La Contraloría General de la República informó la mañana de este jueves 8 de julio que “refrendó” el pago por la construcción del Hospital Integrado Panamá Solidario, ubicado en el sector de Albrook.
De acuerdo con la entidad, refrendó ese pago luego de una “espera prudencial” para que se agotaran todas las investigaciones del Ministerio Público relacionadas al contrato de diseño y la construcción de la obra. El monto del refrendo del pago por el hospital es de 6 millones 541 mil dólares.
El anuncio de la Contraloría se conoce el mismo día que se divulgo que la fiscal anticorrupción Anilú Batista ordenó el archivo provisional del expediente sobre la construcción del hospital modular en Albrook.
Batista consideró que no se configuraron los delitos investigados: peculado y fraude en las contrataciones del Estado.
“Podemos concluir de manera fehaciente que las estructuras modulares que se encuentran dentro de la construcción del Hospital Integrado Panamá Solidario no son reutilizados”, señaló Batista, en una orden firmada el pasado 30 de junio de 2021.
En una investigación del diario La Prensa se detectó que la empresa Smartbrix Centroamérica, S. A., introdujo 160 módulos de segunda mano procedentes de un campamento en Costa Rica, que presuntamente se utilizaron en la construcción del hospital modular.
Pero la Fiscalía señala que, gracias a documentación aportada por Smartbrix, pudo verificar que 152 de los 160 módulos importados de Costa Rica fueron arrendados en otras obras estatales o del sector privado.
La Contraloría, en un comunicado divulgado este jueves, indicó que analizó el proceso de contratación, a través del Departamento de Análisis de Costos de la Dirección Nacional de Ingeniería.
Durante ese proceso halló que “no existió violación alguna a los trámites legales y que el precio era correcto en el rango mínimo aceptable para la construcción en Panamá”.
“En otra investigación, concluida el 30 de junio de 2021, con la Resolución 665–21 de la Fiscalía Superior Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público luego de una exhaustiva investigación penal, determinó que no se cometió ningún delito contra la administración pública”, destacó la Contraloría.
