Cierre de mina de Donoso: se desconoce costo y quién lo ejecutará

El Gobierno convocó ayer martes 19 de diciembre una conferencia para anunciar estrategias relacionadas con el cierre de la mina en Donoso, provincia de Colón. Al final hubo más interrogantes que respuestas.

De momento, no se sabe quién se encargará del cierre del proyecto minero y tampoco cuánto le costará al país ese proceso. También dejaron claro que al próximo Gobierno le tocará en gran medida continuar con el rescate de la zona.

La palabra la tomó el ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, quien afirmó que una de las primeras acciones que se tomarán tras el cierre de la mina de Donoso será garantizar la preservación ambiental del lugar.

A su vez, subrayó que hay dos estrategias adicionales que se implementarán: una relacionada con la defensa de Panamá en los arbitrajes internacionales y un plan de sustitución del Producto Interno Bruto que generaba el proyecto minero.

Rivera Staff explicó en conferencia de prensa que se trabajará en un plan de acción basado en evidencias científicas, comunicación oportuna, transparencia, consulta, rendición de cuentas, sostenibilidad e innovación.

Al ser consultados sobre los recursos económicos para enfrentar este proceso, el ministro dijo que en situaciones normales, el plan de cierre se empieza diseñar con años de anticipación y que de los ingresos las empresas crean una reserva para este asunto.

“Este no es el caso porque estamos ante un cierre inmediato, producto de una decisión judicial. En este caso es parte de los análisis que estamos haciendo para determinar esa viabilidad: ¿Quién asume el costo del plan de cierre?”.

Hay que recordar que el pasado 28 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato minero en Donoso y el pasado 6 de diciembre el Ministerio de Comercio ordenó a la empresa Minera Panamá cerrar operaciones.

Acciones

Sobre el cierre ordenado del proyecto de Minera Panamá, el primer plan es activar un plan temporal de preservación ambiental y gestión segura.

También en la estrategia para la defensa de los intereses del país en arbitrajes internacionales, el funcionario subrayó que se trabajará en coordinación con los ministerios de Comercio e Industrias (MICI), Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio Público; y se conformará una “comisión legal consultiva”.

En cuanto a la estrategia para la sustitución sostenible de la minería metálica en el PIB nacional, aportó que se continúa con la ejecución de la Ley 407 sobre moratoria minera; con la recopilación de datos micro y macroeconómicos, con el desarrollo de análisis de costo y beneficio.

Según el Gobierno, el cronograma de trabajo establece tareas que van desde el 23 de diciembre de 2023, con el ordenamiento de la fase temporal de preservación ambiental y gestión segura, hasta junio de 2024, con el inicio de la elaboración del Plan de Cierre Final Ordenado y Post Cierre.

Rivera Staff explicó que habrá un “panel de expertos” integrado por autoridades, organizaciones de la sociedad civil y científicos. De hecho, precisó que ya la Secretaría de Ciencia y Tecnología les remitió una propuesta al respecto, sobre la cual no dio más detalles. “También es importante la conformación de espacios de veeduría ciudadana con las comunidades”, acotó.

Veeduría

Precisamente, la semana pasada el Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el cual conformó una mesa técnica para el cierre de la mina en Donoso, Colón, solicitó al Gobierno ser veedores en este proceso.

Ricardo Wong, presidente del Comité Panameño de la UICN, integrado por varias oenegés del país, subrayó que enviaron misivas al Ministerio de Comercio e Industrias, y al Ministerio de Ambiente haciendo dicha petición.

“Solicitamos que a la luz de lo establecido por el Acuerdo de Escazú esta mesa técnica sea formalmente convocada como veedores de la sociedad civil ambiental en el proceso de cierre de la mina de Donoso, a fin de contribuir a la transparencia y efectividad del proceso”, puntualizó Wong.

Para Susana Serracín, parte de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, las palabras del ministro demuestran la “improvisación” con la que el Gobierno quería manejar el tema minero en el país.

“Esto es reflejo de que la actividad minera no está bien concebida en el país. Preocupa mucho que el costo no se haya definido y que no se defina. La minera estuvo operando por varios años y sería inconcebible que se exima a la empresa de este cierre”, acotó.

Serracín reiteró que Panamá nunca estuvo preparado, para asumir el control y fiscalización de la actividad minera a nivel nacional.

En el año 2019, a solicitud del gobierno panameño, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contrató al Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, por sus siglas en inglés) para evaluar la preparación y la capacidad de Panamá en implementar el Marco de Políticas Mineras del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF).

Uno de sus planteamientos fue categórico: “existen varios cierres de operaciones mineras mal ejecutados, mal gestionados por el Gobierno, controversiales y de conocimiento público, por ejemplo: Petaquilla Gold, en Coclé, con pasivos ambientales y sociales, el proyecto Remance y Santa Rosa, ambos en Veraguas, que son la raíz de la desconfianza en el sector por parte de la ciudadanía”.

Aún no se sabe qué sucederá con Donoso.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Subeditor sección política