La próxima administración que asuma las riendas del país a partir del primero de julio de 2024 tendrá que trabajar en varios frentes, como el desempleo, las finanzas de la Caja del Seguro Social, seguridad, accesibilidad del agua para el consumo humano y el Canal, entre otros. Todos estos problemas tienen algo en común: se necesita financiamiento para solucionarlos, y ese es otro obstáculo que debe sortear el próximo gobierno.
La deuda del país cerró en 47,025 millones de dólares en 2023, lo que representa un incremento interanual de 2,751 millones de dólares. La cifra habría sido mayor, pero en diciembre se pagaron más de 690 millones de dólares entre capital e intereses. Igualmente, durante el último mes del año pasado, el Gobierno recibió más de 140 millones de dólares procedentes de organismos multilaterales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que desembolsó 86 millones de dólares y que se utilizarán en los Programas de Financiamiento Adicional para el Proyecto de Respuesta de Emergencia frente a la covid-19 de Panamá.
También, la administración del presidente Laurentino Cortizo recibió a finales de 2023, 20.7 millones de dólares para financiar el Programa del Plan de Transformación y Mejora Integral del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, así como 6.2 millones de dólares para el Programa de Infraestructura Educativa. Además, ingresaron a las arcas del Estado 2 millones de dólares correspondientes a la construcción de la línea 3 del Metro de Panamá.
Desde el primero de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023, la administración de Cortizo ha elevado el saldo de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) en 20,413 millones de dólares, siendo el mayor aumento durante un periodo presidencial, superando el manejo que dieron los tres mandatarios antes de 2019. El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ha defendido el incremento de la deuda durante la actual administración, afirmando que se hizo de forma calculada, responsable, y no al azar.
El funcionario indica que, a pesar del elevado endeudamiento, Panamá sigue liderando el crecimiento en la región.
Para el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Temístocles Rosas, no ha habido “racionalidad” en el manejo de la deuda pública en la actual administración y añade que le corresponderá a la nueva administración lidiar con la eventual pérdida del grado de inversión del país, lo que representará un costo del dinero más alto y menos acceso a fondos. “Estas condiciones deberán atenderse con políticas de austeridad y racionalización”, indicó.
Agrega que el manejo de la condición fiscal del Estado y de la deuda pública serán unos de los desafíos que enfrentará la administración que asuma el poder el próximo 1 de julio. El deterioro de las finanzas públicas producto de excesos en gasto corriente, entre los que se destacan la abultada planilla estatal y el pago de subsidios, son temas que deberán revisarse en la nueva administración, acotó Rosas.
Para el economista Ernesto Bazán, es probable que el actual gobierno termine su periodo con una deuda cercana a los 50 mil millones de dólares, porque hay deuda que no está contabilizada dentro del informe de la Dirección de Financiamiento Público, como los más de mil millones de dólares que se le adeudan a los proveedores del Estado y los 500 millones de dólares que todavía se le adeudan a los bancos en concepto del subsidio relacionado con los intereses preferenciales para viviendas.
“La deuda dificulta que perdamos capacidad de generar bienestar social; un país endeudado genera menos servicios para la población, no puede pagar sus obligaciones financieras y el acceso a nuevos fondos será más caro”, comentó Bazán.
El nuevo presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Alejandro Ferrer, comentó que el desempeño de la economía en los próximos años estará limitado por la escasez de recursos para la ejecución de nuevas obras públicas, debido al alto nivel de endeudamiento que restringe la posibilidad de recurrir a nuevas fuentes de crédito para el desarrollo. Agrega que esta condición se suma a las proyecciones poco favorables que hacen los organismos calificadores sobre el país, lo cual, en su opinión, afectaría la competitividad del país y las posibilidades de captar nuevas inversiones nacionales y extranjeras para estimular el desarrollo nacional.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó en el presupuesto de 2024, que alcanza los 30,690 millones de dólares, una partida de 5,800 millones de dólares para el servicio de la deuda, entre el pago de capital e intereses. Este monto representa el 20% del presupuesto total. Para entender la magnitud del peso de la deuda en la economía, el monto destinado para este año por el MEF supera ampliamente los 2,470 millones de dólares que el Canal de Panamá ha proyectado que entregará en aportes este año al Estado.
No obstante, hay que recordar que la vía acuática atraviesa por una fuerte sequía que ha provocado que en el primer trimestre del año fiscal de Canal (octubre, noviembre y diciembre de 2023) perdiera 100 millones de dólares en ingresos, con una proyección total de 700 millones de dólares menos para finales de su año fiscal en este rubro, por lo cual, no es seguro que el Canal pueda cumplir con su proyección de aportes al Estado.
Bazán considera que la administración de Cortizo y Alexander cometió un “grave error” en la gestión de la economía durante la pandemia respiratoria del coronavirus (covid-19), porque se priorizaron los gastos y no la inversión. “Los gastos, tal cual se generaron como aumento de planilla, subsidios y beneficios, son muy difíciles de quitar, mientras que la inversión es más manejable. Los gastos no son generadores de empleos sostenibles, en cambio, las inversiones sí generan empleos y tienen un efecto multiplicador e involucran a muchos sectores”, indicó el economista.
