El primer debate sobre las reformas a la ley que regula la Caja de Seguro Social (CSS) ha levantado cuestionamientos y críticas en torno a una posible concentración de poder en el director de esta entidad, especialmente en el ámbito de las decisiones financieras y administrativas.
Este proyecto de ley introduce cambios en el manejo de los créditos extraordinarios y los gastos institucionales. En las primeras comparecencias del primer debate, este jueves 14 de noviembre, salió a relucir este tema.
En horas de la mañana, hablaron de gobernanza Luis Lee, secretario general de la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (Anfacss), y José Isabel Blandón, del Partido Panameñista.
Créditos extraordinarios y partidas presupuestarias
La normativa vigente establece que todas las solicitudes de créditos extraordinarios y los traslados de partidas presupuestarias deben ser aprobados por la junta directiva de la CSS, sin un límite de monto específico bajo revisión.
La reforma propuesta, por su parte, introduce un nuevo umbral: el director general podrá manejar créditos extraordinarios y traslados de partidas hasta por $3 millones, actualizados anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Blandón dijo que nadie tiene tales libertades, recordando que el Ejecutivo debe acudir a la Asamblea Nacional para hacer traslados por encima de $500 mil.
Anteriormente, se habían pronunciado otras voces, como el doctor Orlando Quintero, quien recordó que también se requiere mayor flexibilidad para el director de una entidad que maneja un presupuesto de $7 mil millones, con compras y servicios vitales para pacientes y urgencias médicas.
Autorización de gastos
La ley vigente (N°51 de 2005) exige que la junta directiva autorice todos los gastos que excedan los $250 mil, mientras que la reforma elevaría este límite a $1 millón.
Además, se introduce una excepción que permite al director general aprobar la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, mediante procedimiento de selección de contratista, con independencia del monto.
Esta medida podría agilizar la compra de insumos necesarios, pero también plantea inquietudes sobre la transparencia y el control en este tipo de adquisiciones.
”Hay varios artículos que le quitan competencia a la junta directiva para dársela al director nacional... Más que oponernos a quien es hoy el director, nos oponemos a que se le dé ese poder a una sola persona”, dijo Blandón.
Lee, por su parte, demandó que se mantengan las disposiciones que permiten que la junta directiva siga con sus funciones respecto al análisis de recursos de apelación en procesos administrativos que se siguen a los funcionarios de la CSS.
En el pasado, se ha advertido que la junta directiva es básicamente un tribunal de justicia administrativa de los asuntos laborales de los funcionarios. En eso se gasta el 85% de su tiempo, dejando muy poco tiempo para el análisis de los aspectos financieros.
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