La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, no admitió la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° DEIA-IA-0003-2024, del Ministerio de Ambiente, que aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA) de Puerto Barú, en la provincia de Chiriquí.
La demanda fue interpuesta el 5 de septiembre de 2024 por la abogada Joana A. Abrego García, actuando en nombre de diversas organizaciones, incluidas el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) y Adopta el Bosque Panamá, entre otras.
Las organizaciones ambientales pedían que se declarara nula por ilegal la Resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto Puerto Barú, ubicado a 20 kilómetros del centro de la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí.
Los demandantes afirman que la aprobación del estudio ambiental se basó “en una simulación de consulta pública, sin que el Ministerio de Ambiente jamás considerara los comentarios presentados por la ciudadanía”. Señalan además, otras nueve supuestas infracciones a la legislación panameña por irregularidades en la evaluación del estudio y los potenciales efectos del proyecto en el medio natural, ya que esa área “representa una zona vital de amortiguamiento y refugio para la fauna bentónica...”.
La decisión de la Corte se conoció a través del edito 3556, en el cual se precisa que la Sala determinó que no procede la suspensión provisional de la resolución del Ministerio de Ambiente que aprobó el estudio de impacto ambiental de Puerto Barú.
El EIA fue aprobado por el Ministerio de Ambiente (Miambiente), e implica el dragado para la construcción de un canal de 31 kilómetros suficientemente profundo para la navegación de barcos para el trasiego de mercancías, hidrocarburos y personas dentro de un área protegida que contiene el 25% de la superficie de manglares de todo el país.
La resolución del Miambiente, firmada por el entonces ministro Milciades Concepción, con fecha del 16 de enero de 2024, aprobó el EIA Categoría III, denominado proyecto Puerto Barú, con todas las medidas contempladas en el referido estudio.
Para Joana Abrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental y apoderada de las organizaciones demandantes, “la Corte Suprema ha tomado una terrible decisión para los manglares de David”.
Según Abrego, suspender provisionalmente el Estudio de Impacto Ambiental hubiera garantizado que estos ecosistemas eran protegidos precautoriamente, mientras la Corte determinaba si la aprobación del EIA fue legal. “Esto era particularmente necesario porque la resolución que aprobó ese EIA no cumple con uno de los contenidos básicos establecidos por la regulación aplicable, la ponderación de la autoridad de los resultados de la consulta pública”, dijo.
Añadió que “la buena noticia es que esta es solo una decisión accesoria. La Corte aún tiene la oportunidad de proteger estos ecosistemas si admite y sustancia rápidamente la demanda, interpuesta hace ya 4 meses, antes de que varios permisos necesarios para la construcción del puerto sean emitidos”.
Detalló que más de 50 organizaciones se han unido para exigir la protección de los manglares de David: “expertos independientes han confirmado los potenciales impactos del proyecto. Seguiremos alzando nuestra voz para conservar el patrimonio natural de las futuras generaciones”.
El Puerto Barú, definido como de multipropósito, es una iniciativa 100% privada, de inversionistas estadounidenses y construida en terrenos privados a un costo estimado de $250 millones. Su infraestructura incluye la construcción de un muelle comercial en una extensión de 500 metros de terreno y un muelle turístico en otros 300 metros.
De acuerdo con los representantes de la empresa, el estudio de impacto ambiental del proyecto fue el resultado de cuatro años de investigación y análisis, bajo un modelo de logística verde, en que se hicieron todas las consultas, incluyendo la comunidad.
Con su desarrollo se pretende revitalizar la economía de la región occidental del país y se prevé la creación de 1,200 puestos de trabajo directos durante su construcción, mientras que en la fase de operación se generarán alrededor de 1,000 empleos directos.
