La demanda civil por $600 millones en daños que anunció el Estado panameño contra Credicorp Bank por su presunta participación en el esquema de sobornos de Odebrecht duró menos de 96 horas. Fue interpuesta un viernes, se dio a conocer el domingo en la tarde y fue retirada por el mismo gobierno el lunes en la mañana.
El Ejecutivo no había informado nada sobre el tema hasta que el pasado domingo el portal digital Foco lo reportó inicialmente.
La acción -ahora fallida- se dio por conducto del Ministerio de Seguridad, a cargo de Juan Pino, que exigió una indemnización de $600 millones a Credicorp atribuyéndole una responsabilidad como “tercero civilmente responsable” por su supuesta participación en el esquema de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Del total demandado, $400 millones eran reclamados por presuntos daños materiales y $200 millones por “daños morales” y “afectación a la reputación del país”.
El pasado viernes, el ministro de Seguridad también demandó civilmente a los expresidentes Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), también por los sobornos de Odebrecht. Ambos serán enjuiciados por este caso a partir del próximo 27 de septiembre. Dos hijos de Martinelli ya fueron condenados y encarcelados en Estados Unidos, al confesar que blanquearon al menos $28 millones de las coimas de Odebrecht, y también serán enjuiciados en Panamá, pero ante la Corte Suprema de Justicia, por su condición de diputados del Parlacen.
Cabe recordar que ningún banco de la plaza, incluyendo Credicorp, fue imputado en el proceso de Odebrecht. La demanda atribuía responsabilidad a la empresa por las actuaciones de sus empleados, entre los cuales estuvieron oficiales bancarios que supuestamente permitieron o no hicieron nada por detener las transacciones de sobornos del esquema de Odebrecht.
Pero este lunes, como ya se dijo, el mismo Ministerio de Seguridad, a través del abogado particular Carlos Muñoz, envió un escrito al Tribunal Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloisa Marquínez, para retirar la demanda civil contra el banco sin dar motivos. El responsable de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Amauri Castillo, por su parte, confirmó a La Prensa que la entidad no fue consultada ni sabía de esta demanda a Credicorp. No obstante, al enterarse de lo ocurrido estuvieron atentos, “a fin de mantener la estabilidad del sistema bancario”.
Ayer lunes, poco antes de conocerse que el Estado retiraba el reclamo, Credicorp comunicó lo siguiente: “el banco no ha sido imputado por hecho alguno ni en este momento ni a lo largo de nuestra historia. Estamos en estricto cumplimiento de nuestra obligaciones atendiendo todos los procesos de supervisión de los entes reguladores, por lo que el banco mantiene sus operaciones en total normalidad”.
En el comunicado de la SBP se refirió a que el banco mantiene el “índice de liquidez y solvencia por encima del mínimo legal”.
Al conocer el retiro de la demanda, Credicorp emitió un segundo comunicado en el que reitera el primero y señala que a lo largo de su historia han actuado “en estricto cumplimiento de nuestras obligaciones”.
En el proceso Odebrecht tres antiguos ejecutivos de Credicorp se declararon culpables y pactaron un acuerdo de colaboración y de pena con el Ministerio Público.
Hay varias lecturas de este hecho. La primera de ellas es el inédito precedente de reclamación de daños civiles al Estado y por parte del Estado a una empresa en un caso de presunta corrupción. Para Olga de Obaldía, directora general del capítulo panameño de Transparencia Internacional, la demanda toca un elemento importante: abre el debate sobre la responsabilidad civil, aparte de la penal y la administrativa, de todas esas personas y entidades, tanto públicas como privadas, cómplices de los esquemas de corrupción del caso Odebrecht, cuya magnitud de lesión patrimonial se desconoce.
“Este ejercicio de presentar una demanda buscando resarcir por la vía civil los ‘daños morales y la afectación a la reputación del país’, para luego retirarla sin especificar las causas, deja un profundo sinsabor; manda un mensaje confuso y que afecta aún más la ‘reputación’ de un sistema ya muy afectado por la impunidad”, dijo de Obaldía.
