El componente de beneficio definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) está aproximándose a su hora cero, o sea el momento en que las reservas, aportes y el fideicomiso establecido por el Estado no puedan cubrir las pensiones y jubilaciones de unos 300 mil panameños y panameñas. Esto pasará a finales del presente año, o a más tardar a principios del 2024.
Luego de tres gobiernos, incluyendo al actual, que evadieron su responsabilidad sobre el tema para evitar el sacrosanto “costo político”, la situación de la seguridad social panameña es grave y va rumbo a una catástrofe de insolvencia. Sin embargo, todavía estamos a tiempo de tomar las medidas heroicas que estabilicen al paciente y eviten el castigo económico que recibiría todo el país si esto no se atiende. Entiéndase, las consecuencias no las pagarían únicamente los pensionados y jubilados, sino también todas sus familias y empresas que dependen de ellos.
El impacto de la falta de liquidez del subprograma de beneficio definido de la CSS causaría la pérdida del grado de inversión del país, así como una alta inestabilidad social. En el mundo muchos gobiernos se han caído por las crisis de la seguridad social y otros han entrado en turbulencia por adoptar medidas de último momento por la irresponsabilidad de una clase política cobarde.
Los conceptos
El primer marco de referencia que debe ser incorporado en este debate es el más obvio: “decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad.”. Es evidente que tanto la Junta Técnica Actuarial (JTA) de la propia CSS, como el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como otros análisis de entidades nacionales e internacionales han concluido en lo mismo.
El componente de beneficio definido del IVM no va a sobrevivir si no se adoptan medidas importantes. La crisis tiene múltiples causas, desde el cambio en la pirámide demográfica, hasta los bajos rendimientos de las inversiones de los fondos de la CSS, pasando por la enorme evasión del pago de cuotas y, por supuesto, la corrupción y la politiquería.
Si todos somos culpables de la crisis, todos somos responsables de actuar para salir del problema. El segundo concepto clave es que “todo tiene que estar sobre la mesa de negociaciones”. El que un gobierno, los sindicatos, o los gremios empresariales, digan que tal o cual aspecto está fuera de la negociación es atentar contra la solución más viable a esta crisis. El resultado de cualquier exclusión de temas es que en el mejor de los casos solo se logran respuestas de corto plazo y no las soluciones estructurales que necesita el país.
El tercer concepto es que el buen funcionamiento de la seguridad social beneficia a todo el país, incluyendo a quienes no forman parte del sistema. Si el ingreso de los 300 mil jubilados y pensionados tiene una fuente estable, el país mantiene la paz social, su clima económico y su grado de inversión. Por eso “el problema amenaza a todos y el precio de la solución lo pagaremos todos”.
El perfil de una solución
Hay dos malas noticias sobre la naturaleza de la solución a la crisis del subprograma de beneficio definido del IVM de la CSS. La primera mala noticia es que no hay soluciones fáciles ni mágicas. La otra mala noticia es que no se puede recuperar el tiempo perdido, ni se puede echar el reloj para atrás.
La peor solución sería unir el subprograma de beneficio definido con el de cuentas individuales. Ni se resuelve el primero ni se mantiene el segundo. Esta solución solo duraría hasta el año 2030 y entonces habría un déficit gigantesco de los dos componentes del IVM que tendría que ser enfrentado por todo el país, sacrificando los servicios públicos y arriesgando el propio funcionamiento del Estado.
El esqueleto de la solución se dibuja a partir del reconocimiento de que la nación entera es solidariamente responsable con la CSS por el pago de las pensiones y jubilaciones. Esto implica que todas las herramientas de las finanzas públicas deben estar disponibles para atender la crisis.
Lo que se decida ahora tendrá consecuencias en el tiempo. El subprograma de beneficio definido terminará cuando el último pensionado que pertenece al mismo cumpla con todo el curso de su vida. Se calcula que esto será para la década del 2060, es decir unos 40 años más de programa de beneficio definido. La solución tiene que ser igual de longeva.
Una forma de concebir la fórmula de la solución es identificar el impacto que cada componente puede tener en la respuesta al problema. Por eso es que no se puede excluir nada. Hay que considerar las cuotas, la edad, la evasión patronal del pago de cuotas, el rendimiento de los fondos, la operación administrativa de la CSS y las posibles fuentes de ingresos complementarias que sean necesarias.
En un análisis de la consultora Indesa de octubre de 2022 se identificaron varios escenarios sumamente interesantes. Uno de los hallazgos fue que una solución que deje por fuera algún parámetro u opción no es viable a largo plazo. En lo que el estudio determinó como la opción política más viable está una fórmula financiera muy creativa.
Por medio de un cambio en la ley que rige a la CSS se autorizaría al subprograma de cuentas individuales a aumentar el monto de las inversiones que puede realizar en bonos del Estado. De esta forma, este subprograma le compraría bonos al Estado y a su vez el Estado capitalizaría con estos fondos al subprograma de beneficio definido. Este primer paso solo atiende el problema por unos años y aumenta la deuda pública del Estado, pero no arriesga el patrimonio acumulado en cuentas individuales.
Esta medida solo compra tiempo para poder consensuar las verdaderas acciones que le darán viabilidad a largo plazo al subprograma de beneficio definido. En estas acciones es necesario incluir un aumento de la edad de jubilación de dos años, una revisión de la cuota obrero patronal, una iniciativa significativa para combatir la evasión, una reingeniería de la CSS, y la asignación de un aporte permanente del Estado para el componente de beneficio definido del IVM, así como la recaudación de ingresos suficientes para pagar los bonos que se le vendieron al subprograma de cuentas individuales.
Si se cumple con el planteamiento de que la salud pública debe ser universal y los servicios de salud bajo la CSS se unifican con los del Ministerio de Salud, existe una posibilidad de hacer más eficiente la inversión pública en salud, lo que liberaría una parte de la cuota obrera, que ya no se le pagaría a la CSS por prestaciones de salud, sino que pasaría a los ingresos de los fondos de pensiones de la entidad, ya sea de beneficio definido o de cuentas individuales. Esto evitaría tener que aumentar la cuota que actualmente se paga a la CSS.
En cuanto a los mayores aportes que el Estado debe realizar al subprograma de beneficio definido la opción más “barata” sería racionalizar el gasto público, reduciendo subsidios, eliminando exoneraciones y créditos fiscales y haciendo una mejor gestión de cobro de los impuestos y tasas que son evadidas en Panamá. Aún así es muy posible que estas acciones necesiten ser complementadas con un aumento de impuestos. La sugerencia sería cobrarle impuestos a los sectores que no lo pagan.
Existen actividades como la venta de combustible marino totalmente exentas del pago de impuestos. Otros sectores de la economía, como las zonas francas o la compra-venta de títulos valores financieros también están excluidos del pago de tributos. Un poco de justicia tributaria puede lograr mucho por la seguridad social y por el bienestar del país.
Este ejercicio es eminentemente conceptual y tiene como propósito provocar la reflexión sobre un problema crítico para el país que requiere de una solución valiente y concertada, que atienda las necesidades del presente y tome en cuenta los intereses de las generaciones futuras.
