“Panama Ports posiblemente representa el atraco más grande de la historia de este país. Y no por culpa de la compañía, sino por malos panameños que le entregaron de más, y ese ‘de más’ nos costó, en los 24 años que lleva esa concesión, más de 1,200 millones de dólares. Es decir, un promedio de casi 60 millones por año que no recibió el Estado panameño”, advirtió el contralor general de la República, Anel ‘Bolo’ Flores, durante una entrevista en Radio Panamá.
El contralor señaló que las conclusiones de la auditoría forense recientemente realizada por su despacho a Panama Ports Company (PPC) ya fueron remitidas al Ministerio Público, el cual ha iniciado una investigación de oficio para esclarecer responsabilidades.
Reveló que entre los hallazgos más graves figura la renegociación del contrato en 2002, que modificó los términos de pago en beneficio de la empresa y eximió a PPC de varias obligaciones fiscales.
Asimismo, Flores indicó que se ha descubierto la contratación de “compañías satélite”, como Serviestiba, entre otras, que habrían sido utilizadas presuntamente para drenar utilidades, reduciendo significativamente los ingresos netos de la empresa matriz, y, por tanto, el porcentaje que correspondía al Estado panameño, que posee un 10 % de participación en PPC.
“Panamá es socia de Panama Ports. Pero mediante estas empresas fantasmas se desviaron cientos de millones que debieron beneficiar al país”, denunció Flores en entrevista con Radio Panamá.
Añadió que corresponderá también a la Dirección General de Ingresos (DGI) auditar y determinar si Serviestiba, empresa que facturó 468 millones de dólares entre 2015 y 2023 —mientras PPC reducía sus ganancias netas en ese mismo periodo— ha incurrido en alguna omisión tributaria.
Flores sostuvo que la tercerización no generó ahorros, como alegaba la empresa, sino importantes pérdidas.
El contralor también afirmó que las auditorías no se limitarán únicamente al caso de Panama Ports. Explicó que se evaluarán otras concesiones portuarias del país, aunque advirtió que la Contraloría no cuenta con suficiente personal para auditar todos los puertos al mismo tiempo, por lo que se avanzará caso por caso.
“Vamos uno por uno”, dijo, asegurando que ejercerán el derecho a auditar todas las concesiones en su debido momento.
Además, reveló que desde el año 2010 no se han ajustado las tarifas por movimiento de contenedores, a pesar de que la ley exige una revisión cada cinco años. Este incumplimiento, atribuido a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), ha generado un daño económico significativo.
“Si estamos moviendo casi nueve millones de contenedores, y cada aumento pudo ser de cuatro dólares, estamos hablando de unos 36 millones de dólares que no se recaudaron”, explicó el contralor, denunciando falta de acción y posible complicidad.
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