El sector empresarial del país reiteró una vez más que urge lograr acuerdos y tomar acción lo más pronto posible para salvar el sistema público de pensiones de Panamá, el cual se encuentra en una etapa crítica.
“El informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Caja de Seguro Social se hizo público con varias conclusiones críticas, entre ellas, el hecho de que las altas tasas de desempleo y el aumento de la informalidad han empeorado aún más la situación del sistema de jubilaciones y pensiones de la entidad”, destacó la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap) en su comunicado de este domingo 25 de septiembre.
Indicó que ante esta realidad “la opción de no hacer y dejar pasar el tiempo supondría un profundo acto de irresponsabilidad por parte de la actual administración”.
Según los empresarios, son conscientes que lograr acuerdos en la ruta a seguir “no es fácil” y que probablemente no se resolverá antes de que acabe el periodo de Laurentino Cortizo, en julio de 2024.
“Sin embargo, ello no puede ser excusa para quedarnos de brazos cruzados, porque el tiempo ya no alcanza. Si no empezamos a actuar, los jubilados llegarán al cajero automático y se encontrarán con la sorpresa de no haber recibido su correspondiente mensualidad”, agregó.
“Negarnos a hablar de medidas paramétricas es postergar parte de una conversación que tarde o temprano tendremos que abordar ante la expectativa de vida de las personas a nivel mundial, donde Panamá figura como un país con un importante crecimiento del envejecimiento poblacional”, aseguró la Cciap.
En su informe, la OIT confirma en sus conclusiones el poco tiempo que tiene Panamá para tomar decisiones antes de que el subsistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del Seguro Social se quede sin reservas en 2024.
En un documento de 182 páginas, el organismo precisó que la reducción progresiva de los cotizantes activos y, por tanto, la caída de los ingresos por contribuciones, el agotamiento en el 2024 de la reserva total del subsistema IVM y el incremento acelerado en la cantidad de nuevas pensiones, creará una fuerte presión en el financiamiento del creciente gasto en el programa.
Es así como el déficit operativo anual proyectado en términos nominales crecerá y alcanzará un tope máximo anual en el año 2050, cercano a los $7,500 millones, indica el documento.
