El conglomerado colombiano Grupo Aval, cuya subsidiaria de inversiones Corficolombiana participó como socia de la brasileña Odebrecht en un esquema de sobornos para la adjudicación de una obra de infraestructura valorada en más de $1,000 millones, acordó pagar $80 millones en multas en Estados Unidos, a fin de dar carpetazo a las investigaciones en su contra llevadas a cabo en ese país.
Se trató de un proyecto para construir y operar una autopista de peaje conocida como la ampliación Ocaña-Gamarra, que, según documentos oficiales, fue fruto de una “asociación delictuosa para ofrecer y pagar más de $23 millones de dólares estadounidenses en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano”.
El conglomerado sobornó a funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo de Colombia para obtener la adjudicación, para lo que usó un esquema de empresas intermediarias que firmaban contratos ficticios con empresas asociadas.
La obra fue parte de la megacarretera La Ruta del Sol, que conecta Bogotá con la costa, y que en su conjunto consta de tres tramos que totalizan 993 km, atraviesa 8 departamentos (provincias) y 39 municipios (similar a los distritos) y que en total sobrepasó los $2,500 millones. La Corporación Financiera Colombiana, S.A. (Corficolombiana) se unió a Odebrecht en un joint venture para obtener el primer tramo de la obra, valorado en $1,000 millones y uno de los proyectos más grandes de infraestructura de ese país. Corficolombiana tenía el 33% de participación en la empresa conjunta, mientras la constructora brasileña controlaba el 66%.
La investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) tuvo como disparador el nexo de Corficolombiana, como subsidiaria del Grupo Aval Acciones y Valores, empresa que cotiza en la bolsa de valores estadounidense. Esta condición la obliga a cumplir el Foreign Corruption Practices Act (FCPA) que, entre otras cosas, penaliza el pago de sobornos a funcionarios por recibir cualquier tipo de beneficio en el ejercicio de sus funciones.
Por esta violación, el conglomerado acordó pagar $40 millones a la SEC y otros $40.6 millones al Departamento de Justicia de Estados Unidos para evitar cargos penales.
El Departamento de Justicia acordó descontar hasta la mitad ($20 millones) de la multa que ya pagó la filial Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. (Episol) a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia por el mismo caso y “siempre que esta no apele”.
Con la suma de las tres sanciones (las dos en Estados Unidos y la de la SIC), grupo Aval pagará más de $80 millones para cerrar la investigación por su participación en el esquema de sobornos y no tendrá que afrontar cargos.
La SEC alega que Corficolombiana y su socia pagaron al menos $28 millones en sobornos al gobierno colombiano para obtener una extensión de su contrato con el aval, conocimiento y ayuda del expresidente de la empresa, José Elías Melo, causando a la empresa un beneficio ilegal de al menos $32 millones producto de esos pagos ilícitos. Estos sobornos se habrían pagado entre 2012 y 2015.
Charles Cain, de la SEC, dice en un comunicado divulgado por la entidad el pasado jueves que la laxitud en los controles contables de las empresas es “tierra fértil” para la corrupción, específicamente la falta de soportes en el registro de gastos, la facturación fraudulenta o falsa y el manejo interino sin auditorías y controles externos. “Este caso ilustra la importancia de los emisores [de valores] de tener suficientes controles internos para el pago a terceros”, expresó Cain, según cita la nota de prensa.
Grupo Aval es uno de los conglomerados financieros más grandes de Colombia. Tiene en su portafolio a cuatro bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas. Participa en el negocio de inversión a través de Corficolombiana y en el de la administración privada de pensiones y cesantías a través de Porvenir. Adicionalmente, tiene presencia en Panamá a través de la operación de Multi Financial Group, que en mayo de 2020 compró el 99.6% de las acciones de Multibank. Además, es dueña de Bac Panamá desde el año 2010.
Nexo con Panamá
El caso no tendría mayor repercusión en Panamá, aunque el grupo financiero tenga presencia en la plaza.
Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), evitó opinar a fondo sobre el tema pero descartó que la multa al grupo Aval vaya a tener algún impacto en el centro bancario panameño.
Otro factor es que la investigación de la SEC se originó por la violación del Grupo Aval del FCPA en su condición de emisor en la Bolsa de Valores de Estados Unidos y no está relacionado al uso de su sistema financiero para cometer el delito, ya que el soborno se pagó por una empresa no estadounidense a uno o varios funcionarios no estadounidenses y fuera de su territorio. Esto implica que a pesar de no haber pagado el soborno a un funcionario de ese país, cualquier empresa que cotice en la bolsa estadounidense sería vista bajo la misma lupa.
De los bancos panameños, los que cotizan en la Bolsa estadounidense se cuentan con los dedos de una mano, lo que limita el espectro de la posibilidad de que la SEC pueda multar a algún banco de la plaza. Sin embargo, la advertencia de fortalecer los controles en los pagos a terceros en las instituciones financieras bien podría alertar a los bancos panameños, según analizó el abogado y expresidente de la Comisión de Valores (actual Superintendencia del Mercado de Valores), Carlos Barsallo.
Otra contrariedad de los procesos en Panamá en comparación con el juicio en otros países, incluyendo pero no limitándose al caso Odebrecht, es que “en ningún proceso penal se ha incluido a ningún banco y no lo va a haber”, en palabras de Barsallo, para quien las teorías del caso que arma la Fiscalía Especial Anticorrupción omiten desde el inicio incluir a los bancos e instituciones financieras como imputados. Esto, dice, puede ser por varios factores, entre ellos normativos, de formación, de incredulidad, etc. Pero es más que “curioso”, porque el blanqueo involucra el concierto de varios participantes y uno de ellos es la institución financiera, que bien puede ser una víctima, en cuyo caso debería convertirse en querellante y denunciar, explica el jurista.
Con base en esto, Barsallo critica el papel pasivo de los bancos panameños en los casos de corrupción. “Solo reportan a la Unidad de Análisis Financiero y piensan que con eso cumplen su rol… y si no son víctimas, son cómplices”.
Las sanciones de los bancos son públicas desde 2015, año en el que la Superintendencia de Bancos multó con $3.42 millones a varios bancos. Ese monto ha ido variando con los años: por ejemplo, en 2016, año en que estalló el escándalo denominado Panama Papers, las multas se redujeron a $27,500. En 2017, se elevaron a $2.17 millones y en los últimos dos años se impusieron multas por $1.2 millones anuales. Estas multas son administrativas y se derivan de revisiones y auditorías por incumplimientos y/o faltas administrativas contra del régimen bancario, fiduciario, de prevención de blanqueo de capitales, del financiamiento del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
