El presidente Laurentino Cortizo ha dejado por sentada su inacción ante la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS). Las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se acaban en un par de meses y el mandatario apeló a la autonomía de la entidad para no atender un problema que promete arrastrar a la economía de todo el país.
Fue el Gobierno el que originalmente gestó el diálogo por la CSS en el año 2021, por lo que esta última justificación resulta inexplicable y se suma a una serie de inconsistencias desde que hace tres años se inició el debate para, supuestamente, reformar la entidad y encontrar una salida a la crisis pensional.
Cortizo parece haberle dado la estocada al tema el pasado 1 de julio, cuando en su informe a la Nación, en la instalación del periodo de la Asamblea Nacional, reitero que el Gobierno está preparado para participar en la mesa del diálogo por la CSS, para la que aún no se tiene fecha de reinicio.
Sin embargo, también indicó en esa tribuna que el Gobierno “es respetuoso de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, que reformó la ley orgánica de la CSS y que, en su artículo 2, establece que es una entidad de derecho público autónoma del Estado en lo administrativo, funcional, económico y financiero con personería jurídica y patrimonio propio”.
En este orden de ideas mencionó el artículo 22 de la misma ley, en el que se indica que los órganos superiores de la entidad “son la junta directiva, órgano responsable de fijar las políticas para el funcionamiento, mejoramiento y modernización”.
Es decir, que no se inmiscuirá en el llamado al diálogo porque respeta la “autonomía de la entidad”; y a su juicio, esa es responsabilidad de la junta directiva de la CSS.
Aida de Maduro, una de las representantes del sector empleador de la directiva de la CSS, dijo que dicha postura es una “manera muy irresponsable de desligarse de las obligaciones que tenemos como Estado panameño, como país”.
En esa misma línea reaccionó Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
“El problema de las pensiones es un problema que nos compete a todos, y todos debemos participar, impulsando un auténtico diálogo que sea racional con el objetivo de buscar una solución... No hay soluciones mágicas. No se puede evadir la responsabilidad que tenemos todos en la solución del problema. Y uno de los ejes en esta ecuación es el Estado, que debe impulsar ese diálogo”, precisó Castillo.
El líder del Conep recordó que la mesa del diálogo entró en suspenso, a la espera de un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en diciembre de 2021.
Pero cuando finalmente el informe estuvo en manos del Gobierno desde septiembre de 2022, el director de la CSS, Enrique Lau, indicó que necesitaban que el organismo sustentara el reporte del estudio actuarial, y que además incluyeran escenarios con posibles soluciones para tomar decisiones para salvar el subsistema exclusivamente de beneficio definido de pensiones, cuyas reservas se acaban en 2024.
“Ya tenemos un año desde que el informe llegó a Panamá y seguimos dándole vueltas al dolor. No tiene sentido. Es inexplicable. No lo podría calificar de otra manera”, dijo Castillo, quien agregó la turbulencia que genera el debate político en el que se enmarca el país, en pleno año preelectoral. En este momento “será mucho más difícil avanzar, porque todo se mira desde un prisma eminentemente político y este es un tema que debe ser nacional, un tema de Estado. Ese es el gran dilema que tenemos en este momento... La política conspira contra las soluciones de Estado”.
Muchos antes de recibir el informe de la OIT, Cortizo adelantó que dentro de las soluciones que su Gobierno está considerando no estaban las medidas paramétricas.
Evitar medidas paramétricas indica el rechazo al aumento en la cuota obrero-patronal y al incremento en la cantidad de años que se cotiza, en momentos en que los especialistas advierten de que no hay suficiente dinero para pagar las actuales y futuras pensiones.
El informe de la OIT, en tanto, reiteró lo grave de la crisis. El organismo precisó el agotamiento de la reserva total del subsistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en 2024, debido al incremento acelerado en la cantidad de nuevas pensiones, lo que creará una fuerte presión en el financiamiento del creciente gasto en el programa.
Es así como el déficit operativo anual proyectado en términos nominales del sistema exclusivamente de beneficio definido de IVM crecerá progresivamente y alcanzará un tope máximo anual en 2050 cercano a los $7,500 millones, indica el documento.
La OIT destacó en su reporte la falta de visión a largo plazo de las distintas administraciones desde que se reformó el sistema de pensiones en 2005, y los problemas de institucionalidad y de gobernanza que enfrenta la CSS.
El gobierno de Ricardo Martinelli y el de Juan Carlos Varela voltearon la mirada, mientras que el de Laurentino Cortizo, aunque intentó hacer lo mismo, no tuvo otra opción que dar la impresión de encarar el tema, pero la ralentización de las conversaciones da razones para pensar que terminará delegando a otros la crisis de la CSS.
Por su parte, la Dirección Nacional de Finanzas y Administración de la CSS reveló en un reciente informe que el subsistema exclusivamente de beneficio definido IVM tendrá ingresos corrientes por $2,058 millones, mientras que sus gastos alcanzarán los $2,688 millones en 2024.
