El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) le dio la razón a Odebrecht y se justificó en inspecciones, peritajes y una serie de pruebas y alegatos.
“La decisión del TACP nos llama poderosamente la atención y nosotros seguiremos velando por los intereses del país y sobre todo de Tocumen. Hay serios incumplimientos en la obra e incluso estamos encontrando nuevos hallazgos que afectan las operaciones del aeropuerto, como en las plataformas de aterrizaje”, dijo el gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA), Raffoul Arab.
A través de una resolución de 77 páginas, los magistrados del TACP, Luis Mariscal, Martín Wilson Chen y Manuel Beckford, fallaron a favor de la constructora que apeló la decisión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa), con la cual se canceló el contrato que se había ganado Odebrecht para construir la Terminal (T2).
Odebrecht, acusada de pagar sobornos en varios países de América Latina- incluyendo a Panamá, no estaba de acuerdo con la rescisión de su contrato, indicando que había entregado el 99% de los trabajos; que cuando se le rescindió el contrato de la T2 ya estaba ocupada y en uso; y que la administración del aeropuerto debía otorgar una nueva prórroga para terminar los trabajos pendientes.
Cuando el TACP entró a analizar el sustento de la apelación, consideró que las partes suscribieron en una sexta adenda un nuevo cronograma de hitos para la finalización de los trabajos pendientes, en la que se extendió la entrega de los trabajos finales al 30 de junio de 2020.
En base a esta adenda, se incluyo que en caso de encontrarse defectos de construcción, equipos o sistemas, se debía levantar un acta de observaciones que el contratista debía atender dentro de los 120 días calendarios, posterior al 29 de febrero de 2020, fecha en la que debían concluir el 100% de los alcances contractuales.
De acuerdo con el TACP, en esa adenda se hace una distinción para que los ajustes sean considerados como obligaciones secundarias que nacían cada vez que se entregaba de las obras principales.
Entonces, a su juicio, quedó evidenciado que las obligaciones establecidas en el contrato hasta febrero de 2020 fueron cumplidas según se estableció en la adenda 6.
Según el tribunal, la entrega de la obra se evidencia en siete actas de “aceptación sustancial” que fueron firmadas entre el 2017 y 2020.
Y que una octava acta sustancial no fue refrendada por la Contraloría General de la República porque habían algunos trabajos que se debían subsanar.
Algunas de las obras fueron entregadas, incluso, anticipadamente, por la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que contó con la participación del papa Francisco, un evento que estaba en la cima de prioridades de la administración de Juan Carlos Varela en 2019.
Arab habló ayer jueves vía telefónica con La Prensa y aseguró que, aunque acata la decisión del TACP, “nosotros nos mantenemos firmes en velar por los intereses del país, así que estaremos agotando las últimas instancias que nos permite la ley para salvaguardar los intereses de Panamá”.
Esa instancia es la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Como la resolución del TACP agota la vía administrativa, a Aitsa le tocaría ir a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.
Después de una octava adenda, en la cual se le concedía más tiempo a Odebrecht para terminar los trabajos pendientes de la Terminal 2 del aeropuerto, Tocumen decidió en 2021 cancelar el contrato ante el incumplimiento para atender los trabajos pendientes.
El tribunal contó en la resolución que la T2 fue entregada “sustancialmente” en un 99% desde febrero de 2020 y las reparaciones y complementos que se debían hacer en la obra no impedían que la administración del aeropuerto ocupara la nueva terminal y además no tenían el peso como para rescindir el contrato.
Arab advierte que la nueva terminal pudo ser ocupada porque la administración de Tocumen asumió los trabajos que Odebrecht no terminó y que eran vitales para recibir aviones y atender a los pasajeros.
“Claramente, ha habido un incumplimiento por parte de la empresa en una obra que nos ha costado a todos los panameños casi $1,000 millones, una obra que no está entregada a satisfacción y tampoco culminada. Seguimos teniendo problemas con muchos defectos”, dijo el gerente de Tocumen.
Arab detalló que la terminal, que está en operaciones hace más de un año, lo hizo luego de cuatro años de atraso “y nos cuesta más de $8 millones en intereses”, refiriéndose a los compromisos financieros asumidos por Aitsa para hacer realidad la inversión y puesta en ejecución.
“Muy responsablemente la pusimos [la Terminal 2] en operaciones. Sin embargo, desde el día 1 hemos hablado del incumplimiento por parte de la empresa en muchos aspectos, como lo son los sistemas de aire acondicionado, los techos, los pisos... Hay temas de garantía que tampoco han atendido”, agregó.
Tocumen alegó que ni la Ley 22 de 2006 ni el contrato suscrito con la empresa en 2012 establecen de modo alguno que, habiéndose realizado entregas sustanciales de obra, el Estado panameño se encuentra impedido de resolver administrativamente un contrato, frente a incumplimientos contractuales.
“La entrega sustancial no es sinónimo o equivalente a entrega final de la obra”, dijo el gerente de Aitsa.
Por otro lado, indicó que la cláusula cuarta del contrato, referente a las obligaciones del contratista, establece que el acta final de la obra determinará si la misma se ha llevado a cabalidad y de conformidad con todas las especificaciones técnicas.
En relación a esto, se destaca que el programa de expansión del aeropuerto nunca alcanzó el 100% de ejecución física y el proyecto nunca se entregó completamente satisfactorio.
Por esta razón, “ni Tocumen ni la Contraloría General de la República emitieron ni firmaron un acta final de obra como tal”.
El TACP recomendó a Tocumen en la Resolución 007-2024, emitida el 8 de enero de 2024, iniciar un proceso de liquidación del contrato mediante una audiencia con el contratista.
Tocumen, por su lado, se está preparando para llevar el pleito con Odebrecht a la Corte Suprema de Justicia. La firma Morgan & Morgan actúa como sus abogados en este caso.
Aparte de este proceso de apelación ante el TACP, Odebrecht y Tocumen también se enfrentan en demandas de arbitraje.
Odebrecht busca una compensación de $19 millones, mientras que Tocumen reclama $20 millones por demoras en la obra y pérdidas financieras derivadas de trabajos no completados.
Estas acciones legales pretenden determinar posibles compensaciones económicas.
