La Contraloría General de la República ha refrendado el contrato para que una empresa especializada realice una auditoría del material procesado y semiprocesado en Minera Panamá, en el distrito de Donoso, Colón. Así lo dio a conocer el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, durante la discusión del presupuesto general del Estado para la vigencia de 2025.
Esta auditoría es uno de los primeros pasos que la administración del presidente José Raúl Mulino ha comenzado a ejecutar en torno a la situación de la mina, cuya operación fue suspendida tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023, que anuló el acuerdo entre el Estado y la empresa Minera Panamá.
Moltó informó este miércoles,23 de octubre, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que, si bien la intervención directa del gobierno en los asuntos de la minera se hará en 2025, ya se están tomando medidas preparatorias.
“Hemos recibido el refrendo de la Contraloría para el contrato que permitirá auditar el material procesado. Esto nos proporcionará información clave sobre cuánto material hay, en qué estado se encuentra y cuál es su valor actual en el mercado”, explicó Moltó.
Según estimaciones preliminares, habría unas 130 mil toneladas de concentrado de cobre valoradas en más de $200 millones.
El informe de la auditoría es visto como un componente esencial para que el Estado tenga una visión del estado de las reservas minerales antes de tomar decisiones importantes. Esta auditoría también establecerá las condiciones exactas del material no procesado en la mina.
Moltó también subrayó que el Gobierno no solo está centrado en la evaluación financiera del material, sino que se encuentra trabajando en la planificación de una auditoría ambiental integral.
“Los términos de referencia para esta auditoría ambiental están avanzados, y buscamos contratar una compañía que nos ayude a determinar cómo se manejó la operación minera en términos financieros y ambientales”, detalló.
Según Moltó, este análisis será crucial para establecer un marco claro de responsabilidades y permitirá que las decisiones que se tomen en 2025 estén fundamentadas en datos objetivos y precisos.
En paralelo, el Gobierno está revisando un plan de preservación y conservación de la zona afectada por la operación minera, en coordinación con los ministros Felipe Chapman y Juan Carlos Navarro de Economía y Finanzas y de Ambiente, respectivamente.
Este plan busca asegurar el adecuado cuidado y mantenimiento del área durante este periodo de transición. Moltó afirmó que este es un tema que será abordado con la máxima responsabilidad para garantizar que, cuando llegue el momento de actuar en 2025, todas las instituciones involucradas cuenten con la información necesaria para proceder de forma transparente y responsable.
El cierre de la mina en Donoso se produjo tras la decisión de la Corte Suprema, que el 28 de noviembre de 2023 declaró inconstitucional el acuerdo firmado entre el Estado y Minera Panamá para la explotación de cobre, lo que obligó al Gobierno a tomar medidas para la revisión y control de la situación.
