La crisis de sostenibilidad del subsistema exclusivamente de beneficio definido, que alimenta las pensiones de los jubilados, amenaza con poner una fuerte presión adicional a una deteriorada posición de las finanzas públicas del país.
Entre 2019 y 2021, debido principalmente a la imposición de restricciones a la economía durante la pandemia y al aumento del gasto, la deuda pública se disparó, pasando de un 46.3% a un 63.7% del producto interno bruto. En términos nominales, a julio de 2022 el saldo de la deuda del sector público no financiero era de $42,939 millones.
Se trata de una posición fiscal mermada para hacer frente al eventual impacto que ocasionaría la crisis de sostenibilidad del programa de pensiones, desde donde se le paga mensualmente cerca de $180 millones a los jubilados.
Este diario reveló que los fondos del fideicomiso a favor del subsistema exclusivamente de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que se nutre de aportes del Estado y que forma parte de las reservas del programa, no serían suficientes para cubrir el déficit del subsistema de beneficio definido este 2022.
Mientras tanto, si no hay cambios al sistema, las reservas se agotarían entre finales de 2023 y principios de 2024.
Como es improbable que el Gobierno deje de pagar las pensiones a los jubilados, se vería obligado a elevar los aportes que hace para cubrir los desbalances.
Según un estudio de la Junta Técnica Actuarial en base a los datos de 2020, pero entregado este mes a la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), el Estado tendría que aportar $11,787 millones entre 2024 y 2030 para financiar los déficits anuales.
Se trata de una presión para las finanzas públicas que crece en el tiempo, como explicó el exviceministro de Economía, Domingo Latorraca, ya que el subsistema de beneficio definido tiene que asumir los gastos de las pensiones, pero no incorpora nuevos cotizantes.
El expresidente del Colegio de Economistas, Olmedo Estrada, comentó que se trata de recursos adicionales que habría que incorporar a los presupuestos.
Por su parte, el economista Ernesto Bazán dijo que si ya el país venía con un ratio de deuda en niveles elevados, incorporar nueva deuda para cumplir con las pensiones, porque son compromisos ineludibles, “tiene un impacto fiscal enorme y es hoy por hoy la principal amenaza a la sosteniblidad de la economía panameña”.
Las agencias de calificación de riesgo han venido advirtiendo en los últimos años sobre el deterioro de las finanzas de la CSS y la necesidad de unas reformas que no se han concretado.
Bazán cree que las agencias están dando al país “un periodo de gracia” para abordar las reformas estructurales, pero advirtió de que en algún momento se va a terminar.
De igual forma, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Temístocles Rosas, expresó preocupación porque esta situación termine afectando el perfil de riesgo crediticio del país.
La situación de insostenibilidad del subsistema de beneficio definido se conoce desde hace años.
En la reforma al sistema de pensiones del 2005 se crearon dos subsistemas: El subsistema exclusivamente de beneficio definido, en el que se quedaron los mayores de 35 años de edad, y el subsistema mixto, en el que ingresaron los menores de 35 años y los nuevos cotizantes. El resultado es que el subsistema de beneficio definido quedó con la carga del pago de pensiones, pero sin nuevos cotizantes que aporten.
Desde entonces, ninguna administración presidencial ha tomado medidas para solucionar un problema que venía con arrastre.
El Gobierno de Laurentino Cortizo convocó un diálogo nacional por la CSS, que se instaló a comienzos de 2021 sin haber dado a la fecha ningún resultado y que se encuentra en receso a la espera de conocer los resultados de un estudio de la Organización Internacional del Trabajo.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo, señaló que este estudio será una guía para entrar en el debate, pero advirtió de que “hay que buscar soluciones urgentes”, ya que “postergando la solución a este problema se podría añadir una nueva crisis a la ya difícil situación que vive el país”, dijo el empresario quien abogó, además, por abordar una reforma administrativa integral a la institución para que mejore su funcionamiento y los servicios que brinda.
Castillo agregó que si no se aborda el problema de las pensiones, se estaría enviando un mensaje negativo hacia la ciudadanía y como país de que no ponemos orden en una situación esencial para la convivencia, “lo que provoca una incertidumbre que afecta a la economía nacional”.
Algunos sectores de la junta directiva de la CSS defienden como salida a esta crisis la unificación de los subsistemas de beneficio definido y mixto.
Latorraca apuntó que esta solución sería una “irresponsabilidad”, ya que se volvería a meter al grupo de cotizantes más jóvenes, a los que están en el subsistema mixto, en un esquema de beneficio definido que arrastra un “vicio estructural”.
Para Latorraca, en la eventual solución “todos vamos tener que poner”, el trabajador, el empleador y el Estado, ya que “no hay almuerzo gratis”.
