El presidente de la República, Laurentino Cortizo, recibió un documento de más de 15 páginas en el que quedan reflejados -en detalle- los graves problemas de la Caja de Seguro Social (CSS), su administración y el sistema de pensiones, con uno de sus componentes a punto de quebrar.
El documento entregado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) plasma el análisis y las opiniones de actuarios, doctores, financistas y miembros de la actual junta directiva de la CSS en torno a la debacle del subsistema exclusivamente de beneficio definido Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y la descomposición administrativa que arrastra la institución. Al hacer una especie de diagnóstico, también ofrecieron soluciones.
Hablamos de una entidad que a junio de 2022 acumulaba 31 mil funcionarios y maneja presupuestos anuales por encima de los $5,000 millones, pero que posee más 350 procesos “extremadamente burocráticos, descentralizados y desvinculados a la estructura jerárquica”, dijo la presidenta de la junta directiva de la CSS, Aida de Maduro.
Especificó que tampoco existe una interconexión entre la dirección administrativa y la junta directiva, la cual está llamada a ser el brazo estratégico de la institución. De haber esa relación, “se tendrían los medicamentos y las citas médicas en tiempo oportuno y los usuarios contarían con las fichas al día, y sabrían cuánto serían sus contribuciones a las pensiones de manera individual”, enfatizó Maduro en el documento que, a manera de relatoría, fue presentado al mandatario.
Camilo Valdés, también miembro de la junta directiva por parte del sector empleador, reiteró la carencia de planificación, lo cual deriva en una falta de medición, fiscalización y de planes de productividad. “De no darse cambios estructurales por la vía de reforma a la ley orgánica, los problemas van a persistir en el tiempo”, enfatizó.
A través de varios ejemplos esbozados en el documento que surgió de un foro organizado por Conep, coinciden en que la directiva no toma decisiones trascendentales, siendo la administración la que informa de lo que se ejecutará, muchas veces atendiendo situaciones de urgencia, precisamente por la carencia de planificación.
Maduro dijo que esto implica, por ejemplo, la compra de medicamentos con un costo hasta tres a cuatro veces superior al presupuestado.
“Se dedica muy poco tiempo a ver cómo se pueden mejorar los ingresos, a evaluar las cuentas por cobrar, a ver cómo va la cartera de inversiones y el comportamiento de la cartera hipotecaria”, dijo Valdés.
José Barrios Ng, exsubadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), indicó que una de las prioridades es modificar la ley orgánica de la CSS y designar dentro de la junta directiva a personas notables que se apeguen a las normativas.
Lo segundo es que la institución sea auditable, que cuente con auditores externos y que se responda por los recursos asignados. También se debe contar con presupuestos robustos bien formulados. “Si pretendemos hacer cambios en la CSS con la estructura actual, será muy poco lo que se pueda hacer en materia de gobernanza”, sentenció.
$1,400 millones es el déficit que en el año 2025 enfrentaría el subsistema exclusivamente de beneficio definido en caso de que no se hagan reformas. Este enorme hueco enfrentará la próxima administración recién estrenada.
Defícit inmediato
“La CSS es una institución creada en el siglo pasado [en 1941] y sigue hoy día operando con las mismas estructuras, con la misma junta directiva, con los mismos procesos de hace 80 años. Esto debe cambiar porque el mundo ha cambiado”, dijo Ng.
Sus palabras toman fuerza junto ahora que se acerca la fecha en la que se acaban las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido, en 2024.
Se supone que el país debería estar discutiendo sobre las reformas que se requieren, pero la plataforma del diálogo por la CSS se frenó desde diciembre de 2021, a la espera de un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya ha sido entregado, resultando reiterativo con lo que antes había advertido la junta técnica actuarial de la entidad respecto a la insuficiencia de fondos y déficits en crecimiento.
Habiendo perdido un año de debate sobre las posibles salidas a la crisis, el actuario Dino Mon recordó el tamaño del problema.
En los documentos entregados a Cortizo quedó consignado que el sistema de pensiones en Panamá está estructurado para cubrir, desde el punto de vista matemático, 10 años de un jubilado, cuando en la realidad se cubren 30 años para el caso de las mujeres y 22 para los hombres. ¿Quién paga esta diferencia?, cuestionó Mon.
Jorge Nicolau, consultor y estudioso de la problemática de las pensiones, precisó que la crisis es tan grande que aun tomando la sumatoria de la totalidad recaudada por concepto de ITBMS y el impuesto sobre la renta de las personas naturales y jurídicas, no se solucionaría.
“La dimensión del problema es aún mayor que los subsidios hoy vigentes. Es decir, si mantenemos el statu quo y sólo buscamos fuentes de financiamiento que cubran el déficit actuarial, nos daremos cuenta que no se solucionaría el problema porque es insuficiente”.
Juan La Calle, representante del Conep en el diálogo por la CSS, agregó cifras demoledoras. “Las reservas se agotarán en el 2024 y para el 2025 se tendrá un déficit de caja por el orden de $1,400 millones, el cual aumentará a $7,500 millones para el año 2045, lo cual es inviable para nuestro país. Esto pone a Panamá bajo cuestionamientos muy serios por parte de nuestros acreedores y calificadoras de riesgos”.
El Conep ha dicho en varias ocasiones que la salida no es la unificación del subsistema exclusivamente de beneficio definido con el mixto, pues el déficit de hoy se cuadruplicaría con los años, arrastrando a los trabajadores más jóvenes a una insuficiencia de fondos cuando llegue su jubilación.
El documento entregado a Cortizo también advierte y se hace mención de la propuesta del Conep, que se basa en una estructura de pilares, con un primer segmento solidario no contributivo, mientras que los demás están fundamentados en los ahorros individuales de cada cotizante.
Pidieron a Cortizo que se afronte con determinación la crisis y el déficit del IVM, bajo un debate racional, libre de pasiones ideológicas y políticas, y siempre con el interés de generar una situación sostenible. Las cartas están de su lado.
