El 30 de junio de 2019, un día antes de que asumiera el poder la administración de Laurentino Cortizo, el saldo de la deuda pública de Panamá era de $26,612.4 millones. Cuatro años después, el 30 de junio de 2023, la cifra se había elevado a $45,737 millones, es decir, que experimentó un incremento de $19,124.6 millones o un 71.9%.
El aumento de la deuda en términos absolutos en estos cuatro años supera ampliamente el experimentado por los predecesores de Cortizo en sus cinco años de mandato.
Para ponerlo en perspectiva, en 2022 el Canal de Panamá hizo aportes al Estado por $2,494 millones, de manera que, en un ejercicio hipotético, serían necesarios siete años de aportes similares para acercarse a cubrir el aumento de la deuda registrado entre junio de 2019 y junio de 2023.
El economista Luis Alberto Morán señaló que, además del “significativo” incremento de la deuda, “el problema ha sido que el diseño del uso de esos recursos, la ejecución y el control, no son eficientes. Hemos incrementado la deuda país, pero no las capacidades productivas, y eso es un gran riesgo”.
Consultado sobre el incremento de la deuda, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, se refirió en primer lugar a la herencia recibida en 2019 del Gobierno anterior, una tónica general durante la actual administración.
Dijo que recibieron unas finanzas públicas que arrastraban déficit y elevados montos de deuda acumulada con proveedores. Para cubrir estos compromisos, aseguró, se recurrió a la contratación de deuda.
Luego llegó la pandemia y la aplicación de fuertes restricciones paralizó la economía y provocó el desplome de los ingresos corrientes del Estado.
Alexander señaló que para hacer frente a la crisis, los países desarrollados y sus bancos centrales inyectaron recursos a la economía, algo que posteriormente se tradujo en altos niveles de inflación. Panamá, que no tiene banca central, recurrió al endeudamiento para compensar la caída de ingresos. El ministro aseguró que esto se hizo para sostener una base económica y social en el país, y que eso se reflejó en la recuperación posterior de la economía.
Distintos grupos de la sociedad civil han reclamado al Gobierno un mayor control del gasto público, por ejemplo en la planilla estatal, y un mayor enfoque hacia la inversión.
Sin embargo, como recuerda Morán, “persiste un incremento de gastos, lo cual conlleva como resultado un déficit fiscal recurrente y permanente. Entonces la deuda viene a cubrir ineficiencias del Estado, y eso es insostenible”.
El también economista Ernesto Bazán señaló que el aumento de la deuda es consecuencia de incurrir anualmente en déficit fiscales. Es decir, que en el balance del sector público los gastos son superiores a los ingresos.
Bazán explicó que la deuda no es necesariamente mala, poniendo el ejemplo que de puede servir para que una empresa crezca o para que una familia compre una casa. No obstante, cuando esta no se toma para inversión sino para gastos, entonces sí tiene un efecto negativo, puntualizó.
El propio Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado en varias ocasiones que en los años de pandemia los ingresos corrientes no fueron suficientes para cubrir los gastos corrientes, lo que quiere decir que hubo que pedir prestado para pagar el gasto operativo del sector público. En el ejemplo de una familia, es como tener que endeudarse para pagar la cuenta de la luz.
En 2020, en plena pandemia, se alcanzó un pico de déficit fiscal superior a $5,500 millones y de más del 10% del producto interno bruto (PIB). Desde entonces, el desbalance de las cuentas públicas se ha ido reduciendo, pero aún marca claramente números rojos.
En 2022, el déficit fiscal superó los $3,000 millones, cifra equivalente al 3.9% del PIB, muy cerca del límite de 4% de déficit establecido por ley, un objetivo que se cumplió gracias a medidas como el diferimiento del pago de intereses, el cambio año base para calcular el PIB y la extensión del año fiscal 2022 durante los primeros días de enero de 2023. Esta última medida pone presión al cumplimiento de las métricas fiscales para este ejercicio, puesto que los ingresos corrientes recaudados en los primeros días de enero de 2023 se computaron en el año fiscal 2022, creando por lo tanto un hueco este ejercicio.
A partir de 2022, entró además en la ecuación la subida de las tasas de interés, de manera que cada dólar que se pide prestado va a ser más caro, poniendo presión adicional a futuros presupuestos o restando espacio para hacer otro tipo de gastos con un mayor impacto en la ciudadanía, como salud, educación o infraestructuras.
Relación entre deuda y PIB
Además de la deuda en términos absolutos, otro indicador de referencia internacional es la relación entre deuda y PIB, una medición de qué tan endeudado está un país en relación al tamaño de su economía. Cuando más alto es este indicador, mayor el nivel de endeudamiento relativo.
En este renglón también se ha producido un pronunciado deterioro durante la actual administración. En 2018, la relación entre deuda y PIB era de 38.2%, por debajo del límite de 40% recomendado en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. La cifra subió a finales de 2019 a un 44.5%, luego de las emisiones de deuda efectuadas al principio de la administración Cortizo, en parte para cumplir con los compromisos heredados.
El impacto de la pandemia fue notable y al cierre de 2020, se produjo un salto de 20 puntos porcentuales para llevar la deuda a un 64.7% del PIB.
Desde entonces, la recuperación de la economía ha provocado una mejora en el indicador, que al cierre de 2022 estaba en 57.9%. No obstante, pese a que el PIB ya superó los niveles previos a la pandemia, la relación deuda - PIB aún está por encima de los niveles anteriores a la crisis sanitaria, lo que se explica por el constante aumento del saldo adeudado.
Las agencias de calificación de riesgo han seguido con detalle en los últimos años la evolución de la economía y las finanzas públicas. Las tres grandes calificadoras rebajaron la nota de riesgo soberano del país después de la pandemia.
Actualmente, Fitch asigna a Panamá la nota de BBB-, con perspectiva estable, el primer escalón dentro del grado de inversión. Mientras tanto, Moodys (Baa2) y S&P Global Ratings (BBB) tienen al país un escalón por encima en sus respectivas escalas, aunque con perspectiva negativa en ambos casos, lo que quiere decir que hay presiones para una eventual rebaja en la calificación.
En sus análisis, las calificadoras ven como una fortaleza de Panamá la recuperación de la economía tras la pandemia, la trayectoria de crecimiento económico durante los últimos años y el flujo de ingresos constante generado por el Canal de Panamá.
Mientras tanto, entre los factores que pesan sobre la calificación están una composición más rígida del gasto, en la que ha ido ganando protagonismo el gasto operativo; la falta de reformas para propiciar un mayor aumento de los ingresos; así como las presiones fiscales por el deterioro financiero del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social y la ausencia de reformas para mejorar su posición.
