La Dirección General de Ingresos (DGI) ha emitido durante el último año 11 medidas cautelares de secuestro, que superan los $43 millones.
Estos procesos están relacionados con falsedades en declaraciones de compraventa de inmuebles, simulaciones que buscaban evadir el pago de los dividendos, retenciones del ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios), irregularidades en las declaraciones y ganancias no declaradas, indicó la entidad recolectora de impuestos.
En ese sentido, se han encontrado casos de empresas y personas que, aunque declararon impuesto sobre la renta, simularon gastos que no existían y además realizaron actos para procurar la disminución del monto a pagar.
También se conoce de casos de evasión de impuestos en los que se usaron la figura de préstamos o créditos que se debieron reportar como dividendos.
Publio De Gracia, director de la DGI, dijo que además de los 11 casos, hay otros 2 que se están completando pata remitir al Tribunal Administrativo Tributario (TAT) para la posterior presentación de las denuncias correspondientes, ante el Ministerio Público (MP).
En febrero pasado, la DGI informó que existían 177 investigaciones de evasión fiscal que sumaban unos $300 millones.
Por debajo del umbral de los 300 mil dólares de evasión, los procesos se investigan y dirimen de forma administrativa dentro de la DGI. Sin embargo, cuando la evasión supera ese monto, el caso se lleva ante el TAP y posteriormente se remite al MP.
De Gracia precisó que el país sigue colaborando con otras naciones en materia de prevención, investigación y sanción del fraude fiscal.
Panamá permanece en la lista de país “no cooperativo” en asuntos fiscales, según la Unión Europea. Esta designación, a menudo etiquetada como una lista de paraísos fiscales, se basa en la capacidad de los países para participar en el intercambio de información fiscal.
