Tras haber sufrido rebajas en la calificación de riesgo por parte de las grandes agencias de calificación por el deterioro económico y fiscal sucedido en pandemia, el año 2022 había empezado bien para el país.
En enero, Fitch Ratings afirmó la calificación en BBB- a Panamá y mejoró la perspectiva de negativa a estable, alejando los fantasmas de la pérdida del grado de inversión. La revisión de la perspectiva reflejaba un proceso de mejora en la posición fiscal del país y una recuperación económica tras la pandemia mejor de lo esperado.
En febrero, Moody’s Investors Service, que asigna a Panamá una calificación de Baa2 -un escalón por encima de Fitch-, destacó que la reducción del déficit fiscal de 2021 era un factor positivo para el perfil crediticio del país.
No obstante, el estallido social que vive el país, con el cierre de calles en la ciudad capital y de las principales vías de comunicación del país, ha cambiado el tono de los comentarios de las calificadoras.
Moody’s señaló que las protestas y una creciente presión social son factores negativos para el perfil crediticio, ya que cualquier medida fiscal para reducir la presión sobre los precios a los consumidores complicará el objetivo de reducir el déficit fiscal en casi tres puntos porcentuales.
En 2021, el déficit fiscal del sector público no financiero fue del 6.7% del producto interno bruto (PIB) y para este año el objetivo previsto en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal es de un 4%.
Renzo Merino, vicepresidente y analista senior del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, comentó a este diario que “el balance de riesgos que emerge a partir de estos eventos puede poner presión a la baja sobre el perfil crediticio en general”.
Merino puntualizó que “esto no necesariamente conlleva un cambio en la perspectiva estable de la calificación, pero sí creemos que es importante notar que puede tener un impacto negativo en su conjunto”.
Carlos Morales, director del equipo de soberanos de Fitch Ratings, comentó que los principales puntos de preocupación tienen que ver con los desafíos económicos en cuanto a la recuperación que se venía dando y a la consolidación fiscal.
Aseguró que “las protestas, por su naturaleza, son imposibles de predecir en cuanto a la aparición, la duración y la magnitud, pero definitivamente tendrán un impacto negativo sobre la actividad económica”.
Las dos agencias coinciden en que el actual escenario hace más difícil cumplir con la meta de déficit fiscal para el cierre del año.
El impacto económico se podría traducir en menores ingresos públicos, mientras que las respuestas que se están dando a la crisis, como el congelamiento del precio del combustible, ponen presión adicional sobre el gasto.
Además, antes de las protestas, el Gobierno había extendido hasta fin de año los programas de subsidios vinculados a la pandemia, que originalmente estaban presupuestados hasta la mitad del año.
Todos estos son factores que juegan en contra de la meta de reducción del déficit. Morales apunta que “las presiones sobre el gasto público, dado el descontento social, aumentan la incertidumbre sobre la capacidad de cumplir con las metas fiscales. Creo que la voluntad política tiene otras prioridades en este momento, que la consolidación fiscal debido a la alta tensión social”.
En favor de la consolidación fiscal juegan unos ingresos que venían creciendo de la mano de la recuperación, los mayores aportes previstos por el Canal de Panamá y el acuerdo con la minera y los planes de contención del gasto público anunciados por el Gobierno. En este sentido, Morales apuntó que se tendrá que ver la capacidad y efectividad del Gobierno de implementar estas medidas para compensar el mayor gasto por el precio de los combustibles.
Por su parte, Merino dijo que cuando se compara con otros países de la región, Panamá tiene una estructura de gasto más flexible, y que en el pasado ha utilizado el gasto de capital como variable de ajuste, aunque “de ser este el caso podría afectar el crecimiento económico”.
La crisis puede poner trabas para solventar otras presiones fiscales que ya existían, como la del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social. En este sentido, Morales dijo que “nuestra perspectiva es que las protestas van a tener incidencia sobre la voluntad política por aprobar una reforma sobre el sistema de pensiones”.
El eventual agotamiento de las reservas del subsistema de beneficio definido pondrá presión adicional sobre el gasto público, ya que el Gobierno tendría que aportar más para cubrir el pago de pensiones.
¿Por qué es importante reducir el déficit? En la medida que esto suceda, el país requerirá menores niveles de deuda para financiar el presupuesto. La deuda panameña se disparó en los últimos tres años, particularmente tras comenzar la pandemia, pasando de un 46.3% del producto interno bruto (PIB) en 2019 a un 63.7% en 2021.
En un escenario como el actual de alza de tasas de interés, la contratación de deuda sale más cara, elevando el gasto anual en intereses y limitando así la capacidad de invertir en mejorar los servicios públicos y las infraestructuras.
