La Caja de Seguro Social (CSS) reestructuró el plan de pagos vinculados con la Ciudad de la Salud, que tiene contemplado asumir desde el año 2024 hasta el 2028. Se trata de cinco partidas anuales que suman $629.2 millones, de acuerdo con la documentación que ha compartido la administración de la entidad con su junta directiva.
Esto significa que incluso después de entregada la obra, actualmente con un 97% de avance, se estarían haciendo desembolsos. Los pagos se planifican en la actual administración de Enrique Lau, pero se ejecutan cuando acabe el mandato del presidente Laurentino Cortizo en 2024.
La nueva estructuración de los pagos está ligada a la aprobación de la novena adenda del contrato vigente entre el consorcio que construye la Ciudad de la Salud y la CSS.
Al incluir una adenda de $228.7 millones, se redefinieron las partidas presupuestarias anuales y la Dirección Ejecutiva Nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo, certificó que han hecho una planificación para hacerle frente al nuevo gasto, conjuntamente con los compromisos previamente adquiridos.
El consorcio panameño a cargo de los trabajos de la Ciudad de la Salud está conformado por tres empresas locales: Constructora Rigaservices, S.A., Aprocosa (Administración de Proyectos de Construcción, S.A.) y CMG (Construction Management Group, S.A.).
Sin embargo, cuando Enrique Lau, director de la CSS, presentó a la junta directiva los detalles de las obras que se estarán incluyendo en la novena adenda, el funcionario sólo mencionó que el pago adicional sería a favor de Constructora Rigaservices, el mayor contratista de infraestructura de la entidad.
Pero como en el cronograma de desembolsos se incluye la totalidad de los pagos pendientes, incluyendo los costos adicionales de las adendas 7 y 8, se entendería que los montos globales incluyen partidas a favor del consorcio en su conjunto.
Para el año 2024 la CSS deberá desembolsar $147 millones para luego subir la vara y en 2025, tras asumir pagos por $151 millones.
En los dos años siguientes, 2026 y 2027, los pagos serían por $150 millones, respectivamente. Y en el 2028, la partida programada sería de $38 millones.
El precio final estimado de la Ciudad de la Salud ya alcanza los $1,268.7 millones, cuando la obra se pactó originalmente en $554.3 millones.
La obra se adjudicó en 2012, y ha estado plagada desde su origen por irregularidades y carencias constructivas, conflictos contractuales y la paralización de los trabajos.
Se pactó en el gobierno de Ricardo Martinelli a favor de la constructora FCC, investigada por sobornos, y se intentó renegociar en la administración de Juan Carlos Varela, cuando se hizo una revisión técnica y se redefinió su construcción, pero durante su mandato la obra estuvo marcada por una prolongada paralización.
Luego, en 2021, la administración de Laurentino Cortizo autorizó a la CSS a reactivar la construcción de Ciudad de la Salud, terminando de aumentar los costos un 128.7% por encima del monto adjudicado.
Serían tres administraciones presidenciales vinculadas a la construcción de la obra. Y serían, también 17 años entre la adjudicación de la obra y los pagos que hay que hacer a las constructoras involucradas.
Para que la última adenda del proyecto fuese aprobada por la junta directiva, la CSS reveló detalles sorprendentes respecto a su ineficiencia administrativa.
Reconocen que la capacidad de actuación de la entidad, a un ritmo mucho más lento que el requerido por la Ciudad de la Salud, ha obligado al contratista a “asumir mucho de los mantenimientos requeridos” y ahora la entidad debe reconocer el pago de esos costos, así como también insumos que fueron adquiridos para la operatividad de algunos institutos.
Aunque no se dicen de forma textual, se entiende que el contratista asumió servicios que estaban fuera del alcance de lo pactado.
La adenda incluye también el mantenimiento de más de 33 hectáreas de terreno donde se encuentran ubicados los 280 mil metros cuadrados de construcción cerrada en los 13 hospitales, centros e institutos con que cuenta la Ciudad de la Salud.
También justificaron la adenda ante la necesidad de integrar al proyecto lo que han llamado cuatro búnkers para radioterapia, servicios de braquiterapia y de radio farmacia para los asegurados con cáncer.
