Mientras el país se mueve alrededor de una agenda política partidista, al ritmo de un año preelectoral, los análisis actuariales alertan de la severa crisis del sistema público de pensiones, los enormes compromisos inmediatos y la insuficiencia de fondos para pagarle a los jubilados.
Un informe entregado a la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), el pasado 15 de mayo, indica la gravedad de la situación respecto a la deuda que se tiene con los actuales pensionados del subsistema exclusivamente de beneficio definido Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Se trata de $22,751 millones, calculados como el capital constitutivo para hacerle frente a las pensiones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021.
Esta deuda va en aumento, considerando que cada año entran más trabajadores al programa de pensiones.
Gisselle Valles, jefa del Departamento Actuarial de la CSS, presentó un informe del régimen de IVM con referencia a los resultados financieros más recientes (2021). Se calcularon los compromisos que se tendrán con los asegurados activos y los inactivos. Es decir, incluyendo a los trabajadores que tendrán derecho a una jubilación pero que en este momento no pagan sus cuotas. Ello, con la finalidad de poder medir qué cantidad de gastos podrían generar estas personas a futuro.
Se evaluó también los salarios promedios, los rendimientos de las inversiones que se hacen con los fondos del programa y la situación financiera del sistema de pensiones en todo su conjunto al cierre de 2021.
En el caso del subsistema exclusivamente de beneficio definido, de acuerdo con la información de 2021 (publicada el 29 de diciembre de 2022) se observó un ingreso anual de apenas $1,568. millones, mientras que el gasto anual llegó a $2,032 millones y las reservas apenas alcanzan los $1,000 millones.
Valles confirmó lo que ya todo el país sabe, pero que parece caer en oídos sordos. “Hay un déficit actuarial porque las reservas de $1,000 millones no alcanzarán para cubrir el costo del capital constitutivo”, es decir, todo lo que se le debe pagar a los actuales pensionados durante sus años de retiro.
En base a todos los supuestos calculados, se obtuvieron proyecciones desde 2022 al 2031. En este periodo en el que los asegurados activos del subsistema exclusivamente de beneficio definido pasarán de 466,948 a 295,819, lo que demuestra cómo se irá reduciendo la cantidad de personas que aportan a un sistema completamente cerrado.
Al mismo tiempo, el número de pensiones aumentará de 310,082 a 414,495.
Es así como la relación de asegurados activos ( trabajadores) por pensionados pasa de 1.51 a 0.7 en el 2031.
Al haber más personas jubiladas y menos trabajadores haciendo aportes a través de la cuota obrero-patronal, se incrementan los pagos anuales, mientras los ingresos son cada vez más insignificantes.
En esta balanza, el déficit ( la cantidad que falta a los ingresos para que se equilibren con los gastos) pasa de $868.5 millones en el año 2022 a $2,276.4 millones en 2031. Ocho años de gastos galopantes.
En este contexto, los aportes que por ley debe hacer el Estado cada año resultan insuficientes a partir de 2025, entendiendo que las reservas contables dejan de ser suficientes el próximo año.
En la Ley 51 de 2005 (artículo 213) se determinó que los aportes máximos fueran $140 millones al año a un fideicomiso. Desde que se aprobó la ley orgánica de la CSS se indicó que el aporte sería de $75 millones para los tres primeros años, $100 millones para los siguientes tres años y $140 millones en adelante.
"Desde que se aprobó la reforma a la ley de la CSS se sabía que había que no era suficiente. Pero el compromiso de revisar la ley y hacer reformas, de ser necesario, fue ignorado por los gobiernos de Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo".
Roberto Brenes, banquero
En la actual situación, el Gobierno ni convoca nuevamente a un diálogo por la CSS para encarar reformas al sistema, ni despeja las dudas que se tienen respecto a su visión en este tema.
¿Puede el Estado cargar con el peso financiero que generará el déficit cada año?
Cargar con este gasto sería el equivalente a destinar todo lo recaudado en el impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y servicios a las ventas. El año pasado fueron $865 millones.
En el tiempo, sería como destinar casi todos los aportes que hace el Canal al pago de las pensiones. El año pasado la Autoridad del Canal de Panamá hizo aportes por $2,494.4 millones.
El Departamento Actuarial de la CSS concluyó que en este momento es necesario gestionar el cobro de $464 millones correspondiente a la vigencia de 2021, " lo más pronto posible”. Se refiere al fideicomiso a favor de la CSS.
Este fondo, que en realidad hace parte de las reservas del IVM, está conformado por los aportes que a lo largo del tiempo ha hecho el Estado, con el propósito de tener disponibilidad de dinero para tapar la falta de ingresos corrientes en el programa con el que se pagan las pensiones a los jubilados.
Es una especie de cuenta bancaria de la que se puede sacar dinero cada vez que los gastos superan los ingresos.
Pero para que este movimiento sea posible, la CSS debe demostrar en sus estados financieros, los déficits en los que está cayendo el programa.
Así, el Banco Nacional de Panamá (BNP) autoriza el traspaso de los fondos a favor del IVM.
Como esto de tener los estados financieros no ha ocurrido de forma oportuna, se han estado utilizando las reservas internas o los ahorros que generó el programa en el pasado, y es así como se tapa la falta de ingresos, mientras se ejecuta en firme el dinero que corresponde al traspaso del fideicomiso.
El tema es que ya el subsistema exclusivamente de beneficio definido ha caído en quiebra. Y no queda de donde seguir sacando la cantidad que exige el pago a los jubilados.
“Bajo el supuesto de que el déficit del año 2020 y 2021 pudiesen ser cobrados en el año 2023, los fondos serían insuficientes para el 2024″, indica el reporte actuarial.
En sus últimas declaraciones sobre este tema, el presidente Laurentino Cortizo, tomó distancia de la crisis y dijo que corresponde a los empresarios y trabajadores presentar “las mejores opciones” para resolver la crisis del programa de pensiones.
