El sector público no financiero incurrió en un déficit fiscal de $2,546.3 millones en la primera mitad del año, según un reciente reporte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Las cuentas públicas registran déficit cuando los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos del sector público. Este año, al menos hasta el cierre de junio, esa tendencia se ha venido incrementando en comparación con el ejercicio anterior.
El déficit fiscal del primer semestre supera en $636.3 millones o un 33.3% el registrado en los primeros seis meses de 2022, según la información preliminar del MEF, y equivale a un 3.11% del producto interno bruto (PIB) proyectado para el conjunto del año.
Esto sucede cuando la senda marcada por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal apunta a una reducción de los niveles de déficit fiscal para contener el aumento de la deuda pública.
Para todo el ejercicio 2023, el límite previsto en la ley fiscal es de 3%, un punto porcentual inferior al 4% de 2022. El comportamiento de los ingresos de Panamá está marcado por cierta estacionalidad y habitualmente las cuentas se balancean en cierta medida en el cuarto trimestre, cuando se recibe la parte más sustancial de aportes de la Autoridad del Canal de Panamá. Los eventuales ingresos generados por Minera Panamá en virtud del nuevo contrato con el Estado, que aún debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, también contribuirían a reducir el déficit fiscal.
En promedio, entre 2019 y 2022, el cuarto trimestre representó un 42.3% del total de la recaudación anual, señala el MEF, que espera por lo tanto el cumplimiento del límite de déficit fiscal de 3% del PIB nominal al cierre del ejercicio.
En 2022, el Ejecutivo logró cuadrar las cuentas dentro del 4% permitido gracias a tres acciones que beneficiaron al balance fiscal. El Instituto Nacional de Estadística y Censo actualizó el año base de 2007 a 2018 para el cálculo del PIB, lo que hizo que el valor del PIB nominal fuera revisado al alza para todos los años a partir de 2018.
Como el déficit se calcula como una proporción del PIB, cuanto mayor es el tamaño de la economía, más espacio hay para el déficit fiscal. Además, el Gobierno postergó el pago de $364 millones en intereses al periodo 2024-2026, ahorrándose ese gasto el pasado ejercicio.
Por último, se extendió el ejercicio fiscal 2022 hasta el 13 de enero de 2023 en medio de un proceso de regularización tributaria, lo que significó que los ingresos corrientes en efectivo recaudados en los primeros días de enero se computaron en el ejercicio fiscal de 2022. Eso ayudó a cuadrar el balance del año pasado pero abrió un hueco en el de este ejercicio.
Los gastos crecen más
El incremento del déficit fiscal en el primer semestre del año se explica por un mayor aumento de los gastos totales ($8,329.5 millones, un 10.9% más) que de los ingresos totales ($5,783.3 millones, un 3.3% más).
Mientras los ingresos de la Caja de Seguro Social aumentaron un 10.1% para totalizar $2,017.9 millones, la recaudación del Gobierno Central, la principal fuente de recursos del aparato estatal, sufrió una caída de 2.3% para un total de $5,530.9 millones.
El propio MEF explica en el informe que los ingresos del Gobierno Central se vieron afectados por el plazo adicional concedido hasta el 13 de enero de 2023 para la cancelación de obligaciones tributarias pagaderas en 2022.
En el lado de los gastos, la mayor parte se destinó a sufragar las operaciones del sector público ($6,426.2 millones, un 10.4% más), incluyendo subsidios aprobados durante la pandemia o el incorporado en 2022 para contener el precio del combustible, que todavía sigue vigente.
Dentro del Gobierno Central, el gasto en servicios personales o planilla fue de $1,969 millones, un 3.3% más. El MEF señala que el resultado está influenciado por “los pagos relacionados a leyes especiales y requerimientos de personal”, y destacó los aumentos en montos para el Órgano Judicial ($25.7 millones más) y el Ministerio de Educación ($22.7 millones más).
El gasto de capital o inversión, por su parte, se elevó 12.8% para totalizar $1,903 millones.
Ernesto Bazán comentó a La Prensa que los resultados del balance fiscal reflejan que “no se ha hecho ningún esfuerzo por reducir el gasto y generar ahorro corriente”. Dijo que hay terreno para reducir gastos, pero en cambio se ve un aumento en el gasto en planilla y la prolongación de subsidios. Puso como ejemplo el subsidio al combustible, “que se pensó como un alivio temporal y casi que se ha convertido en uno permanente”.
Por su parte, el gasto en intereses generados por la deuda mantiene una fuerte tendencia ascendente. Entre enero y junio, se destinaron a intereses $1,015.4 millones, un aumento de $233.1 millones o 29.8%. El MEF explica en el reporte que este gasto ha estado “influenciado en los últimos años por la necesidad de financiamiento adicional, sobre todo por los mayores gastos y menores ingresos derivados de la pandemia”.
Desde 2022, además, se ha producido un aumento en las tasas de interés de referencia establecidas por la Reserva Federal de Estados Unidos, un efecto que ya se ha notado en las últimas emisiones de deuda efectuadas por la República, que se han colocado a mayores tasas de interés.
Para Bazán, al costar más la deuda, se incrementa el déficit total y se reduce la capacidad de atender las necesidades de infraestructuras, salud o educación, entre otras, porque se tienen que pagar más intereses.
El economista apuntó además que la situación será más compleja el próximo año con un presupuesto general del Estado de $32,754 millones, que supera en $5,170 millones al de 2023, ya que un incremento tan significativo del presupuesto hace más difícil que se cumpla la meta de ingresos.
Además, en un año electoral los gastos suelen tener alto nivel de ejecución, pero en los ingresos se nota que hay inversiones o negocios que se quedan a la expectativa ante escenarios que puedan estar cambiando. Y si las expectativas de ingresos no se cumplen, eso incidirá nuevamente en mayores niveles de déficit y de endeudamiento, sostuvo.
Perspectiva mejorada
El pasado 11 de agosto, la agencia de calificación S&P Global Ratings ratificó la nota de riesgo de Panamá en BBB y mejoró la perspectiva de la calificación de negativa a estable, alejando los temores de una eventual rebaja en el rating soberano.
Para Bazán, el cambio de perspectiva viene dado por una valoración positiva del crecimiento de la economía y el efecto favorable que esto tiene para las métricas fiscales como la deuda y el déficit cuando se calculan como proporción del tamaño de la economía.
No obstante, el economista señaló que el aumento del PIB en los últimos años se ha favorecido por el cambio de año base, y que la recuperación económica se produjo a distinto ritmo, con sectores importantes como la construcción y el turismo que sufrieron rezago.
Con el último movimiento de S&P, las tres grandes agencias internacionales de calificación tienen a Panamá en posiciones distintas: la nota más baja la asigna Fitch, con una calificación de BBB- y perspectiva estable. Este es el primer escalón dentro de la categoría de grado de inversión. En el siguiente peldaño está Panamá para las otras dos agencias, aunque la perspectiva de la calificación es distinta. Para Moody’s, Panamá es Baa2, con perspectiva negativa; y para S&P Global Ratings, la calificación del país es BBB, con la recientemente asignada perspectiva estable.
