CCIAP: ‘Panamá y su gente no aguantan un cierre más’

“La grave crisis económica que estamos viviendo es resultado del cierre obligado de nuestras empresas y el establecimiento de medidas restrictivas de libertad con graves consecuencias que surgen cuando en el Estado no se tiene pesos ni contrapesos ni mucho menos armónica colaboración para gestionar de manera ordenada la cosa pública”.

Así lo planteó, este domingo 31 de enero de 2021, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en el texto de la Cámara Opina de esta semana.

Para la CCIAP, el silencio de la Corte Suprema de Justicia en resolver los amparos de garantías presentados con respecto a los derechos ciudadanos y el estado de emergencia han dado “un golpe certero al estado de derecho y ha dejado en indefensión a todo un país”.

Y es que, para esta organización, resulta “inaceptable” la clasificación de actividades “esenciales” y “no esenciales” porque, en la empresa privada, todo colaborador es esencial.

“Teniendo ya, desde hace meses, un firme entendimiento de la medidas sanitarias necesarias para prevenir la propagación del virus (mascarillas, pantallas faciales, distanciamiento, lavado de manos, etc.) resulta una total desconsideración que desde el confort y privilegio que representa el estar usufructuando de la planilla estatal, se le impida a miembros del sector privado llevar el sustento a sus familias y pagarle el salario a sus colaboradores por más de 10 meses, cuando lo desarrollan de manera responsable e implementando todas las medidas sanitarias necesarias”, señaló la agrupación.

Según la CCIAP, en esta crisis, el sector público “dista mucho de estar en el mismo barco” que el sector privado; siguen en deuda de ser solidarios y realizar sacrificios por el bien común.

Por ello, indicaron que es imperativo y urgente una reducción del gasto público acorde a los ingresos, sobre todo la disminución de la jornada laboral para los funcionarios que no están en la primera línea de defensa contra la Covid-19, que generaría ahorros para otorgar un apoyo a los miles de empleados suspendidos y empresas afectadas por el cierre de actividades.

“Adquirir deuda para pagar funcionamiento sin un plan de control de gastos, equivale a hipotecar el futuro de las próximas generaciones. El Estado también debe ser solidario”, aseguró la organización.

Por último, la CCIAP expresó que “Panamá y su gente no aguantan un cierre más, cada día cerrado aumenta el deterioro de la economía del país y se disminuye la capacidad de poder alimentar a nuestras familias”. “Tenemos el derecho de movilizarnos para poder ir a nuestros trabajos y abrir nuestras empresas con el deber de seguir las medidas de bioseguridad”, añadió el escrito.

Getzalette Reyes

Editor