El contralor de la República, Gerardo Solís, compareció ante el pleno de la Asamblea Nacional la tarde de este 5 de febrero para hacer la última rendición de cuentas de su gestión.
Entregó un documento memoria a los diputados, pero antes dio una explicación superficial, deslucida y liviana de lo que ha sido el manejo de la entidad y su papel como contrapeso en las contrataciones del Estado.
El diputado Juan Diego Vásquez intuyó lo que pasaría. Antes de que Solís se parara en el pleno del hemiciclo, alertó de que no estaba de acuerdo con la alteración del orden del día que se había hecho para darle prioridad a la comparecencia de Solís.
“Los diputados de esta Asamblea Nacional, de todas las bancadas, debemos hacer un análisis profundo de cuáles son las circunstancias en las que se plantea esta visita”, dijo Vásquez, quien reprochó y exigió al contralor que explicara por qué firmó el contrato con Minera Panamá - declarado posteriormente inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, y por qué otorgó una prórroga de Panama Ports por 25 años.
También exigió que explicará cómo refrenda traslados de partidas a las juntas comunales y municipios en plena campaña.
Se refería al hecho de que el pasado 26 de enero, ocho días antes del inicio de la campaña política para las elecciones del 5 de mayo, a la Contraloría General de la República ingresaron dos solicitudes de la Autoridad Nacional de Descentralización a cargo de Edward Mosley Ibarra González, para transferir dos partidas que suman $136 mil a la junta comunal de Curundú, bajo el control de Senén Mosquera, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
“Yo quisiera entender colegas diputados si vamos a dejar que nos vengan a echar cuentos...”, insistió Vásquez.
Un Solís indiferente a la crítica, se paró frente a los disputados y no hizo alusión a los reproches de Vásquez e intentó marcar distancia respecto a su participación en la aprobación de fondos para las juntas comunales.
A cambio, empezó por enumerar las capacitaciones que reciben los auditores, la independencia que han logrado con ciertas reformas a la norma que los rige (la Ley 351 de 2022) y la supuesta eficiencia que lograron con el manejo de los recursos en medio de la pandemia.
Como si se tratara de una proeza, dijo que la rendición de cuenta de las juntas comunales se hace de manera trimestral. “Hemos han recibido 1,536 informes de las juntas comunales por un monto de 383.9 millones. Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro, honorables diputados y diputadas.
“Las juntas comunales deben usar esos fondos de acuerdo a un manual que ha dictado la Contraloría, y están obligados a rendir cuentas del uso de fondo. Esa rendición de cuentas la revista y examina la Contraloría para determinar si el uso ha sido correcto o incorrecto y si procede entonces una auditoría más profunda”.
En su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional el Contralor Solis reitera que el aumento del costo de la planilla se debe a leyes especiales. https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/QQczTjhpq4
— La Prensa Panamá (@prensacom) February 5, 2024
Por otro lado, intentó minimizar el crecimiento de la planilla estatal durante el gobierno de Laurentino Cortizo, indicando que solo ha aumentado 1.1%.
Al cierre de diciembre de 2019, los funcionarios permanentes y eventuales en el sector público totalizaron 237,118. El último dato de 2023 indica que hasta el mes de octubre había 253,126 funcionarios. La variación es de 16,008 funcionarios o 7%, aunque habría que esperar el cierre del año pasado para determinar la evolución total.
Solís había prometido que hablaría 10 minutos, porque hace un año habló por 50 minutos. Se tomó cerca de 30 minutos con poca profundidad.
