Melchor Herrera, el diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y quien propuso la Ley 314 de 2022, la norma que permite materializar excesivos beneficios fiscales a los inversionistas hoteleros, intenta por todos los medios frenar su derogación, tal como lo determinó el presidente Laurentino Cortizo.
El diputado presentó el pasado 7 de septiembre un anteproyecto de ley, con el cual pretende reafirmar el derecho de recibir el incentivo fiscal a cualquiera que haya iniciado su trámite, sin especificar en cuál de sus etapas se encuentre, a pesar de que la derogación planteada por el presidente, en un proyecto de ley, tiene el supuesto propósito de carácter retroactivo.
Si los planes de Herrera prosperan, significa que el Estado, es decir los ciudadanos, reembolsarán a los inversionistas la totalidad del dinero que estos destinen a infraestructuras turísticas fuera del distrito de Panamá.
Carlos Barsallo, abogado y presidente de la entonces Comisión Nacional de Valores de Panamá, advirtió que sería la tercera modificación a la norma, considerando la Ley N° 122 de 2019, lo que considera una especie de “inusual negociación” de porcentajes y características de los créditos fiscales por medio de leyes. A su juicio, ello demuestra que el plan original no tiene sustento y que puede ser objeto de cambios a futuro.
El recorrido de los incentivos fiscales
El pasado 1 de agosto el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, llevó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley N° 844, con el cual se pretende derogar las dos leyes aprobadas entre 2019 y 2022 que otorgan incentivos fiscales a los inversionistas en el sector turístico.
El proyecto, a la espera del primer debate, se envió a la Asamblea por mandato del presidente Laurentino Cortizo, como una reacción tardía ante las reclamaciones de los últimos meses, marcadas por el descontento de la sociedad frente a los privilegios que se otorgan a ciertos sectores en el país, la corrupción y la inflación.
A través de dicho proyecto se pretende derogar específicamente las leyes N°122 de 2019 y N°14 de 2022, las dos normas legislativas con las que el Estado asume, través de un sacrificio fiscal, entre el 60% y el 100% de la inversión en cualquier instrumento que se emita para financiar proyectos turísticos.
Sin embargo, después de una fase de audiencias públicas en el mes de agosto, varios diputados del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) se han mostrado en oposición a los planes del Ejecutivo, lo que evidencia un pulseo en un acto casi de rebeldía parlamentaria, con la presentación de un nuevo anteproyecto de ley para mantener en firme los privilegios fiscales.
El pasado 7 de septiembre, el diputado del PRD, Melchor Herrera, presentó el anteproyecto N°102, con el cual trae de vuelta la redacción casi íntegra de la Ley N° 314 de 2022 y reafirma los fundamentos de la Ley No. 122 de 2019.
Esta última ley, aprobada recién llegó el presidente Cortizo al poder, permitía que las sociedades o personas naturales que adquirieran bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas con proyectos fuera del distrito de Panamá, recibieran un crédito fiscal del impuesto sobre la renta del 100% por las sumas invertidas.
Dicha norma se intentó reformar con la Ley N° 314 de 2022, que redujo el beneficio del crédito fiscal de un 100% a un 60%, al considerarse abusiva. Pero se introdujo un parágrafo transitorio que permitió que quienes estuviesen en trámite para obtener los beneficios fiscales siguieran gozando de lo que establece la Ley 122 de 2019, es decir, del 100% de la exoneración si habían iniciado dichos trámites hasta el 30 de julio del año 2022.
Ahora, el proyecto presentado por Herrera mantiene el beneficio fiscal del 60% y el parágrafo transitorio.
Pero agrega que “este incentivo estará vigente, hasta el día siguiente a la promulgación de la presente ley, sin que con ello se afecten los derechos y obligaciones de aquellas empresas turísticas y sociedades de inversión inmobiliarias que, de acuerdo a las condiciones y requisitos señalados en la ley vigente y sus reglamentaciones, hayan presentado un proyecto para acogerse a sus beneficios”.
Es decir, que le otorga los incentivos fiscales a todos los que hayan iniciado un trámite, sin especificar en qué etapa se encuentran, para beneficiarse de la norma.
En tanto, el proyecto 844, que derogaría las leyes existentes, indica que será de carácter retroactivo. Esto implicaba, según juristas consultados en el pasado reciente que, apelando a la seguridad jurídica, solo tendrían derecho a entrar en disputa los beneficios fiscales que se deriven de emisiones que ya fueron colocadas y no las que están en cualquier trámite.
Sin embargo, de acuerdo con la exposición de motivos redactada por Herrera: “somos del criterio que la iniciativa que pretende la derogatoria de las leyes 122 de 2019 y 314 de 2022 no es la mejor solución ante la problemática planteada, por tanto, mediante el presente anteproyecto de ley estamos planteado una serie de ajustes a los incentivos fiscales ya establecidos y una adecuación en los requisitos para las empresas que aspiren a beneficiarse con los mismos”.
Herrera, aunque es el proponente del proyecto, no es el único que está en contra de la derogación de los incentivos fiscales.
Los diputados Ariel Alba, Ricardo Torres y Gonzalo González, todos del gobernante PRD, se mostraron en contra de eliminar las dos leyes desde el pasado mes de agosto, cuando se registraron las audiencias públicas en la Asamblea.
En ese momento Crispiano Adames, también perredista y presidente de la Asamblea Nacional, le dijo a los empresarios interesados en mantener el privilegio fiscal que debían “enfrentar a la opinión pública con los datos y quienes adversan, venir y poner los datos también. Y esta decisión política la asumirá esta Asamblea, con respeto, con tolerancia y prestancia”.
Hasta el pasado mes de julio cerca de 40 proyectos hoteleros habían enfilado su artillería para sacarle provecho a las leyes aprobadas por el gobierno de Cortizo, las cuales imponen que el Estado, es decir, los ciudadanos, reembolsen a los inversionistas la totalidad del dinero que estos destinaban a infraestructuras turísticas fuera del distrito de Panamá.
Del gran total de 40 empresas turísticas, ya 23 habían registrado sus emisiones ante la Superintendencia del Mercado de Valores.
Estos proyectos con certificaciones de la ATP representarían más de $1,500 millones que el Estado debía sacrificar al emitir créditos fiscales a favor del inversionista que adquiriera bonos, acciones u otros instrumentos financieros emitidos por las llamadas empresas turísticas para financiar el desarrollo de sus proyectos.
Con las leyes actuales y las consecuentes reformas que se han presentado, el promotor consigue el dinero a través del inversionista para hacer su infraestructura hotelera. Y por el otro, el inversionista es compensado cuando la Dirección General de Ingresos reconoce el crédito fiscal a su favor.
