Hace un año marcamos el inicio de un nuevo capítulo con el Gobierno Nacional de Panamá, con el objetivo de colaborar e impulsar la digitalización de los pagos, la inclusión financiera, la formación de talento y el desarrollo económico para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Luego de establecer canales de cooperación encaminados a la transformación digital del país y del fomento de la reactivación económica, conmemoramos el primer año de la firma del Memorando de Entendimiento, un acuerdo de cinco años que busca fortalecer los lazos de cooperación entre Mastercard y el Gobierno de Panamá.
Elegimos a Panamá como el primer país para lanzar el programa Digital Country Partnership en la región de América Latina y el Caribe, destacando que el país canalero es una referencia regional y cuenta, además, con una economía dinámica y potencial para desarrollar la infraestructura digital para la implementación de estrategias.

Durante este primer año, en Mastercard hemos trabajado como aliado de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) para implementar la Agenda de Gobierno Digital de Panamá, lo que ha permitido lograr grandes avances, tales como:
- Licencia de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM).
-Digitalización del sistema de transporte.
-Eficiencia en el pago de impuestos.
-Cierre de brecha de igualdad de género
Mastercard reconoce el potencial que tiene Panamá por lo que está comprometido en ser parte de su crecimiento, brindando sus conocimientos y amplia experiencia como líder innovador en pagos, infraestructura digital, seguridad y soluciones contra el ciber fraude.
De igual forma, ratificamos nuestro compromiso por buscar alianzas con otras instituciones del estado, entidades financieras, comercios y Fintechs para colaborar y crear nuevas estrategias que aseguren inclusión digital para todos los panameños. Para lograr esto, buscamos desarrollar un ecosistema financiero que no utilice efectivo y estimule las transacciones, con el fin de incrementar la recaudación de impuestos y así brindarle mayor disponibilidad de recursos al estado para la inversión social y la reactivación económica.
