Cayo Hueso no parece un lugar ideal para una batalla. La isla, situada en el extremo sur del estado de Florida, invita a pasear lentamente, a disfrutar de sus aguas turquesas y sus atardeceres. Pero un asunto ha perturbado su paz en los últimos años: la llegada de grandes cruceros.
Esos enormes barcos llevan cada día a miles de turistas a esta ciudad pequeña de 26,000 habitantes, la más occidental del archipiélago de los Cayos de Florida, en el sureste de Estados Unidos.
Su presencia, de la que dependen varios negocios locales, es una molestia para numerosos lugareños como Arlo Haskell, cofundador de la asociación Safer Cleaner Ships.
“Los cruceros son una industria extractiva que se beneficia de la belleza de Cayo Hueso mientras la daña y degrada la experiencia para todos los demás”, lamenta.
En 2020, su asociación impulsó tres referéndums locales: uno para limitar el tamaño de los cruceros; otro para que no pudieran desembarcar más de 1,500 personas al día; y un último para dar preferencia a los barcos más respetuosos con el medioambiente.
Las tres propuestas, aprobadas por entre el 60 y el 80% de los votantes, fueron ratificadas por el Ayuntamiento. Una victoria para Haskell, o eso pensaba.
En junio de 2021, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que suspendió esa medida. El texto alegaba que los votantes no podían entrometerse en asuntos de comercio marítimo.
Poco antes, compañías pertenecientes al dueño del muelle B de Cayo Hueso -uno de los mayores beneficiarios de la llegada de cruceros- donaron casi un millón de dólares a la asociación Amigos de Ron DeSantis, un comité creado para recaudar fondos para el gobernador, según el diario Miami Herald.
Safer Cleaner Ships retomó su lucha, apoyándose en un dato económico inesperado. Durante la pandemia, la suspensión de los cruceros no hundió las finanzas locales. Al contrario, en 2021, la ciudad recaudó un 25% más en tasas sobre las ventas que en 2019, antes del arribo de la Covid-19.
Hoteles y restaurantes parecen haber aprovechado el hecho de que Florida promoviera la apertura de los negocios en plena pandemia, cuando otros estados del país imponían duros confinamientos.
En ese contexto, la asociación de Haskell movilizó a la población hasta lograr que el Ayuntamiento reaccionara.
Como no puede limitar por ley el número de cruceros, la administración municipal aprobó el mes pasado cerrar los dos muelles públicos de Cayo Hueso a esos barcos.
Ahora esas embarcaciones sólo pueden atracar en el único muelle privado de la ciudad, el B, que recibe un crucero al día. Se acabaron las jornadas en que llegaban dos o tres de estos barcos.
La noticia, celebrada por muchos, fue un duro golpe para algunos comercios.
Los turistas de los cruceros pasan unas horas en la ciudad y suelen comer antes de desembarcar, por lo que apenas generan ingresos para negocios como los restaurantes y los hoteles.
Pero sí son importantes para tiendas de souvenirs, heladerías o locales como el museo de Ernest Hemingway, situado en la casa donde el escritor estadounidense vivió entre 1931 y 1939, explica la alcaldesa, Teri Johnston.
El martes por la mañana, las calles de la ciudad, bordeadas de casas de madera de estilo victoriano, están casi desiertas.
Vanessa Wilder atiende su puesto de alquiler de bicicletas, a la espera de que desembarquen los primeros pasajeros de un crucero recién llegado.
“Las principales tiendas y bares de aquí vivimos de los cruceros”, asegura esa mujer de 25 años. “Si no estuvieran, muchos negocios tendrían que cerrar”, dice.
Haskell celebra, por su parte, la última medida del Ayuntamiento, pero insiste en que los cruceros del muelle privado no deberían exceder el tamaño deseado por los habitantes.
Según él, esos barcos “hacen un daño tremendo” al ecosistema de la zona enturbiando el agua, lo que pone en peligro la supervivencia de los corales.
Scott Atwell, portavoz de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica en Cayo Hueso, matiza esas palabras. “No hay estudios específicos sobre si la turbiedad provocada por los cruceros es diferente a la natural y si alcanza nuestros arrecifes coralinos de forma perjudicial”, alega.
Pese a esas discrepancias, el Ayuntamiento decidió vigilar la calidad del agua marina y apoyar la restauración coralina, una iniciativa financiada con una tasa que cobra al muelle B por el desembarco de pasajeros.
“No queremos deshacernos de los cruceros. Queremos llevarlos a un nivel moderado, para tener buenas condiciones económicas y una buena calidad de vida para nuestros residentes”, asegura la alcaldesa Johnston.
