El préstamo de $1,000 millones que el banco estadounidense JP Morgan aprobó al gobierno panameño ya aparece reflejado en el saldo total de la deuda de Panamá, que al 31 de octubre alcanzó los $53,809 millones.
De acuerdo con la Dirección de Financiamiento Público, en comparación con el mes de septiembre, la deuda aumentó en $1,435 millones el mes pasado.
El préstamo fue aprobado por JP Morgan a los pocos meses de asumir el nuevo gobierno para ayudar con las necesidades de liquidez del presupuesto del Estado de 2024, que asciende a $30,690 millones. Adicional a este financiamiento, en octubre se recibieron $284.9 millones de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) como parte del financiamiento para la construcción de la línea 3 del Metro hacia Panamá Oeste.
También ingresaron $19.1 millones desembolsados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para los programas Nacional de Inversiones para la Infraestructura de la Red Vial y para la Modernización de Infraestructura Educativa.
En cuanto al financiamiento obtenido en el mercado local, en octubre el Gobierno emitió Notas del Tesoro por $107.6 millones, mientras que en Letras del Tesoro ingresaron $102.8 millones.
Al 31 de octubre, el saldo de la deuda del país representa el 61.6% del PIB nominal proyectado por el MEF, estimado en $87,347 millones para 2024.
En comparación con octubre del año pasado, el saldo de la deuda total del país refleja un incremento de $6,403 millones. Un alto porcentaje de este aumento ocurrió durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo, quien en su quinquenio elevó en $25,200 millones el saldo total de la deuda, lo que representa un incremento del 94.6%, considerando que en junio de 2019 el saldo era de $26,612 millones.
En los primeros cuatro meses del gobierno de José Raúl Mulino, la deuda se ha incrementado en $1,949 millones. Antes de que JP Morgan aprobara el crédito de mil millones de dólares, la administración Mulino había captado la mayor parte de la deuda en el mercado local, en un intento de proteger al país de las altas tasas de interés.
En agosto pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas recibió la aprobación del Consejo de Gabinete para emitir deuda por hasta $9 mil millones durante los próximos años: $6 mil millones en el mercado local y $3 mil millones en préstamos bancarios.
En promedio, el Gobierno ha colocado Letras y Notas del Tesoro a una tasa de 6%, por debajo del 8% obtenido por el gobierno anterior en sus últimas transacciones financieras.
Sobre los pagos de la deuda en concepto de vencimientos, comisiones e intereses, en octubre se cancelaron $228 millones, de los cuales $115 millones estaban relacionados con el pago de bonos y $57 millones con intereses de fondos aportados por entidades multilaterales.
Para el economista Carlos Araúz, es importante no asociar la deuda con una administración ineficiente de la cosa pública, ya que muchas veces es necesaria para crear bienestar y facilita el modelo de sostenibilidad de los países.
“El problema es cómo se utiliza la deuda en Panamá. Lamentablemente, durante 15 años la hemos destinado a subsidios, a incrementar el costo operativo del Estado y a contratar a más personas sin medir su productividad. Estamos enfrentando una vorágine de deuda que nos castiga, no sólo por el tamaño, sino por algo más serio: cómo pagamos esa deuda”.
Hasta el 31 de octubre, $32,835 millones de la deuda del país estaban colocados en bonos; $9,524 millones en financiamiento otorgado por entidades multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Además, $9,723 millones estaban en deuda interna colocada en Letras y Notas del Tesoro; mil millones de dólares en préstamos con entidades bancarias privadas y otros $654 millones en créditos aprobados por organismos bilaterales.
El ministro del MEF, Felipe Chapman, ha señalado que mientras los ingresos no sean suficientes, el país necesita seguir financiando su presupuesto con deuda, sumado a una contención del gasto y mayor recaudación fiscal.
El reporte de la Dirección General de Ingresos corrientes correspondiente a octubre refleja un déficit de $1,456 millones (21%). Esto se debe a que la pasada administración había estimado que, al finalizar el décimo mes del año, ingresarían poco más de $6,883 millones en ingresos corrientes.
Además de estar por debajo de la cifra proyectada para el periodo enero-octubre de 2024, el monto recaudado fue inferior en $272 millones a la cifra reportada en el mismo periodo del año pasado.
Otro reporte del MEF señala que, en total, los ingresos del Sector Público No Financiero hasta septiembre sumaron $8,340 millones, una cifra $711.3 millones por debajo de lo registrado en los primeros nueve meses del año pasado.
En su último informe sobre la situación fiscal en Panamá, JP Morgan calificó como positiva la modificación a la Ley de Responsabilidad Fiscal y la aprobación del presupuesto de 2025, que asciende a $30,111 millones.
Los cambios a la Ley de Responsabilidad Fiscal, sumados a un presupuesto más bajo, permitirán al país avanzar en la consolidación fiscal, según JP Morgan. El deterioro del perfil fiscal de Panamá fue una de las razones que llevó a la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings a retirar el grado de inversión al país.
Con los cambios a la Ley de Responsabilidad Fiscal se estableció un límite del 4% para el déficit en el balance fiscal del Sector Público No Financiero en 2025; un 3.5% en 2026; un 3.0% en 2027; un 2.5% en 2028; un 2.0% en 2029; y un 1.5% a partir de 2030 en adelante.
Chapman señala que las modificaciones permitirán lograr un aterrizaje suave del déficit, al tiempo que reducirán el peso de la deuda pública sobre el PIB.
Sobre este punto, Araúz considera que hay que buscar otros mecanismos para mejorar el apalancamiento del país, ya sea mediante las Asociaciones Público-Privadas (APP) o fomentando los bonos verdes y azules que puedan sustentar y solventar los déficits derivados de la deficiente recaudación fiscal.
Para reducir el peso de la deuda sobre el PIB, el Gobierno apuesta a una mayor recaudación fiscal mediante la factura electrónica. Además, hasta el 31 de diciembre, está vigente la moratoria para el pago de impuestos, que podría generar entre $481 millones y $577 millones, equivalentes al 15% y 18% del monto adeudado por los contribuyentes, que asciende a $3,210 millones.
La moratoria aplica para saldar intereses y recargos causados por el no pago del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto de Inmuebles, el Impuesto de Aviso de Operación, el ITBMS, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la Tasa Única de personas jurídicas.
Araúz comenta que hay que gastar menos o, por lo menos, gastar más inteligentemente, ya que en Panamá se invierte en salud, en seguridad social y en educación, pero advierte que esto se hace sin planificación.
“Una reforma fiscal y tributaria es inminente, porque no tenemos la capacidad de generar ingresos para detener el crecimiento de la deuda y seguimos gastando de manera desenfrenada. Entonces, si no tenemos la capacidad para reducir gastos y tampoco estamos dispuestos a pagar el precio de los ingresos que nos cuestan, estamos condenados”, comentó.
