La Primera Encuesta Nacional de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en las Compras Públicas, hecha por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), detalla un camino espinoso a la hora de contratar con el Estado.
El estudio, que tomó como muestra a mil 32 empresas del país, señala que la impuntualidad en los pagos; el exceso de garantía, y la falta de transparencia en los procesos son los principales obstáculos que enfrentan las empresas que participan en las compras públicas.
Dicho análisis también afirma que a las pequeñas empresas se le suma otro problema: el tamaño del lote. El BID se refiere al volumen de artículos o productos que se piden en una sola contrataciones, el cual excede la capacidad operativa de este sector empresarial.
Sin embargo, a juicio de Carlos Ortiz, asesor del BID, la estrategia no debe estar orientada a promover a cualquier costo la participación de la micro y pequeña empresa. “Si se hace una reconfiguración de los tamaños de lotes, no debería buscarse el lote que más le conviene a la microempresas, sino el tamaño del lote óptimo que más le conviene a las compras públicas”.
Encontrar una fórmula óptima para propiciar la participación de las empresas tendría un efecto positivo para la economía de las pequeñas regiones y también para las mujeres.
“Al promover la participación de las micro empresas en las compras públicas no solamente estamos impulsando la participación de las empresas regionales, también las empresas que son propiedad de mujeres”, señaló Ortiz.
Según datos oficiales, el parque empresarial local está conformado, en su mayoría, por la micro, pequeña y mediana empresa. Son 80 mil 714 empresas y cubren el 40% del personal empleado.
El estudio también señala que dentro de las compras públicas hay muchos contratos grandes, dijo el especialista del BID, quien afirmó que actualmente las micro empresas tienen el 12% de los contratos, que apenas representan el 2% de los montos.
Para el director de contrataciones públicas, Raphael Fuentes, “hay que hacer cambios concretos para derribar estos muros de desigualdad”.
Explicó que entre las líneas de acciones a desarrollar en la Dirección General de Contrataciones Públicas está la agilización de los procesos de pagos y el financiamiento; flexibilizar los requisitos, así como capacitar a los funcionarios del Estado.
Propone también reformar la Ley 22 de 27 de junio de 2006, para que se permita promocionar a los proveedores locales en compras menores; impulsar la promoción de bienes de origen nacional y eliminar la fianza de las propuestas.
También anunció la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional, dirigida a promover mayor participación de las Mipymes en las compras públicas.
Una vez eliminada esta fianza, si la empresa no cumples con la firma del contrato, entonces se inhabilitaría como proveedor del Estado.
