Con incertidumbre. Así viven los moradores de las comunidades aledañas al proyecto minero ubicado en Donoso, provincia de Colón, donde opera Cobre Panamá en la actualidad y cuyo contrato se debate esta semana en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.
En el tercer día del debate, Ricardo Gómez, de la comunidad de San Benito, aledaña al proyecto de extracción, expresó ante los diputados su intranquilidad porque no se plasmó “en blanco y negro” en el contrato que sus tierras serían respetadas, tanto las tituladas como las no tituladas.
De acuerdo con Gómez, cuando se encontró con el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, durante la consulta que organizó hace unos meses, le había asegurado que se les respetarían sus terrenos. Como residente del lugar, pide que eso quede por escrito “para dormir tranquilo sabiendo que nuestras tierras no van a ser expropiadas”.
Gómez concluyó diciendo que el proyecto minero los ha “ayudado mucho, pero que de nada servirá si ponen en juego las tierras”.
El miedo de las comunidades tiene fundamento en el punto 19 de la cláusula III del contrato, que estipula que la empresa tendrá:
derecho a adquirir, arrendar o usufructuar tierras del Estado dentro o fuera del área de concesión
Podrá comprarlas por conducto de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) la cual “dará curso inmediato a tales solicitudes y accederá a concederlas directamente a la empresa sin necesidad de someterlas a mecanismos de selección de contratistas” si no han sido otorgadas ya a terceros.
En caso de que la empresa minera quiera comprar tierras de propiedad privada, buscará llegar a un acuerdo con el propietario, pero si no consigue este acuerdo, puede solicitar al Estado la expropiación con base en el Código de Recursos Minerales.
Unas líneas más arriba se detalla que esta actividad será considerada de interés público, prerrequisito para cualquier proceso de expropiación, lo que de acuerdo al abogado ambientalista Harley Mitchell Morán, resulta útil para invocar efectos jurídicos de actividades que brindan servicios públicos como la energía o la provisión de agua, prerrogativas que a su vez permiten al Estado activar procesos expropiatorios.
El abogado calificó como “inédito” este alcance, y “especialmente escandaloso” al tratarse de una empresa minera, cuyo paraguas -el Código de Recursos Minerales- establece con mucha claridad que al proyecto minero pertenecerán las estructuras necesarias, los campamentos e infraestructura logística que complemente la tarea, “pero en ningún caso va mas allá de la asignación del recurso mineral a obtener derechos reales como el de la propiedad en la superficie de la tierra, y en este caso, va más allá porque le permite usufructuarla también, lo que demuestra que esta dádiva los convierte en una simiente de terratenientes”, dijo.
El hecho de que la posibilidad de comprar, arrendar y usufructuar tierras “fuera” de la concesión prácticamente elimina los límites que se supone que debe trazar en primer lugar el contrato de concesión, que establece un límite inicial de casi 13,000 hectáreas, sin contar servidumbre y las futuras tierras que quieran adquirir bajo el nuevo contrato.
“El contrato dice que el proyecto se va a expandir y que es susceptible de adendas, por lo que no estamos seguros de su verdadera extensión”, zanjó Mitchell.
Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, reseñó que ninguna otra concesión que ha dado el Estado panameño tiene tal alcance para hacerse de propiedades, tierras, e incluso, pedir su expropiación.
“Se está poniendo en peligro la propiedad de la gente, y no solo en áreas adyacentes de la mina, sino en cualquier otro lugar porque no tiene limites... se viola todo principio de integralidad del Estado panameño, de la soberanía y el derecho de la propiedad de las personas”, dijo Méndez tras concluir una conferencia una conferencia de prensa en la que reafirmaron su posición en contra del contrato minero.
Crece rechazo al contrato minero: 53% se opone a su aprobación por parte de la Asamblea
La encuesta que publica hoy el diario La Prensa toma la temperatura del sentir de la población ante la discusión del contrato ley 1043 entre Minera Panamá y el Estado panameño. El 53% de los encuestados estuvo en contra de la aprobación del contrato minero que presentó el Ejecutivo a la Asamblea y que actualmente está en primer debate.
La encuesta, realizada por OMG, S.A. y The Marketing Group, entre el 17 y el 27 de agosto pasado en todo el territorio nacional, sondeó cara a cara a 1,262 personas mayores de edad con representatividad en todas las provincias y dos comarcas, y con paridad de 51% hombres y 49% mujeres.
Este rechazo va en sintonía con lo recabado en el Informe del Pacto por el Bicentenario, diálogo que inauguró la administración Cortizo para apaciguar las demandas de la población y el rechazo a las reformas constitucionales que llevó a la Asamblea en los primeros meses de su gobierno.
El consenso entre la mayoría de los que participaron en las consultas del diálogo pidió una moratoria de minería metálica en Panamá.
Ayer, en la Asamblea Nacional, entre trabajadores y proveedores de Minera Panamá defendieron la actividad de la empresa por los beneficios económicos que les representa, entre los empleos generados y las compras a los productores de la región.
Como el presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea, Roberto Ábrego, decidió esta semana no discutir por bloques temáticos el contrato minero, temas como el de la posible de venta y expropiación de tierras no pueden ser tratados a profundidad en un mismo momento por todas las partes.
Comunidades de Donoso protestaron hace unos días en contra de la minería. Video cortesía. Más en https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/QvP8WgdKDP
— La Prensa Panamá (@prensacom) August 30, 2023
