que entre 2021 y 2022 se ha recuperado con aportes que alcanzan 12.3% y 13.2% del PIB, aunque aún está por debajo de los niveles prepandemia.
“El 2021 reflejó una recuperación significativa de 28.8%, con un producto interno bruto sectorial que alcanzó $8,153.9 millones, mientras que en el 2022 el crecimiento del sector de la construcción fue de 18.5% con un PIB sectorial de $9,663.7 millones”, resalta Capac sobre la necesidad de mantener al sector competitivo y con un ambiente propicio para su crecimiento.
Simplificar trámites que generan sobrecostos
En el caso de los trámites, Capac propone que se trabaje en la simplificación de los procedimientos y regulaciones relacionados con la industria de la construcción.
“Reducir la burocracia y agilizar los permisos y licencias facilitará el desarrollo de proyectos y fomentará la inversión en el sector”.
Según cálculos de promotores y desarrolladores de la industria de la construcción, los tiempos entre los permisos para aprobar los planos de una obra, luego los permisos para la construcción y finalmente la ocupación puede tardar en su conjunto hasta 11 meses y un año.
Por ejemplo, sólo para aprobar los planos, hay que tramitar documentos y permisos ante 10 instituciones públicas y todo el proceso puede tomar 7 meses en promedio. En el caso de los permisos de construcción se tramitan documentos en hasta 13 instituciones públicas nacionales, municipales y de servicios públicos, que en su conjunto puede tardar un promedio de 45 días y para la ocupación al menos tramitar permisos en 6 entidades que demoran 60 días.
Capac señala que, además se han agregado nuevos requisitos y trámites que retrasan más los procesos y generan sobrecostos.
Advierten que hay trámites y normas que carecen de justificación y que están generando atrasos en los procesos que inciden en los costos de construcción.
Proponen igualmente crear una comisión de alto nivel con representantes de los sectores público y privado para que adelante un proyecto que revise los trámites relativos a la construcción y a la desburocratización de los procedimientos administrativos.
Refiere Capac que además del exceso de trámites y normas, existe un nivel de discrecionalidad en muchos funcionarios al interpretar y aplicar la ley, además de falta de capacitación lo que también afecta a la industria.
Deudas por pagar de créditos preferenciales e interés social
Otro de los problemas que tiene la industria de la construcción es la falta de pago tanto por obras a contratistas del Estado, compromisos que suelen atrasarse, como a los bancos que tampoco el Ejecutivo les reconoce los créditos fiscales que se acumulan por la aplicación de la Ley de Interés Preferencial.
Advierten que esto ha generado un aumento de la morosidad, que a su vez provoca que muchas instituciones bancarias reduzcan el monto de las hipotecas y los créditos que conceden bajo este beneficio.
El presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Raúl Guizado, reiteró ayer jueves 12 de octubre, que la deuda por estos créditos fiscales que no se reconocen, asciende a más de 600 millones de dólares y este monto no está presupuestado por el Gobierno.
“Lo que ha sucedido es que efectivamente hay bancos que limitan los créditos hipotecarios a aquellos que no son de interés preferencial y otros tratan de mantener algunos créditos por razones sociales, porque cuentan con una mayor robustez financiera para financiar estos préstamos”, dijo Guizado al indicar que esperan que el Ejecutivo cumpla con estos pagos para evitar que se sigan saliendo bancos de financiar estos créditos de interés preferencial.
Capac indica que es necesario que el Estado haga realizable las solicitudes de este incentivo para que los bancos puedan hacer uso y transferir estos créditos fiscales para que se dinamice el crédito hipotecario.
Por otra parte, advierte Capac que para la industria es cada vez más difícil construir viviendas por debajo de 45 mil dólares debido al alto costo de los insumos y materiales.
Sostienen además que es necesario que la próxima administración, revise el alcance de ley de interés preferencial y también asigne más recursos para cubrir el programa de Fondo Solidario de Vivienda, que otorga el Estado, por un monto de 10 mil dólares por vivienda, para la adquisición de unidades habitacionales que no superen los $70 mil. “En estos momentos, los recursos designados no alcanzan para atender la alta demanda de este beneficio”.