Por otra parte, el presidente de la de Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, se mostró sorprendido: “nunca habíamos visto esto”, refiriéndose a la demanda civil puesta y retirada por el Ministerio de Seguridad contra el banco.
La otra lectura es el tiempo y el contexto en el que se da. Se hizo el viernes 8 de septiembre, el último día de la semana en la que los representantes del Grupo de Acción Financiera (GAFI) estuvieron en Panamá realizando la evaluación in situ de cara a la plenaria que hará el organismo en octubre para decidir, entre otros temas, si saca o no a Panamá de su lista de jurisdicciones bajo estricto monitoreo, estatus conocido popularmente como la lista gris.
Y justo uno de los puntos que evalúa el organismo es la efectividad de las leyes anti blanqueo, que en la práctica se traducen en procesos penales y condenas efectivas a los infractores, que históricamente han sido casi nulas en un país con un centro financiero de la magnitud de Panamá. De las pocas condenas de alto perfil que ha habido en ese sentido, la mayoría han sido recientes: la condena en primera instancia por blanqueo de capitales en el caso New Business al expresidente Ricardo Martinelli y cuatro personas más, la condena por blanqueo al exsecretario privado de Martinelli, Adolfo Chichi De Obarrio, por el caso Blue Apple, y la sentencia contra el expresidente de la Federación Panameña de Fútbol Ariel Alvarado, por corrupción en el sector privado y blanqueo de capitales, entre otras. También recientemente fue condenada, pero por el delito de malversación de fondos, Emma Reyes, quien durante la gestión de Martinelli dirigió la Unidad de Análisis Financiero, el ente estatal antiblanqueo.
Ni el Grupo de Acción Financiera (Gafi) ni el MEF han dado indicios de la evaluación. El MEF y el superintendente bancario aseguraron que los resultados de ese encuentro están bajo la confidencialidad solicitada por el Gafi. Amauri Castillo se limitó a decir que “el proceso de salida de la lista marcha bien”.
En cambio, Francisco Bustamante, economista y primer Superintendente de Sujetos no Financieros, es más categórico en su crítica al expresar que “poner la demanda sin medir las consecuencias solo se puede explicar por una incapacidad manifiesta o una intencionalidad punitiva exagerada”, al tiempo que advirtió que “si hubo fallas, quien debió sancionar era la Superintendencia de Bancos”.
En cuanto al Gafi, Bustamante dice que aunque esta acción (la demanda) les pueda parecer una acción de fuerza ejemplar, pudo desembocar en una sanción que habría significado la quiebra del banco. Por otro lado, opinó que la retirada de la demanda pone en evidencia la pobre estrategia nacional en el manejo de los temas de prevención de blanqueo de capitales y que esta “metida de pata” puede hacer más daño que no hacer nada, precisamente cuando acaba de terminar la visita in situ fundamental para certificar la salida de Panamá de la lista gris.
Para el jurista Carlos Barsallo, esta demanda es otro episodio que demuestra la improvisación y poca reflexión del sistema de seguridad jurídica en Panamá, que tiende a veces a cambiar por completo el fondo de las leyes en corto tiempo y sin ninguna explicación y, cuando se hace, la mayoría de las veces es para beneficiar a particulares en desmedro de la colectividad.
Una opinión final que comparten el economista Bustamante y el abogado Barsallo es la responsabilidad que pudiese tener un particular actuando en nombre del Estado. De acuerdo a Barsallo, la demanda pudo interponerla el propio Ministerio Público como parte del proceso penal seguido a Odebrecht, ya que es responsabilidad civil derivada del delito. Sin embargo, el gobierno usó la figura del querellante en la que intervino el Ministerio de Seguridad y su abogado particular, lo que, a su vez, implicó honorarios por algo que puede hacer el Estado sin tener que pagar algo adicional.
