Uno de los riesgos latentes en materia económica para el año 2024 es la posible pérdida del grado de inversión, atribuida al temor de que Panamá no pueda gestionar eficazmente el déficit fiscal.
El aumento del gasto, la crisis del sistema de pensiones y el pago de los intereses de la deuda -en aumento-, ejercen presión.
El país está contra las cuerdas en términos fiscales. El economista Ernesto Bazán, con más de 20 años de experiencia en calificadoras de riesgo, respondió ocho preguntas clave, con las que explica las tensiones fiscales que Panamá experimenta y pone en perspectiva lo que está en juego.
¿Qué provoca la pérdida del grado de inversión?
Principalmente el déficit fiscal fuera de control y endeudamiento insostenible, en el marco de incumplimiento reiterado y estructural de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Recordemos que las calificadoras de riesgo opinan sobre la capacidad de un país de pagar sus obligaciones financieras en los tiempos y formas convenidos.
¿Qué significa esto para el panameño de a pie?
Si la calificación de Panamá pasa del grupo de “grado de inversión” al “grado especulativo” significa que las calificadoras ya no esperan que seamos o estemos entre los “mejores pagadores”. Es decir, es como si nuestro puntaje crediticio en la APC fuese peor y cada vez serían menos los que estarían dispuestos a darnos dinero. Obviamente, los que sí nos prestarían, lo harían a una tasa alta, lo cual significaría que tengamos que pagar mayores intereses por la deuda futura que se tomaría.
La pérdida del grado de inversión pasaría de forma espontánea o las calificadoras están esperando algo en particular.
En teoría puede ocurrir en cualquier momento. En el caso panameño, creo que las calificadoras están esperando los resultados fiscales al cierre del 2023. Verán si cumplimos o no las metas de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y bajo qué tipo de prácticas. Si observaran, una vez más, maniobras contables que son parte de los estándares habituales, es inevitable la penalización. S&P y Fitch Ratings asignaron perspectiva negativa a la calificación, lo cual significa que el escenario más probable es el descenso. En el caso de Fitch perderíamos el grado de inversión.
¿Qué mensaje se envía si perdemos el grado de inversión?
El mensaje automático es: El país ya no tiene la misma solvencia de antes, tiene más riesgo y a partir de ahora, los que quieran financiarlo, lo lógico es que lo hagan a intereses más altos.
¿Por qué ahora es tan importante el grado de inversión, si tuvimos tanto tiempo viviendo sin él?
Duele perder un atributo por irresponsabilidad de los gobernantes. Las principales consecuencias de perder el grado de inversión serán:
1) mayor costo de endeudamiento para el país y para las empresas y familias (tarjetas de crédito, hipotecas, principalmente)
2) Por lo anterior, si hay que pagar más intereses, las familias tienen menos recursos disponibles para cubrir sus necesidades de alimentación, vestido y vivienda. O sea, se empobrecen.
3) Por el mismo criterio anterior, el país tiene menos recursos para atender gastos sociales (medicinas, mantenimientos de equipos, gastos educativos, seguridad , etc). El país también se empobrece.
Recibimos nuestro primer grado de inversión en marzo 2010 por Fitch Ratings, luego en mayo 2010 por parte de S&P y en junio 2010 por Moody’s. Durante la administración Ricardo Martinelli, recibimos dos mejoras de Fitch, S&P y Moody’s, respectivamente.
Durante la administración Juan Carlos Varela no hubo cambios por parte de Fitch ni de Moody’s, y se registró una mejora de S&P.
Durante la administración Laurentino Cortizo hubo una desmejora por parte de Fitch y de S&P, respectivamente; y por parte de Moody’s una mejora y luego dos desmejoras.
¿Qué tiempo toma recuperar el grado de inversión, si es que se pierde?
Las calificadoras de riesgo querrán ver consistencia en políticas económicas y eso depende de qué tan rápido se recupere la confianza, pero por lo general no son menos de tres años.
¿Qué deben reclamar los ciudadanos en este contexto?
Disciplina fiscal, profesionales técnicos e idóneos al mando de la política económica (sin intereses políticos o gremiales), meritocracia, que se gaste menos y se invierta más; y si se gasta, que los gastos tengan sentido social, es decir, que se prioricen las mayores necesidades sociales.
¿Qué pesa más para perder el grado de inversión, el fallo contra el contrato minero o la corrupción?
La corrupción en el sector público se lleva entre un 10% a 15% del presupuesto, o sea, más o menos unos $4,000 millones. Es decir, $20,000 millones por quinquenio. Con eso hacemos ocho hospitales oncológicos, cuatro líneas de metro, llevamos agua potable y electrificación a todo Panamá las 24 horas. Encima, nos alcanza para mejorar la pensión mínima a jubilados.
Para combatir la corrupción necesitamos reglas claras, fiscalización eficaz, (certeza del castigo) y severidad de la pena. Comencemos con la ley de extinción de dominio y mejorando la ley de conflicto de intereses. Creando y potenciando fiscales y jueces especializados (sin rostro, como ha funcionado en otros países), estableciendo canales de denuncias y destinando recursos a investigar y sancionar este crimen.
