La enorme Caja de Seguro Social (CSS), encargada de prestar los servicios de salud a los trabajadores y administrar el sistema público de pensiones, iniciará el próximo 6 de noviembre un proceso de transformación y reforma monumental. Se trata de la entidad más grande de todo el aparato estatal.
Tiene cerca de 35 mil trabajadores y para el año 2025 su presupuesto será de $7,321.6 millones, abarcando casi una cuarta parte del presupuesto general del estado.
De esta asignación, $5,354.2 millones se destinarán a su funcionamiento, mientras que $1,967.4 millones se dirigirán a inversiones; con $461.5 millones orientados a infraestructuras y $1,505.9 millones a inversiones financieras, de acuerdo con el presupuesto aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional, el pasado jueves 31 de octubre.
Este presupuesto de $7,321.6 millones coincide con el monto que originalmente propuso ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la administración de Enrique Lau, exdirector de la entidad.
En abril pasado, antes de que asumiera el poder el presidente José Raúl Mulino, Lau habría entregado al entonces ministro Héctor Alexander el presupuesto de la CSS para el año 2025.
El monto era ambicioso, pues consideraba ingresos por encima de los calculados en este 2024, cuando se manejó una partida total de $6,978 millones, al tiempo que los déficit siguen galopando.
La suma habría llamado la atención de las nuevas autoridades del MEF, que observaron una sobreestimación en cuanto a los ingresos y recaudaciones que la CSS había proyectado.
Se entiende así, luego que el MEF -bajo el liderazgo de Felipe Chapman- entrega a la Asamblea Nacional lo que sería el proyecto de presupuesto, antes de las últimas modificaciones.
En ese documento, se había recomendado un presupuesto de $6,047 millones. Pero en una última modificación al presupuesto, se agregaron $1,274 millones a la CSS.
En su momento, el MEF no dio mayores explicaciones del aumento, pero el alza implicaba que la CSS volvía a tener los $7,321.6 millones recomendados por Lau.
Probablemente, la medida se debió a temas legales. El artículo 2, de la ley 51 de 2005, de la CSS, establece que la esta entidad aprueba su proyecto de presupuesto, el que será incorporado al proyecto de presupuesto general del Estado, sin modificaciones.
Antes de que se modificara el presupuesto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, lanzó el jueves, 24 de octubre, críticas sobre la gestión financiera de la CSS, acusando a la pasada administración de inflar su presupuesto, al detectarse una sobrevaloración de 500 millones de dólares.
Si la sobrestimación es un hecho, quedarían dos salidas para la administración de la CSS y el Estado en su conjunto.
Por un lado, se podrían obtener recursos de las reservas del programa de administración.
De acuerdo con los reglamentos de la entidad, esta constituye una reserva de fluctuaciones e imprevistos y se forma cuando se producen excedentes de los ingresos sobre los gastos, y se utiliza para completar los gastos de la gestión administrativa en los años en que los ingresos no sean suficientes para cubrir los gastos.
Por otro lado, y dependiendo de las reformas que se aprueben, la CSS podría obtener más ingresos, especialmente si de forma inmediata el Estado decide hacer mayores aportes. Esta es la gran prueba de fuego.
La reforma
En medio de este escenario Mulino anunció, a partir de hoy miércoles, una serie de reuniones explicativas sobre la propuesta de reformas, destinadas a informar a los 71 diputados principales, sus suplentes, representantes de medios de comunicación, presidentes de partidos políticos, jefes de bancada y miembros de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.
El presidente enfatizó que esta ley busca el bienestar del pueblo panameño, asegurando que no se aprobará de manera apresurada ni se utilizará para fines de “politiquería”. Las declaraciones apuntan a calmar la tensión en torno a un tema delicado para la sociedad panameña.
Desde el 16 de septiembre, se convocaron mesas de trabajo para analizar la situación del sistema de salud y el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), las cuales rindieron informes recientemente. Mulino recibió estos documentos el 30 de octubre y los describió como una base clave para la construcción de las reformas.
Según el mandatario, las reuniones realizadas con diferentes gremios en septiembre y octubre han evidenciado un consenso sobre la necesidad de un sistema único de seguridad social que garantice ingresos dignos a los trabajadores y soporte a aquellos que no logran cumplir con las aportaciones mínimas.
El déficit de $673 millones en el subsistema de beneficio definido de la CSS, señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha generado preocupación, ya que amenaza con agotar los fondos a corto plazo. La última reforma estructural, implementada en 2008 durante la administración de Martín Torrijos, estableció un sistema mixto de ahorro individual para los menores de 35 años, mientras que los mayores de esa edad continuaron en el Sistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD). Sin embargo, el panorama actual requiere nuevas estrategias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el largo plazo.
