Un día antes de que la administración de Laurentino Cortizo asumiera el poder, el 30 de junio de 2019, el saldo de la deuda pública era de $26,612.4 millones.
Tres años después, al 30 de junio de 2022, esa cifra se elevó hasta $43,175.3 millones, según un reciente reporte de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Se trata de un salto de la deuda pública de $16,562.9 millones. El aumento supera ampliamente los registros de los predecesores de Cortizo en sus administraciones completas. Con esa cantidad de dinero se podrían costear tres ampliaciones del Canal de Panamá, cuyo presupuesto fue de $5,250 millones, y todavía sobrarían fondos. En términos porcentuales, en tres años el saldo de la deuda ha crecido un 62.2%.
Los datos se conocen en medio de una ola de protestas ciudadanas por el alto costo de la vida, la corrupción y el manejo de los fondos públicos. Varias son las causas que explican el vertiginoso aumento de la deuda en los tres últimos años.
En el segundo semestre de 2019, recién estrenada la administración de Cortizo, y sin guardarse señalamientos sobre el manejo de las finanzas públicas del gobierno de Juan Carlos Varela, el MEF hizo varias emisiones de deuda para sufragar pagos pendientes por años con proveedores y para cubrir una sobreestimación de ingresos corrientes que había hecho el Ejecutivo anterior.
En marzo de 2020 se anunciaron los primeros casos de nuevo coronavirus en el país y el Gobierno empezó a imponer restricciones a la actividad económica y a la movilidad de los ciudadanos. Las medidas fueron de tal profundidad que provocaron una fuerte contracción de la economía (-17.9% en 2020), con la consiguiente caída en los ingresos públicos.
Mientras tanto, el gasto del Gobierno, presionado también por las necesidades generadas en pandemia, mantuvo el crecimiento, principalmente en lo que se refiere a gasto operativo.
En concreto, en 2020, el gasto total del sector público no financiero fue de $15,415.7 millones. De esa cantidad, $11,598.8 millones se destinaron a gasto corriente, que tiene entre sus principales componentes los gastos ligados al funcionamiento del aparato estatal, como la planilla, y el gasto en intereses de la deuda. Esta combinación de factores disparó el déficit fiscal, que en 2020 fue de 10.2% del producto interno bruto (PIB), llegando a $5,521 millones.
La misma fórmula se repitió en 2021. En menores proporciones que el año anterior, pero igualmente un deterioro importante si se compara con cualquier ejercicio previo a la pandemia.
Así, como han reconocido desde el propio MEF, en los dos años de pandemia hubo que contratar deuda para pagar gasto corriente. Es como un hogar que tiene que pedir prestado para pagar la luz.
Medida como porcentaje del PIB, la deuda pasó de un 46.3% en 2019 a un 63.7% en 2021.
Los insistentes llamados por parte del sector privado a aplicar políticas de austeridad en el gasto corriente no fueron escuchados y en estas semanas ese reclamo ha resonado en las manifestaciones populares, que solicitan a la vez un menor costo de la vida.
“La deuda tiene un poder transformacional innegable si se administra responsablemente. Sólo la disciplina fiscal puede permitir ese impacto social y es evidente que no la hemos tenido al inflar planillas por un lado, mientras inventamos exoneraciones injustificables para grupos de interés”, comentó a este diario el economista Carlos Araúz.
El también economista Luis Alberto Morán dijo que la deuda pública sigue experimentando “incrementos significativos que no se traducen ni se concretan en mayores inversiones, ni tampoco mejoramiento de las capacidades productivas del país”.
Mientras la deuda ha aumentado sustancialmente de la mano del gasto corriente, grandes inversiones en infraestructuras se han visto detenidas, como el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, o se han demorado más de lo originalmente previsto, como la tercera línea de Metro, y el estado de las calles y carreteras del país se ha deteriorado.
Para este año, el Gobierno ya ha obtenido buena parte de sus necesidades de financiamiento y se espera que el saldo de la deuda crezca, pero a un ritmo menor que en los años anteriores.
No obstante, las concesiones de nuevos subsidios que ya se han aprobado, y los que puedan surgir en el resto de las negociaciones con los grupos que lideran las protestas pondrán presión a las expectativas de reducción del déficit fiscal.
La agencia Moody’s ha señalado que la creciente presión social complica los planes de consolidación fiscal del Gobierno, cuyo déficit debería reducirse del 6.7% de 2021 a un 4% este año.
Morán añadió que la proyección de ingresos corrientes podría verse afectada producto de la situación de cierres, paralizaciones y huelgas. En esa situación, el economista sugiere que se deben evaluar bien los compromisos adquiridos en términos de subsidios, mientras no se reducen aquellos que guardan bajo impacto o poca rentabilidad social.
FMI hace revisión de línea por $2,500 millones
El Fondo Monetario Internacional (FMI) terminó la segunda revisión del acuerdo de una “línea de precaución y liquidez” aprobada a Panamá en enero de 2021 por un monto de $2,500 millones.
La línea de crédito sirve como un seguro ante impactos externos, como pueden ser los efectos de la guerra en Ucrania o nuevas variantes de covid. El Gobierno no ha hecho uso de estos fondos y según el FMI tiene la intención de mantener el acuerdo con carácter precautorio.
En el marco del acuerdo se definieron una serie de políticas para reforzar la estabilidad e integridad financiera. En ese sentido, el FMI dijo que evitar retrasos en la adopción del plan de acción del Grupo de Acción Financiera y en la gestión de riesgos de reputación conexos, ayudaría a salir de la lista gris.
